Martín Manuel Grados Vásquez, es jefe del Programa de Investigaciones Especiales en Derechos Humanos de la Defensoría del Pueblo.
A cuatro años de la aprobación de la Política Nacional frente a la Trata de Personas y sus formas de explotación al 2030, ¿cuál ha sido el rol de la Defensoría del Pueblo en su seguimiento y qué aspectos considera prioritarios para fortalecer su implementación?
Como Defensoría del Pueblo estamos trabajando dentro de la Comisión Multisectorial e integramos la comisión del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo sobre trata de personas y trabajo forzoso. Participamos en estas instancias tanto a nivel nacional, como regional y también, a nivel local, estamos en algunas municipalidades en las que se están formando estas comisiones. Dentro de este trabajo de acercamiento y supervisión, estamos identificando algunos indicadores de riesgo que creemos que son muy importantes y deben ser tomados en cuenta. Entendemos que el principal riesgo que tiene la población con respecto a este tema, es la corrupción. Mientras existan niveles altos de corrupción, el problema va a estar siempre latente. Pero también consideramos que estos otros indicadores son importantes y, si no identificamos y cuantificamos el problema público, es muy complicado que podamos atenderlo.
¿A qué indicadores se refiere?
Por ejemplo, en educación hay muchas zonas con alto riesgo de deserción escolar, pero no se hace seguimiento; simplemente es un dato estadístico que el Ministerio de Educación busca que cada vez sea menor, pero no se está analizando cuáles son las causas y dónde están los jóvenes que han dejado de estudiar. La deserción escolar tiene que ver con las denuncias por desaparición en zonas complicadas. A veces, por la misma problemática que viven las familias, (la trata) se convierte en una alternativa para solventar los gastos de sus hijos. Entonces hablamos de indicadores que deberían de estar presentes en el análisis y tener datos exactos. Otro espacio es la salud, donde existen bastantes dificultades para registrar y denunciar los indicios de posibles casos de trata. Ahí hay indicadores como abortos, muertes maternas y otros que se están asumiendo como parte de una realidad, pero que podrían tener otra vinculación.
Estos indicadores no se encuentran incluidos en los lineamientos de la Política Nacional frente a la trata de Personas y sus formas de explotación…
No. Precisamente uno de los temas que hemos detectado es que, en todo este proceso de armar las políticas y los protocolos nacionales, aunque los profesionales de cada uno de los ministerios hacen su mejor trabajo, con el acompañamiento de CEPLAN, la implementación se va más por lo formal. Se sigue el esquema, los procedimientos, las técnicas y las estrategias para identificar el problema, es decir, todo lo metodológico. Al final tienes un documento que metodológicamente cumple los estándares, pero cuando vas a la realidad, te das cuenta que no funciona. Esa es gran parte del problema.
¿Considera entonces que la Política Nacional frente a la Trata de Personas y sus Formas de Explotación debería revisarse o actualizarse?
Sí, esa política tiene que ser modificada, actualizada; los protocolos tienen que ser nuevamente elaborados porque no responden (a la realidad). Los puntos focales no tienen intercomunicación, la data que se debe tener en cuenta no es la adecuada, no está actualizada, ni es suficiente. Entonces, ahí hay una institución que debe tener un papel no solamente técnico en el acompañamiento de forma, sino también de fondo, para la elaboración de estos documentos.
¿Qué se podría hacer al respecto?
Como Defensoría del Pueblo estamos proponiendo, y el Defensor está muy interesado, en el tema de profesionalizar el Estado para lograr mejores estándares en la atención de casos. Estamos en conversaciones con la Facultad de Derecho de la Universidad de Granada, en España, para realizar una maestría con doble titulación en Derechos Humanos. La idea es aprovechar su experiencia para que nuestros profesionales participen en este espacio académico y tengan todas esas potencialidades para unificar criterios tanto conceptuales como de la realidad. Se pretende que la parte final de este ejercicio sea la revisión de las políticas y protocolos de trata, porque actualmente todos nos reunimos y opinamos, pero a veces las opiniones son muy superficiales ante un problema tan grave.
Otro tema urgente que CHS Alternativo ha detectado, y sobre el cual también se ha pronunciado la Defensoría del Pueblo, es el escaso presupuesto destinado a combatir la trata de personas. ¿La falta de información y data también afecta que se pueda sustentar un presupuesto mayor?
Sí. Sin indicadores claros, no hay metas ni argumentos para sustentar más recursos. Cada año se asigna lo mismo. Por eso nos reunimos con el equipo de presupuesto del Ministerio del Interior, de la DIRCPTPTIM y de las unidades especializadas, para analizar el proceso de generación de recursos. Hemos identificado que no hay una consecuencia entre la formulación y la ejecución. Esto se debe, entre otros factores, a la alta rotación de personal y al cumplimiento meramente administrativo de tareas, sin compromiso con los objetivos. Hace falta un trabajo técnico más riguroso sobre presupuesto y resultados en el tema de trata.
Y en las regiones, ¿cómo se está trabajando en el tema de trata y presupuesto? ¿qué ha identificado la Defensoría del Pueblo en sus supervisiones?
En las regiones, el tema está bastante complicado. Hace poco se han desarrollado los encuentros macrorregionales contra la trata de personas y hemos solicitado información a todas las regiones, pero solo siete la han presentado. Hemos identificado que el tema se está abordando de manera muy superficial; aunque hay algunas campañas en educación, el trabajo no es suficiente. Actualmente, estamos trabajando con las oficinas defensoriales de Tacna, Pasco, Ayacucho y Ucayali y solicitando información complementaria sobre este tema, pues consideramos que hay mucho por hacer y falta compromiso.
Considerando que la trata de personas es un delito que está creciendo de manera exponencial y que cada vez es más visible, ¿a qué atribuye la Defensoría esa falta de compromiso?
Hay algo importante a tener en cuenta: el tema de trata de personas se sigue identificando como trabajo sexual cuando abarca mucho más. Hoy en día la trata se vincula con explotación, extorsiones por parte de bandas criminales organizadas e, incluso, (la corrupción) de las propias autoridades. El escenario es muy complicado, pero sigue estigmatizado; no estamos viendo la trata, por ejemplo, en los casos de jóvenes engañadas y transportadas con fines de trabajo forzoso y otras actividades que se enmarcan dentro del delito, lo mismo que el lavado de activos. La trata se está presentando bajo otras modalidades que no necesariamente las estamos identificando como tal y que tampoco se contemplan en la Política Nacional.
En ese escenario, ¿qué es lo que se podría hacer para que las políticas y planes respondan a la realidad?
Como comenté, apostamos por profesionalizar a quienes trabajan en esta temática. No se puede integrar una comisión sin conocimiento de planificación, presupuesto y gestión. De lo contrario, nos seguiremos quedando solo en la forma, en cumplir con el aspecto cuantitativo y decir que, si te planteaste la meta de atender cien casos y al final del año lo lograste, el servicio cumplió al cien por ciento. Además, hay que trabajar en el tema de prevención, atención, persecución del delito y recuperación de víctimas. Es lamentable escuchar que una víctima regrese a la explotación o exprese abusos y discriminación en un sistema que no le ayuda en absolutamente nada. En una supervisión a INABIF, encontramos que los equipos encargados del tratamiento no siempre tienen el perfil adecuado. Entonces, es difícil lograr una recuperación efectiva si un psicólogo es reemplazado por un administrador o contador.
¿Y en ese trabajo cómo ve el aporte de la sociedad civil?
Son la tabla de salvación para muchas víctimas. Porque al visibilizar la problemática, al tener la mirada diferente a la que tenemos desde el Estado y mostrar su compromiso con la temática, ya marcan una diferencia considerable.
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