Indira Huilca, Congresista de la República y Titular de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social.
Hace diez años se aprobó la ley 28950, Ley contra la Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes, promovida desde el Congreso y otros sectores, que serviría de marco legal para la regulación de este delito. ¿Cómo se ha avanzado a lo largo de estos años en el abordaje de un fenómeno como la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes a nivel nacional?
Uno de los pasos importantes a partir de la ley ha sido poder tener una política multisectorial. El plan de acción contra la trata (PNAT), es la política que permite ordenar y articular las acciones entre los diferentes sectores (el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos – MINJUS, el Ministerio del Interior – MININTER, el Poder Judicial, los Gobiernos Regionales y Locales) que cumplen un rol muy importante en esta tarea. Ese es un primer paso.
Ahora, lo que también está en evaluación es cómo se va a implementar este plan en el marco de la ley que ya existe, ahí también hay que evaluar lo que falta por avanzar.
Una de las cosas que hemos evaluados desde el congreso es que, si bien es cierto, el plan existe, pero debemos desarrollar una mayor capacidad operativa con el plan.
Por un lado, el aspecto presupuestal. Cada año hay un debate sobre el presupuesto que se asigna, si es suficiente o requiere algún tipo de incentivo o mayor crecimiento. Es un debate porque el tema está en la necesidad que existe.
Por otro lado, además del presupuesto en sí, está también en que llegue a donde la acción es mucho más directa. Por ejemplo, en términos de gobiernos regionales y locales, yo creo que se ha avanzado en hacerlos conscientes de su responsabilidad para combatir la trata de personas y considerarse parte importante en este tema. El asunto es que muchas veces la precariedad de los Gobiernos Regionales y Locales hace que, más allá del compromiso o la buena voluntad, no se involucren como deberían. Promover incentivos en los gobiernos en las zonas donde hay mayor presencia de víctimas o de mayor captación de victimas de trata de personas podría ayudar muchísimo a tener una política que se sienta a nivel de la sociedad.
¿Cuáles son las expectativas que se tienen para el año 2021?
Una expectativa para mí es esa, que podamos estar claros y articulados al nivel de gobierno que está más cerca a la gente: los Gobiernos Regionales y Locales.
Otra es que tengamos operadores más capacitados. Si bien es cierto que hay una mayor especialización en los operadores de justicia y fiscalías de trata, es cierto también que la capacidad de entidades especializadas aun es débil en espacios donde hay mayor cantidad de casos.
Por ejemplo, en Madre de Dios, la fiscalía especializada funciona como un equipo pequeño. Este es un avance, pero cuando se revisan las cifras de denuncias por trata de personas, podemos ver que aun vamos lentos. Es necesario empoderar a los operadores de justicia que tienen un trabajo específico en cuanto a la trata de personas.
Otro ejemplo, todo el mundo sabe que en La Pampa existe una dinámica de trata y explotación a vista y paciencia de todo el mundo. Ahí tendría que operar no solo quienes tienen la responsabilidad directa, sino también la política medio ambiental y otros sectores que están relacionados de alguna u otra maneta. Falta articular eso, hacer que se cumpla varias normas aprobadas y que significan un avance en esta lucha.
Durante el Foro “Presentación del Plan Nacional de Acción contra la Trata de Personas” se mencionó mucho la centralización como una dificultad para avanzar en la lucha contra la trata de personas a nivel nacional. ¿Qué estrategias de descentralización se están gestando para hacer efectivas las acciones que propone el PNAT 2017-2021?
Yo creo que, sobretodo, quienes han tenido la estrategia con un énfasis más descentralista, son las organizaciones de la sociedad civil, porque han reconocido y priorizado su trabajo en los propios territorios. Tenemos redes de sociedad civil muy fuertes trabajando en Cusco o Madre de Dios y haciendo que las autoridades se comprometan y convoquen a espacios de concertación con Gobiernos Locales, que tengan sus planes, que tengan un conjunto de normas de carácter local que también ayude a combatir el problema. El asunto es que yo no siento que haya una respuesta articulada por parte del gobierno central en ese sentido.
Ojala que esta experiencia pueda ser interiorizada por parte del gobierno y los sectores que tiene bajo su responsabilidad.
Hay un nuevo plan que está en curso y ha tratado de responder a estas ausencias, pero creo que hace falta hacer un mayor énfasis. Tal vez no todos tengan que pasar por el plan, pero sí tener una coordinación mucho mayor en este sentido, a nivel local y regional, y garantizando que este encuentro pueda estar amarrado o acompañado de recursos y una presencia en términos de capacitaciones e información.
El PNAT 2017-2021 estipula que los ministerios miembros de la Comisión Multisectorial de Lucha contra la Trata de Personas designen un presupuesto para abordar este delito. ¿Cuál será la fiscalización desde el Congreso de la República y desde su posición personal?
El presupuesto por lo general existía, lo que debemos ver es de qué manera pueden ser focalizados de manera más transparente, que diga explícitamente que este presupuesto tiene que mostrarse de una manera particular enfocado en el tema de trata.
A nosotros nos toca acompañar a que ese presupuesto venga con acciones concretas que puedan ser monitoreadas. Por este lado hemos iniciado el trabajo de fiscalización, pero hay que ver cómo se ejecuta e implementa.
Se habla mucho sobre la adecuada articulación entre los poderes del Estado para sacar adelante el PNAT 2017-2021. ¿Qué recomendaciones tiene usted para hacer más efectivo el trabajo articulado y cumplir con las competencias establecidas?
Yo creo que poner énfasis en algunos aspectos u objetivos de las diferentes dimensiones que tiene el plan. Tiene tres componentes: prevención, atención y sanción. Ubicar en cada uno de estos ejes, uno particular donde se puedan poner a prueba estas coordinaciones a nivel de los sectores del gobierno. La coordinación entre sectores sí existe, pero qué tipo de coordinación es. No es solamente reunirse una vez al mes o cada dos meses y hacer una presentación de lo que se ha hecho desde el sector, porque esa coordinación se podría reemplazar por intercambiar informes. Entonces no necesariamente es coordinar.
Lo que debemos hacer es ubicar puntos concretos donde se plantean metas específicas. Yo creo que en cada uno de los ejes se pueden encontrar estas metas específicas. Nosotros, en particular para lo que es el eje de atención, por ejemplo, creímos que era muy interesante que pueda evaluarse de qué manera hay un cambio en la forma en la que se atiende a las víctimas rescatadas de situaciones de trata de personas. Cómo cambiamos el enfoque que existe en los Centros de Atención Residencial (CAR), donde las víctimas llegan a quedarse.
Y decíamos que ha sido importante el trabajo de investigación que se ha hecho sobre el esquema de internamiento que existe en los CAR y que, de alguna manera, continúan el círculo de privación de la libertad. Una víctima pasa de una dinámica de encierro y delito, subordinada y sin oportunidad de ejercer su libertad y llega a un lugar donde, como víctima, sigue estado en una lógica donde no se le permite empoderarse.
Es necesario que las víctimas se liberen para poder alcanzar su autonomía y para evitar que puedan reincidir, de repente no van a caer en las garras de la trata de personas directamente, pero pueden estar vulnerables a involucrarse en alguna actividad donde van a ser nuevamente violentadas.
Nos corresponde revisar este enfoque que se le da a los CAR. Y suena bacán tener un espacio en el que se atienda a víctimas de trata, pero hasta qué punto se cae en la re victimización de estas personas. Falta cambiar esa forma de tratar a la víctima, el chip con que se atiende a las víctimas, y promover una mayor autonomía por parte de las mismas con acceso a la educación, al trabajo temporal, a garantizar que puedan salir del círculo en el que han estado anteriormente.
¿Cuáles son algunas acciones que se implementarán en relación a las víctimas de la Trata de Personas desde la Comisión de Trabajo y Seguridad Social?
No se ha discutido mucho el tema de trata de personas en la Comisión, pero algo que hemos dejado para plantear, tratando de ampliar la mirada sobre la situación de trabajo, es el tema del trabajo forzoso, que si bien tiene una diferencia con la trata de personas, está muy vinculado.
Nos ha preocupado muchísimo que en la comisión que está compartida con el MINTRA haya una mayor preocupación por el tema del trabajo forzoso. Que realmente, por ejemplo, las políticas de fiscalización laboral también incluyan la dimensión del trabajo forzoso.
Se ha hablado mucho de la situación de SUNAFIL, pero algo en lo que insistimos, a propósito de la necesidad de fortalecerla, de asignar un mayor presupuesto y autoridad, era que una de las formas de empezar a compartir la enorme informalidad es también combatiendo el trabajo forzoso y que está pasando muy desapercibido el rol importante del MINTRA en estos casos.
El trabajo con el MINTRA no se basa únicamente en la defensa de derechos de los trabajadores del Perú, es un tema que también tiene que ver con la vocación que se tiene por garantizar un mayor acceso a la formalidad.
Así que tenemos nuestros énfasis en eso, en que la estrategia que hay ahora sobre trabajo forzoso trabaje con una contraparte sobre la SUNAFIL e inspecciones de trabajo forzoso. Por ese lado hemos querido vincularlo.
Sería ideal que haya una mirada más amplia del trabajo de la comisión, pero hemos intentado jalarlo por ese lado y hemos intentado vincularlo con el tema de trata de personas.
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