Si bien la mayoría de personas consideramos que debemos velar por los derechos y la integridad de los niños, para otros no es así, y ven en ellos la oportunidad de lucrar explotándolos laboralmente en sus negocios.
Recientemente pudimos ver un reportaje en un importante Diario local la terrible situación que vivían menores de edad entre los 8 y 12 años que trabajaban en la extracción ilegal de oro en la región Amazonas. Esto es sin duda el reflejo de un problema mayor. La minería ilegal es un delito que viene creciendo en diversas zonas del país de forma alarmante, es un negocio rentable para personas inescrupulosas que no tienen ningún reparo en agregar a su ya larga lista de delitos cometidos, la explotación de menores de edad.
Si bien el Estado Peruano permite el trabajo de adolescentes, la norma deja en claro que no pueden ser menores de 14 años y no deben estar involucrados en actividades ilegales y mucho menos que atenten contra su integridad.
Los mineros ilegales que emplean a estos niños se reconocen como una consecuencia de la estrategia contra la minería ilegal que no les proporciona otras alternativas laborales para ellos y sus familias.
La estrategia contra la minería ilegal no cuenta con acciones de inclusión social ni con otras opciones laborales para la población en situación de ilegalidad. No hay que olvidar que los mineros ilegales, hasta hace pocos meses no lo fueron y más bien contaban con un marco jurídico que los cobijaba.
Otro caso preocupante se ha registrado en Tumbes la pasada semana, donde la Policía rescató a nueve jóvenes entre los 10 y 16 años que eran obligados a cosechar arroz. Según los testigos estos muchachos eran llevados a cumplir sus labores desde tempranas horas de la mañana y lo hacían bajo pésimas condiciones.
Sin embargo hay cambios en la modalidad de captación. Ahora se capta, se contrata, a familias enteras para llevar a cabo estas labores, con el fin de que los padres o familiares de los menores justifiquen eventualmente ante las autoridades el trabajo de los menores argumentando que ellos trabajan para apoyar a su familia.
Similar situación ocurre con aquellos niños que salen muchas veces junto con sus padres a las calles a vender golosinas o incluso son obligados por éstos a pedir dinero.
Recientemente el Programa Yachay del Ministerio de la Mujer y la Municipalidad de San Isidro han llevado a cabo un operativo para rescatar a aproximadamente 50 menores que fueron detectados en esta situación en las calles de Lima.
Con el fin de velar por el bienestar de los menores de edad, en los últimos años el Estado Peruano ha suscrito diversos convenios a nivel internacional con la finalidad de brindar mayor protección a la infancia, como por ejemplo con Organización Internacional del Trabajo los convenios 138 (sobre la edad mínima de admisión al trabajo) y 182 (sobre las peores formas de trabajo infantil).
A nivel nacional también tenemos normas, estrategias y disposiciones que protegen a la niñez, como por ejemplo la Ley General de Inspección al Trabajo, la Estrategia Nacional para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil 2012-2021, el Plan Nacional de Acción contra la Trata de Personas 2011-2016 o el Plan Nacional de Acción por la Infancia y Adolescencia 2012-2021, entre otros.
La falta de recursos para la implementación de estas leyes y disposiciones, el poco trabajo conjunto entre el Estado y los gobiernos regionales y otras muchas razones limitan e impiden que estas normativas se desarrollen cabalmente. Por ejemplo, en los dos primeros casos mencionados al principio de esta nota, los inspectores laborales llegaron días después sólo a constatar lo que ya se había denunciado por los medios o a través de la defensoría del pueblo, pues no cuentan con recursos para una labor más proactiva a nivel nacional.
En el caso de la minería ilegal la labor del Estado se ha limitado a dinamitar dragas y a desarrollar labores de interdicción en lugares específicos e Madre de Dios e Ica. Sin embargo las zonas de expansión de la minería ilegal es muy extensa. Hace falta una mayor de labor prevención y más infraestructura de atención para quienes quedan abandonados a su suerte una vez se destruyen los campamentos ilegales. Si no se atiende esta problemática, lo único que se consigue que esta población migre a otro lugar del país a seguir haciendo lo mismo.
En consecuencia contamos con el suficiente marco normativo que permite investigar, detectar y sancionar como corresponde delitos como la explotación infantil, pero en la práctica la ausencia de recursos impide la aplicación de la amplia normativa con la que contamos para proteger a nuestra niñez y adolescencia.
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