El último lunes 24, en la Mesa de Trabajo de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso de la República, se presentó el Informe Alternativo de la Sociedad Civil sobre la situación de la Trata de Personas en el Perú.

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El 21 de abril, la Primera Sala Penal de Apelaciones confirmó la sentencia de primera instancia que condenó a dos administradores y un cajero del night club La Noche y a un estilista por los delitos de trata de personas y favorecimiento a la prostitución en agravio de JhinnaPinchi y otras nueve mujeres.

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Elizabeth Salazar, periodista de investigación del diario El Comercio. Dentro de sus investigaciones, mantiene siempre en agenda casos de trata de personas y la situación del delito a nivel nacional.

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CHS Alternativo conversó con la cónsul Claudia Galvis Farfán y Lorena Patiño la asistenta social del Consulado de Colombia en Lima sobre la situación de los colombianos víctimas de trata de personas en Perú.

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En el año 2011 señalamos en el estudio «El proceso penal peruano en el delito de trata de personas: 14 casos en Lima y Loreto» las dificultades del Poder Judicial para tipificar adecuadamente, aplicar las penas y agravantes, dictar medidas de reserva y protección de víctimas así como valorar adecuadamente los medios probatorios.

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A través del boletín «Reporte Alternativo», hemos acercado a usted nuestras opiniones y reflexiones sobre la situación de la trata de personas en el Perú.

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Han pasado cinco años, desde que en el 2007 se aprobara la Ley 28950 – Ley contra la trata de personas y tráfico ilícito de migrantes – y los avances obtenidos en el tercer balance de la implementación de esta ley que se ha realizado para el periodo mayo 2010 a mayo 2012

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El 22 de agosto del 2010, una adolescente de 13 años víctima de trata de personas con fines de explotación sexual es sometida a una larga entrevista, casi una conferencia de prensa ante medios de comunicación de Lima.

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El 26 de abril se lanzó simultáneamente en La Libertad, Cajamarca y Piura la campaña «El Norte contra la Trata de Personas», dirigida a poner en agenda pública y política las necesidades tangibles de asistencia y protección que tienen las víctimas, así como llamar la atención de la administración de justicia en la sanción del delito.

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