Carlos Basombrío es analista político e investigador en temas de seguridad ciudadana y ha sido ministro del Interior entre los años 2016 y 2017. Fue el último líder del sector en informar ante el pleno del Congreso sobre los avances y retos que enfrenta el Estado peruano en la lucha contra la trata de personas. Lamentablemente esta obligación normativa se modificó en las últimas semanas, trasladando la rendición de cuentas a dos comisiones del Parlamento. En esta entrevista, Basombrío analiza el impacto de este cambio y las cuentas pendientes del gobierno ante un delito que incrementa sus víctimas y alcanza niveles sanguinarios.
El Congreso ha aprobado recientemente la Ley 32165 que en la práctica reduce el nivel de rendición de cuentas del Pleno del Congreso a las comisiones de la Mujer y de Justicia y Derechos Humanos. Con esta modificación, ¿cómo queda la rendición de cuentas por la trata de personas?
Me parece un retroceso que forma parte del desgano del Congreso de ver temas relevantes para el país y para la población. La idea era que no fuera un informe de comisiones, sino que fuera el rendimiento de cuentas sobre la trata de personas, que es uno de los delitos más graves de nuestro país.
Usted fue el último ministro en hacer la rendición de cuentas. Esto ocurrió hace ocho años. ¿Es difícil que un ministro haga una rendición de cuentas ante el Pleno?
No es nada difícil. Los ministros conocen el ejercicio de la aprobación de equipos de primer nivel, de gente muy preparada que apoya en la redacción de informes de los temas centrales [como la trata de personas]. El ministro solo tiene que prepararse, tener el ánimo y las ganas de dar cuenta veraz de lo que se ha hecho y lo que falta por hacer. No hay ninguna dificultad práctica. Ninguna. Al contrario, es una obligación y un honor.
¿Cuál es la diferencia entre rendir cuentas ante el pleno del Congreso o ante dos comisiones? ¿Qué se puede lograr con la presentación de un ministro ante la representación nacional?
En primer lugar, el número de congresistas involucrados. En el Pleno se involucran 130 parlamentarios, en las comisiones serán 25 o 30. Eso marca una diferencia bastante grande cuando la temática es de interés transversal. Además, ¿qué garantiza que en las comisiones haya un mínimo de asistencia y de interés? Ahora que los congresistas tienen cada vez más la actitud de estar por remoto, eso agrava el distanciamiento con la población. Lo otro es la cobertura. Los medios de comunicación tienden a seguir con mayor atención las sesiones del pleno que las comisiones.
Existía un Plan Nacional contra la trata de personas y ahora una Política Nacional. Es decir, cada año los ministerios tienen un resultado en base a los indicadores de estas normas.
Así es. Habiendo un plan y existiendo ahora una Política Nacional hay una mucho mayor responsabilidad en explicarle al país lo que se ha podido avanzar y las dificultades que hay, pensando que en el siguiente año se pueda fortalecer esas debilidades. Si uno evade la rendición de cuentas, lo que está haciendo es desmerecer y desnaturalizar el sentido de los planes y de las políticas. Si esto queda en el papel y no es evaluado ni fiscalizado, estamos ante un saludo a la bandera. Un plan tiene sentido en función de que haya seguimiento, indicadores y transparencia. Eso no se está haciendo.
La rendición de cuentas se realiza por la convocatoria del Congreso, pero si este no la realiza ¿qué debería hacer el Ejecutivo al respecto?
Un gobierno realmente interesado en el problema debería oficiar al Congreso, llamándole la atención sobre la fecha de rendición de cuentas. Este es un problema importante. El Ejecutivo puede pedir fecha y hacerlo público; sin embargo, al gobierno actual, no lo veo activo en nada y menos en este tema.
Pero no es solamente este periodo, han pasado varios congresos y varios gobiernos ¿qué está pasando?
Falta de interés, desprecio a la magnitud del problema, preocupación por otros temas que no son tan importantes. Creo que esas son razones. Este es un Congreso muy llevado por la corrupción, y finalmente en trata de personas también hay corrupción. Ahí hay otra razón. Hay un choque con la gente que apoya la minería ilegal en el Congreso. Es difícil que se apoye la lucha contra la trata de personas cuando está asociada esa economía ilegal.
La trata de personas está vinculada a otros fenómenos delictivos. Actualmente con las economías criminales el delito se ha complejizado. En este nuevo escenario ¿cómo desde las comisiones podrían abordar estas nuevas dimensiones del delito?
Estamos teniendo un optimismo muy grande de que se aborden las nuevas repercusiones de la trata cuando [en acciones] se está retrocediendo. El problema más importante es la presencia de este delito vinculado a la minería ilegal, que es la principal actividad criminal en el Perú. En todos los lugares donde hay una actividad significativa de minería ilegal hay trata de personas.
En ese contexto, ¿qué se debería hacer desde el Estado para garantizar que la problemática de la trata de personas no quede invisibilizada y que haya una mayor atención por parte del Parlamento?
Creo que en las próximas elecciones deberíamos promover con más fuerza que el tema de la trata de personas sea parte de los programas de Gobierno y que la gente vote por aquellos que le den una atención mayor a ese tipo de problemas. Si hay seriedad en ese aspecto creo que se podría avanzar.
Esta modificación normativa sobre la rendición de cuentas por la trata se presenta en el marco de una serie de decretos y medidas que están retrocediendo la lucha contra la criminalidad. ¿Cómo afecta esto a la seguridad de todos los peruanos?
Un grupo grande de peruanos y peruanas están siendo afectadas en su seguridad con la falta de interés en la lucha contra la trata de personas por parte del Estado. En términos generales, economías ilegales como la minería ilegal y la trata, están acompañadas de violencia y sicariato. Se agudiza la inseguridad de más gente. Esos dos ejemplos nos dicen que hay que prestarles atención, no solo como fenómenos políticos sino como parte de un problema criminal. Y lamentablemente el Congreso lo que está haciendo es legislar en contra de la lucha contra el crimen organizado.
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