Sin duda el Primer Encuentro Nacional sobre Trata y Tráfico de Personas, marcó una nueva agenda para el país, que los medios de comunicación han hecho pública y que esperamos evaluar en el próximo Encuentro Nacional.
Desde la promulgación de la Ley 28950, su Reglamento, el Plan Nacional, entre otros instrumentos de política pública, nunca se habían logrado reunir a los principales operadores en la lucha contra la trata de personas.
Las delegaciones de 15 regiones del país demandaron a las autoridades nacionales y regionales un compromiso político real que trascienda a las exposiciones mediáticas. Esto fue muestra del reconocimiento y la grave situación del problema. Un problema que urge ser atendido de manera holística entre todos los instrumentos del Estado, como lo señala en a entrevista de esta edición, el Secretario de Seguridad Multidimensional de la OEA, Adam Blackwell.
Al margen del interés o no de solucionar el problema, por parte de las autoridades del más alto nivel de gobierno, lo cierto es que se observó el interés y compromiso de los operadores públicos participantes y miembros de la sociedad civil por solucionar esta problemática que aqueja gravemente a la sociedad. Sin embargo, no servirá de nada las palabras si éstas se quedan en el papel como producto de la sensibilidad y emoción del momento.
Por ello nuestro interés permanente en señalar una agenda puntual y no perdernos en el activismo. Aquí sustentamos al menos 5 temas que deben ser atendidos a la brevedad:
1. Compromiso político. Constituir en la Presidencia del Consejo de Ministros, una oficina responsable de la implementación, coordinación y monitoreo de las políticas públicas en el ámbito de la Trata de Personas. El informe que el Premier debe presentar al Congreso cada 23 de setiembre, debe mostrar el resultado de su trabajo.
2. Presupuesto. Incorporar las políticas públicas contra la trata de personas bajo la estrategia del presupuesto por resultados. Especialmente en el ámbito de la asistencia y protección a víctimas. Bastaría por lo pronto que el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, genere una línea presupuestal para cubrir necesidades urgentes de las víctimas. No puede ser posible que nuestro Estado con superávit fiscal, no pueda pagar ni un día de alimentación a una víctima.
3. Corrupción. Investigar y sancionar actos de corrupción que favorecen la impunidad y protección de tratantes. «Errores» en la tipificación, penas inferiores al mínimo legal, informes o declaraciones policiales manipuladas, ausencia de sanciones municipales, etc., son sólo algunos de los indicios de corrupción en la trata de personas.
4. Regulación. Es necesario revisar integralmente el marco legal de la Trata de Personas y delitos conexos. Especialmente los delitos contra la libertad (violación) de menor de edad. Sin la modificación del tipo penal que eleva la edad de indemnidad sexual a los 18 años, no será posible sancionar a las personas que conforman la demanda, es decir, «hacen uso de víctimas de trata».
5. Veeduría. Promover mecanismos de vigilancia social a la implementación de políticas públicas, programas y proyectos en el campo de la trata de personas, contribuiría a transparentar la labor pública en este campo, así como a promover iniciativas concurrentes que fortalezcan la gestión de las políticas. Lo cual puede promoverse en alianza con la Defensoría del Pueblo, en el marco de su mandato.
Finalmente, queremos mencionar dos hechos importantes.
El 17 de octubre el Ministerio Público emitió la Resolución 2245 por la cual el órgano de control interno, sancionó por conducta deshonrosa a un Fiscal de Piura que acudía al bar La Noche, todo ello, en el proceso por obtener justicia para la señora Jhinna Pinchi. Ahora esperamos que se cumpla con remitir las copias al Fiscal Provincial Penal de Turno de Lima, para que investigue los alcances penales de esta situación.
Por otra parte, luego de casi un año de búsqueda de la adolescente L (13 años), esta semana su padre la rescató de una bar/prostíbulo en la región Ucayali. Para ello tuvo que enfrentar la desidia de servidores públicos que no quisieron ayudarlo y más de una vez perdió el rastro de su hija. A la familia de la adolescente L le manifestamos nuestra solidaridad, alegría por el reencuentro y apoyo permanente.
Sin embargo, no podemos dejar de llamar la atención por esta bochornosa situación en la que, una vez más, la misma familia debe rescatar a sus víctimas de trata de personas. Qué lejos estamos de un verdadero y digno rescate de una víctima de trata, ni qué decir de su atención. Pero esto lo dejamos para otra edición quincenal del Reporte Alternativo.
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