Karla Schaefer fue congresista en la bancada de Fuerza Popular en representación de la región Piura en dos periodos distintos. Además, fue la autora de la Ley 29918, norma que declaró el 23 de septiembre como Día Nacional contra la Trata de Personas y estableció la figura de la rendición de cuentas del Ejecutivo a la ciudadanía. En esta entrevista analiza la deuda pendiente de las autoridades con las víctimas del delito.
Usted es la autora de la Ley 29918, que declara el Día Nacional Contra la Trata de Personas y establece la obligatoriedad para la rendición de cuentas respecto a los avances y retos del Estado en la lucha contra este delito. ¿En qué contexto surgió la propuesta?
Durante años estuve investigando sobre el tema de la trata de personas, pero fue en el año 2010 cuando empiezo a empaparme más de la problemática. Tuve acceso a testimonios desgarradores de víctimas en países como Tailandia, Malasia, Cambodia o Vietnam. Y me di cuenta que eso también lo teníamos en el Perú. Fue muy triste cuando comencé a investigar lo que ocurría en nuestra selva, comprobar cómo el entorno familiar era el que comercializaba a las víctimas. Es ahí donde propongo la ley. Entonces, el apoyo de CHS Alternativo fue muy importante para hacer un buen proyecto y para que las autoridades tomen responsabilidad, analicen las cifras que se manejan en nuestro país y hablen del presupuesto.
Durante el proceso de aprobación de la norma, ¿Cuál fue la respuesta recibida por las instituciones implicadas?
Puedo decir, con mucha pena, que las autoridades que nos tocaron en ese momento no conceptualizaban la información sobre este tema. Por ejemplo, escuché a un ministro del Interior, un fiscal y un juez decir “prostitución infantil” cuando eso no existe; es trata de personas con fines de explotación sexual. ¿Qué puede hacer una autoridad si no tiene claro el concepto de qué es la trata de personas? Entonces fue una tarea difícil, pero se llegó a concientizar a muchas autoridades. Sin embargo, había legisladores que apoyaron la propuesta, pero cuando llegaron a ser autoridades con la capacidad de ejecutar presupuestos, no hicieron nada para luchar contra este delito.
La problemática es grave. El Perú es un país de origen, tránsito y destino de la trata de personas. Acá en Lima todos los días se pierden ocho o nueve niñas de entre 12 y 16 años, de las cuales el 30% logra ser ubicada, pero el resto desaparece. Eso se lo hice entender a mi bancada (Fuerza Popular). La trata de personas era un tema importantísimo y vital.
Actualmente hay un proyecto de ley aprobado por el Congreso que plantea realizar la rendición de cuentas solo en dos comisiones del Congreso y ya no como se estuvo realizando en la práctica, ante el Pleno. ¿Podríamos considerar esto un retroceso?
Sí, es un retroceso total. Estamos ante una economía criminal que, por las cifras oscuras que maneja, supera al narcotráfico. La trata de personas es un tema álgido que corresponde atender al Estado y debería ser liderado por la señora Dina Boluarte. Las autoridades saben dónde está el delito, la esclavización de personas ocurre hasta a vuelta del Congreso y frente a todas las autoridades y no pasa nada.
Teniendo en cuenta que se encuentra vigente la “Política Nacional frente a la trata de personas y sus formas de explotación al 2030”, que establece que las tareas de prevención y persecución del delito, así como en la atención de las víctimas, sean implementadas por 11 ministerios y 4 organismos autónomos en el país, ¿Considera usted pertinente que la rendición de cuentas se realice solo ante dos comisiones del Congreso?
No, este es un tema que debe manejar el Pleno del Congreso de la República. Todas las bancadas deberían haberse opuesto a este proyecto de ley y exigir que el premier y los ministros del Interior y de la Mujer vayan a rendir cuentas una vez al año. Imagínate, es solo una vez al año cuando sabemos que cada minuto hay niñas y niños explotados sexualmente. Somos un país con indicadores nefastos. Tenemos una línea de denuncia que tampoco funciona. Frente a esta situación, no logro entender el rol del Estado y qué está haciendo en la lucha contra la trata de personas.
¿Por qué sería importante que la rendición de cuentas se haga ante el Pleno?
Porque el Pleno del Congreso es la representación del pueblo en su totalidad y la trata de personas es un delito que atraviesa fronteras, regiones, provincias, distritos y centros poblados. Este es un tema de política pública nacional. No es de una comisión o de un sector. Son 11 sectores y 4 organismos autónomos que deben ir al Pleno del Congreso para que todo el pueblo peruano escuche lo que está pasando.
Solo en 2023 el Ministerio Público ha registrado más de 9,000 casos de trata de personas y delitos conexos y hemos visto que esta problemática se ha agudizado involucrando al crimen organizado. En ese escenario, ¿qué medidas considera urgentes para combatir el delito?
Creo que lo más urgente es que se hable sobre el tema, que las autoridades manejen el tema y que le interese al premier y a la señora Boluarte. Debemos exigir a todos los ministerios hacerle seguimiento a la trata de personas y los presupuestos que maneja. Cuando nosotros hemos sido legisladores exigimos la apertura de los hogares (centros de atención) a través del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables para tener albergues especializados. Pero definitivamente a los gobernadores regionales este tema no les interesaba.
¿Qué le parece el presupuesto asignado por el Estado que solo destina 0.15 céntimos de sol por persona al año para combatir la trata de personas? ¿El Pleno del Congreso podría actuar también para mejorar ese presupuesto?
Yo creo que, si los 11 sectores presentan un plan sustentan que necesitan una determinada cantidad y qué harán con eso, yo como congresista convocaba al debate sobre el tema. La gente está llana a luchar contra este delito, pero qué pasa si lo que tienen ni lo ejecutan.
De los 14 presidentes del Consejo de Ministros que hemos tenido desde que se aprobó la norma, solo tres asistieron a rendir cuentas por la trata de personas ¿Cómo podríamos garantizar el cumplimiento de la norma y evitar la impunidad?
El interés de los congresistas es importante y fundamental. Si Fernando Zavala ha sido el último premier que asistió al Congreso, es porque hubo una presión. Yo era congresista en ese momento, autora de la ley. Y para eso están las leyes. Yo creo que ahí está la falta de interés de los congresistas y ahí es donde toca trabajar. La inestabilidad política también influye, pero no puedes dejar de lado la rendición de cuentas solo porque existe inestabilidad.
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