Recientemente presentamos el documental «Se necesitan víctimas»: tras la ruta del oro y la explotación de Cusco a Madre Dios, que narra experiencias, dinámica e impacto de la trata de personas en la región Madre de Dios; y evidencia la manera en que personas, en particular niñas y mujeres jóvenes, son captadas en Cusco por falsas ofertas de trabajo para ser explotadas sexualmente en los prostibares de La Pampa, ubicada en la zona de amortiguamiento de la Reserva Nacional de Tambopata, donde la minería ilegal deja una cicatriz ambiental y social profunda y extensa.
La Pampa es una vasta extensión de kilómetros de tierra que no se desarrolló bajo una arquitectura urbana, sino que lo hizo mientras se intensificaba la búsqueda ilegal del oro, donde los negocios se relacionan a esta actividad ilícita que tiene años madurando y creciendo en esta zona. Aquí la población no solo es tolerante frente a los diferentes tipo de delitos a su alrededor, sino que ha perdido su propia percepción como ciudadanos de derechos, envueltos de la ilegalidad en la que viven. La explotación sexual, modalidad de la trata de personas, es un delito que reina en La Pampa y es el punto central del documental.
Las evidencias de la magnitud de la explotación sexual en esta Región interpela al Estado y su respuesta: ¿en una región con más de 420 prostibares y 4500 víctimas, son suficientes 4 policías y 3 fiscales especializados en trata de personas?¿Por qué en Madre de Dios, 9 de cada 10 víctimas identificadas en los operativos regresan a situaciones de explotación sexual? y¿cuáles son las alternativas para el proceso de reintegración social que el Estado les brinda después de cada interdicción?
Cambiar esta situación implica invertir en la gente más vulnerable y la inversión tiene que ser consistente. El presupuesto específico destinado a la lucha contra la trata de personas en el país no lo es. Consideramos que con 3 millones de soles no se pueden aplicar estrategias de prevención, persecución y protección; con 10 céntimos por persona, no es posible hacer frente a una situación delictiva que se adapta a la respuesta del Estado y resulta paradójica cuando el presupuesto nacional es de casi 138 millones y medio de soles; que deberían ser destinados a los gobiernos locales y regionales, bajo supervisión y capacitación constante,para la ejecución de programas y estrategias que hagan frente a la trata de personas.
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