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Editorial


N°295: TRATA DE PERSONAS Y CRIMINALIDAD: SE NECESITAN ACCIONES URGENTES

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N°294: LOS DESAFÍOS EN MADRE DE DIOS

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N°293: LOS NUEVOS DESAFÍOS FRENTE A LA TRATA DE PERSONAS

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El trabajo forzoso es un delito grave que vulnera la libertad de trabajo y los derechos humanos de miles de personas en el Perú y el mundo.

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En el Perú, la población migrante es voluminosa. Según la Superintendencia Nacional de Migraciones[3], hay 1 millón 347 mil 893 extranjeros viviendo en el país.

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Este año 2022, nuevas evidencias han demostrado la fragilidad social que existe frente a la explotación humana; la muestra de ello es la pasividad con que las personas enfrentamos nuestra propia situación y la de los demás.

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A lo largo del 2021 se registraron 535 denuncias por trata de personas en la Policía y 2,076 en el Ministerio Público, involucrando, por lo menos, a 2,611 víctimas. Como resultado, el número de personas investigadas ascendió a 1,844, pero solo 72 personas terminaron con sentencia condenatoria, dejando ver un altísimo grado de impunidad.

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Trabajar es un derecho y es vital para la independencia económica y emocional de las personas. Sin embargo, cuando hablamos de las niñas y niños la situación cambia, pues, aunque hay actividades que pueden ser positivas para el desarrollo humano, también hay otras que son peligrosas y pueden resultar muy perjudiciales para el desarrollo y futuro de la niñez.

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En el Perú, la normalización de trabajos en condiciones deplorables y abusivas es más frecuente de lo que pensamos. La historia de Juan es un ejemplo de ello. Fue captado a los 17 años para trabajar en un taller de costura de Gamarra, pero laboraba sin descanso, con jornadas de más de 10 horas diarias, cobrando solo 150 soles mensuales y sin ningún beneficio ni alimentación.

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Cada día, 16 niñas y adolescentes mujeres son víctimas de abuso sexual en el Perú. Casos como el de la pequeña Damaris, de 3 años, víctima de secuestro y violación sexual en Chiclayo, han indignado a todo el país. Historias como la de ‘Daysi’, de 13 años, víctima de trata de personas, rescatada y luego retornada con su familia, sin el seguimiento de las autoridades que debieron protegerla y cuyo cuerpo apareció sin vida con signos de violencia sexual, debe instarnos a repensar en los servicios que atienden a las sobrevivientes. Estos son solo dos casos conocidos de los cientos que quedan en la oscuridad.

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El COVID-19 impuso al mundo grandes desafíos. Ante el riesgo sanitario, las medidas implementadas concentraron los esfuerzos de contención de esta enfermedad en cuarentenas estrictas, distanciamiento social y, a nivel presupuestal, el redireccionamiento de los recursos para atender la urgencia de la vacunación. Todos grandes esfuerzos con orientación a frenar el avance del virus.

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En esta nueva normalidad, ya asumida por las y los adultos, son los más jóvenes los que han cambiado drásticamente la forma en la que aprenden, se entretienen y socializan. Y son también los que han visto más comprometido su desarrollo y disfrute a causa de la pandemia y el encierro.

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La pandemia nos ha enfrentado a todas y todos a una nueva normalidad que jamás hubieramos imaginado. Hemos trasladado nuestras actividades laborales, académicas, sociales y de entretenimiento al espacio digital. Ello debe invitarnos a reflexionar sobre las nuevas formas de cuidado respecto a quienes protegemos, pues la violencia psicológica, física, sexual y/o económica también se vive con intensidad en los espacios digitales, y afecta de manera diferenciada a las niñas, niños y adolescentes (NNA).

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