Ya van más de seis años desde que se aprobó la Ley Nº 28950 (Ley contra la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes), y el marco legal y de las políticas públicas decretadas para prevenir y proteger a los peruanos y peruanas de la trata de personas, así como para perseguir el delito, continúa en proceso de implementación.
Proceso que se debilita por la falta de presupuesto designado a financiar las partidas del Plan Nacional de Acción contra la Trata de Personas, aprobado hace ya más de dos años.
Estos esfuerzos podrían quedarse en el tintero cuando el Estado no otorga las partidas presupuestarias a las organizaciones públicas, de modo que cumplan con las obligaciones expresas y detalladas en el reglamento de la Ley para contrarrestar uno de los principales delitos internacionales que aqueja al país.
En febrero del año pasado Rosario Lopez Wong, Fiscal Superior y coordinadora de la Unidad Central de Asistencia a Víctimas y Testigos del Ministerio Público, declaró sobre la necesidad de contar con un presupuesto de aproximadamente 16 millones de soles. Frente a esto, el Estado designó para el 2012 tan solo 1 millón 600 mil soles, que representa el irrisorio porcentaje de 0.0000015% del presupuesto nacional que asciende a la cifra de 108 mil millones de soles.
Como en reiteradas ocasiones lo mencionamos, el aspecto presupuestal es vital, no sólo por el sentido práctico de disponer de recursos, sino porque en la administración pública el presupuesto genera inmediatamente una responsabilidad funcional en su ejecución.
La distancia por parte del Estado Peruano frente al delito, podría colocarlo en el papel de facilitador, incluso cómplice del mismo y las redes de tratantes que se movilizan a su antojo y con gran solvencia en todo el territorio nacional, victimizando a las poblaciones más vulnerables y excluidas de la sociedad.
Nada más lejano a un país con inclusión social.
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