Tras tres meses de confinamiento obligatorio por la pandemia del coronavirus, la situación en el Perú, que alguna vez pareció esperanzadora, se ha tornado grave y preocupante. Si bien en un inicio los fallecidos tenían una identidad y sus rostros aparecían en los medios, hoy los incontables muertos terminan convirtiéndose en anónima estadística. En este contexto, el gobierno central ha tomado diversas medidas para paliar las consecuencias de esta crisis no solo sanitaria, sino también económica y social. Sin embargo, los casi un millón de migrantes que viven en nuestro país han sido sostenida y sistemáticamente ignorados.
La mayoría, más de 800 000, son de nacionalidad venezolana y de ellos, de acuerdo a la Oficina de la ONU para los refugiados (ACNUR), más de la mitad ha solicitado esta condición. De esta manera, el Perú se convierte en el segundo país de destino de los migrantes venezolanos, luego de Colombia, y en el primer país de acogida de venezolanos con necesidad de protección internacional. Ello hace todavía más necesario que las acciones del gobierno central no dejen de lado a este segmento poblacional.
Es cierto que la Cancillería está buscando el apoyo de organismos internacionales y que, en ese sentido, acaba de participar en la “Conferencia internacional de donantes en solidaridad con refugiados y migrantes venezolanos en países de la región en el contexto COVID-19”; sin embargo, si bien es una labor importante -por ejemplo, España se ha comprometido a desembolsar este año 22 millones de dólares a Colombia, Ecuador y Perú-, se trata de un esfuerzo externo que no encuentra su correlato al interior de nuestras fronteras.
La población migrante, entonces, afronta un riesgo mayor por su vulnerabilidad, sobre todo en el caso de niñas, niños y adolescentes. Además, la desigualdad y la falta de acceso a servicios ahondan las diferencias y es el marco idóneo para el ejercicio de la discriminación, la xenofobia, la intolerancia; incluso para ser víctimas de trata de personas, explotación sexual y laboral, el año 2019 se reportó el rescate de 213 migrantes víctimas de explotación sexual y en lo que va del 2020 se han reportado 72. Por ello urge que el Estado permita que los migrantes tengan acceso a los programas de asistencia que ofrece a la población peruana. Ello, además, redundará en un país más protegido y con más herramientas para afrontar la crisis.
El coronavirus no conoce de nacionalidad, los derechos humanos tampoco
CHS Alternativo
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