«Y eso, que antes del 15 de julio éramos solo cuatro personas», confiesa Ismael Vásquez Colchado, jefe de los Grupos Operativos de la División de Trata de Personas y Personas Desaparecidas de Iquitos. Cuatro policías especializados para la sexta ciudad más poblada del país, y para un territorio con casi 370 mil kilómetros cuadrados de extensión -entre ríos, montañas y bosques-.
Los únicos cuatro investigadores de la región Loreto que sabían reconocer cuándo un caso de desaparición estaba camino a ser uno de trata.
Al menos ahora son 12 especialistas.
Pero la situación en la zona es delicada en general. De las 538 denuncias registradas a nivel nacional en el Sistema RETA-PNP entre el 2004 y lo que va de este año, 55 casos corresponden a Loreto. Es decir, más del 10% del total de denuncias de todo el país.
En esos 55 casos se encuentran involucrados 142 víctimas: de esta cifra, 67 son menores de edad -léase 7 niños y 60 niñas-. El número de investigados por estos delitos: 107 sospechosos.
Datos más que suficientes para suponer que esta provincia puede estarse convirtiendo en tierra de nadie. O peor aún en una fuente de jóvenes candidatos a trata de personas que luego serán trasladados por el resto del país o a las fronteras. No hablamos solo de los habitantes de ciudades de Loreto: existe indicios de población indígena que estaría siendo captada por redes de tratantes que los explota laboral y sexualmente. En condiciones que parecen de inicios del siglo XX, de la tristemente célebre época cauchera. De una etapa de la historia peruana en la que la esclavitud aparecía normalizada en la región amazónica.
En la Trata de personas se debe considerar otro importante factor: la extrema pobreza. La gran mayoría de víctimas de la región Loreto proviene de hogares muy humildes. Que los menores de edad, cansados de que sus padres hagan malabares con escasos recursos, prefieren buscar trabajo por su propia cuenta. Que sabiendo de antemano la negativa de sus padres, se escapan de casa y viajan hasta la frontera con Colombia o Brasil o alguna provincia peruana. Que es en esas circunstancias cuando se convierten en potenciales víctimas de trata. Porque terminan confiando en desconocidos y sus falsas ofertas de empleo.
Entonces, no se trata de hablar de competencias solo de las fuerzas policiales, sino de algo mucho más grande: Una política de Estado que no solo se preocupe en plantear una normativa de sanciones y su eficacia, sino también en promover una cultura de la prevención. Algo que, por su propia definición, tiene que ver con las maneras de pensar de las poblaciones y de percibirse como ciudadanos. Detalles que no necesariamente se encuentran en las estadísticas cuantitativas pero que ayudan a comprender por qué el delito de la trata florece más en algunas regiones que en otras.
Estos son aspectos que deben verse reflejados en el Plan Nacional Contra la Trata de Personas 2011-2021, un documento de trabajo que espera su aprobación desde hace cinco años. Una estrategia que permitirá al Estado definir prioridades y a la sociedad civil establecer responsabilidades en la lucha contra este delito. Sobre todo en las zonas más vulnerables del Perú. Como Loreto, por ejemplo.
La escasez de recursos de la misma policía: sin la suficiente cantidad de teléfonos, computadoras y faxes, difícilmente podrá tener cobertura de protección regional, cruzar información y capturar a los tratantes que proliferan en la zona. Peor aún: que no tiene el suficiente presupuesto para movilizarse en un operativo de embarcaciones entre ríos.
Estamos hablando de las condiciones de trabajo de un personal de investigación que ni siquiera tiene Internet para comunicarse.
De allí también la importancia del Plan Nacional Contra la Trata de Personas: porque no solo permitirá saber cuáles son las acciones que se necesitan implementar para combatir la trata de personas, sino también porque destinará recursos a las instituciones involucradas en el tema. Es decir, explicará no solo el qué hacer, sino también el cómo hacerlo.
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