Entrevista a Indira Huilca, congresista de la República.
Las brechas de género que existen en nuestro país ponen a nuestras mujeres en situación de vulnerabilidad, en especial a las mujeres indígenas. A lo largo del tiempo, ¿cómo se ha modificado esta brecha de género? ¿ha mejorado o empeorado? ¿qué significa para la sociedad que las mujeres se encuentren en tal situación de vulnerabilidad?
Para referirnos a las brechas estructurales de las mujeres en nuestro país, indicadores hay de sobra. En los últimos años estamos luchando con el tema de la violencia persistente contra las mujeres. En cuanto a las mujeres indígenas, para ellas es mucho más difícil recibir una respuesta del Estado ante la violencia o la falta de derechos como educación y trabajo, pero hay elementos que han ido mejorando en el tiempo.
En la comisión de la Mujer vimos el tema de la tasa de analfabetismo. Hace años, la tasa en mujeres indígenas era muy alta. Afortunadamente se ha ido reduciendo, y lo mismo con el acceso a la identidad, que era un problema que tenía un perfil femenino más aun en zonas rurales.
Otro indicador que ha mejorado es la presencia de las mujeres en la educación superior, pero todavía hay servicios que el Estado no está preparado para dar en su integridad.
¿Cómo podemos mejorar las brechas de género que existen en nuestro país? ¿Pasa únicamente por una cuestión de legislación? ¿Es importante considerar el enfoque de género para mejorar las brechas que existen ente hombres y mujeres?
El enfoque de género tiene que ser parte de las políticas públicas y de la legislación, sí es importante que existan políticas y legislación específica para garantizar que la brecha de género se acorte. En materia de legislación, los últimos años se han enfocado en la violencia de género, pero ha habido resistencia al empezar a comprender el problema de una manera integral. El término que se usaba antes era el de la violencia familiar, pero hoy afortunadamente la legislación empieza a reconocer otras violencias que sufrimos las mujeres, no solamente en el espacio privado, también en el público, en el trabajo, en la política, o en el espacio educativo.
Ahorita la batalla es que la legislación no retroceda y no pierda perspectiva, que no deje de considerar en su visión la matriz bajo la cual se va configurando la violencia y discriminación hacia las mujeres. Una de las principales razones por las que no se avanza es porque ha surgido una especie de sentido que se quiere instalar, que cuestiona abiertamente el enfoque de género. Tampoco es solamente un asunto de la familia, como algunas voces dicen, que intentan decir que resolviendo el asunto de la dinámica familiar, la situación de las mujeres se arregla por completo. O que piensan que hacer políticas y legislación enfocada en el problema de las mujeres es discriminatorio. Eso se escucha mucho, aunque suene ilógico.
La situación de vulnerabilidad de las mujeres se expresa en distintas formas de violencia, una de ellas es la trata de personas con finalidad de explotación sexual. Según el Diagnóstico de Género en la Amazonía al 2017, elaborado por la Comisión de la Mujer y Familia, se estima que hay cifras ocultas de este delito. Incluso así, el número de casos registrado por el Ministerio Público ha aumentado de año a año. ¿Se está trabajando en algún plan desde el Congreso para disminuir los casos?
Sobre la ESNNA y la trata de personas, lo que nos ha preocupado es que hay una especie de subregistro por la forma en que se entiende o se investigan los casos de trata de personas debido a vacíos legales que permitían que ciertos operadores no persiguieran el delito de manera integral. Algo que trabajamos desde el parlamento, con la congresista Schaeffer, fue una modificación del código penal sobre explotación sexual. El ejecutivo creó ese delito en el 2013, un delito bien acotado, pero que no se desarrolló más. Hicimos una propuesta legislativa que vería el conjunto del esquema de explotación n sexual para incorporar a todos los actores posibles del delito, se incluyó al explotador, al cliente, al usuario, entre otros, y me dio mucho gusto haber coincidido en ese tema con una parlamentaria de otra bancada. El proyecto se observó por parte del Ejecutivo, pero estamos en el camino de que esa observación se subsane y sea aprobada. Creemos que esa ley puede ir ayudando un poco a que la ruta de ESNNA y trata de personas se pueda definir con mayor precisión
En el 2016, cuando tuve la oportunidad de ir a La Pampa, lo que nos decían los fiscales especializados, es que a veces en un caso de trata de personas o explotación sexual, una persona podía tener una responsabilidad en la red de explotación, pero no era la principal responsable, sino que era una misma victima la que asaba a ocupar otro lugar en la cadena. Es difícil para ellos aplicar las mismas sanciones a quienes, en la práctica, tenían distintos tipos de poder dentro de ese esquema.
Creo que también hace falta afinar la perspectiva de género sobre las investigaciones que se realizan, considerando que la trata de personas y la explotación sexual está directamente relacionada a los casos de violencia sexual.
Cuando una persona es explotada sexualmente, el factor “consentimiento” también debería asegurar la intervención de un sistema especializado de justicia que tiene que ver con la justicia con enfoque de género. La lógica de la persecución de la trata ha sido la persecución del delito en sí mismo, pero no el de la atención a las víctimas o la mirada transversal de que las principales víctimas son mujeres y que, por lo tanto, hay un machismo estructural que se cruza con la pobreza y la necesidad y carencias de las personas que suelen ser captadas.
Algo que sí me preocupa, y que no es responsabilidad del congreso, es que existe el PNAT y la obligación del ejecutivo de rendir cuentas sobre cómo se está implementando el mismo. Además, por norma, se exige que el ejecutivo informe al congreso. Ya van dos años en que no nos han informado nada: ni siquiera información mala y con vacíos que, además, debería ser información pública. Debemos presionar para que se haga este informe sobre los avances en materia de lucha contra la trata.
¿Cómo podemos garantizar la seguridad y correcto desarrollo de las mujeres indígenas de nuestro país y evitar exponerlas a delitos como la trata de personas, violaciones sexuales, feminicidios?
Yo creo que la prevención es clave, pero con políticas interculturales. Me parece que a veces los logros que tenemos en materia legislativa y en materia de seguimiento de políticas es insuficiente porque la realidad de las zonas rurales y urbanas es completamente distinta, casi como un mundo aparte. Decir que hemos logrado que las comisarías puedan atender 24 horas está muy bien aquí, pero en lugares donde ni siquiera hay comisarían en 10 ó 12 horas de camino no sirve de mucho. Requerimos de una mayor inversión, considerando que invertir no es invertir para todos por igual: la inversión en zonas urbanas es algo que ya se ha avanzado, pero en zonas andinas y amazónicas la falta de acceso a la presencia del estado es brutal, entonces ahí se aplica la justicia tradicional y constitudinaria, que también requiere capacitación, orientación y, en algunos casos, una articulación con la justicia oficial. Hay una falta de inversión pública de parte del Estado en materia educativa o en materia de acceso a la justicia, en materia de acceso a oportunidades económicas, ahí sí pienso que estamos graves. Y si se hiciera un análisis más detallado de estas brechas en la zona andina y amazónica arrojaría resultados muy graves.
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