Ricardo Valdés es director ejecutivo de CHS Alternativo e investigador especializado en temas de trata de personas y economías criminales. También ha sido viceministro del Interior y de Seguridad Pública del Ministerio del Interior en dos periodos distintos. En esta entrevista, hace un balance de los cambios normativos que se han dado durante el año 2024, los cuales han debilitado la lucha contra el crimen organizado y los delitos de explotación humana.
El año 2024 se ha caracterizado por las diversas normas aprobadas por el Ejecutivo y el Congreso que parecen beneficiar a las organizaciones criminales en lugar de garantizar la seguridad ciudadana. ¿Cuál es el balance que tiene al respecto y cómo estos cambios afectan la lucha contra los delitos de explotación?
Lo primero que hay que decir es que no podemos tener una perspectiva que no sea sistémica. Es decir, todos los delitos y las normas están relacionadas. La trata de personas no puede ser vista de manera aislada al lavado de activos, la corrupción, el trabajo forzoso o la minería ilegal, y estos delitos tampoco pueden verse al margen de la respuesta que tiene el Estado. Desde el Congreso se han dado un paquete de medidas complejas y cuestionables para la lucha contra el crimen, y tenemos un Ejecutivo que da la impresión de haber negociado con el Legislativo para mantener una suerte de “equilibrio”, al no objetar normas que son contradictorias y nocivas en la lucha contra la criminalidad. Por ejemplo, con la legislación del Registro Integral de Formalización Minera (REINFO), lo que se ha conseguido es favorecer las condiciones para la trata de personas.
Una de las normas más cuestionadas es la Ley 32108, que redefine el concepto de organización criminal y excluye de sus alcances una serie de delitos, como la tala ilegal, el tráfico de órganos o el tráfico ilícito de migrantes. ¿Cómo la aplicación de esta norma afecta las investigaciones fiscales?
Esta norma tiene un trasfondo político claro: exculpar a personajes relacionados con la criminalidad organizada. En el Congreso de la República existen muchos jefes de partidos y congresistas que se encuentran inmersos en una serie de carpetas fiscales vinculadas a los delitos de corrupción. Con esta norma se han excluido más de 40 tipos penales. Entre los delitos excluidos hay muchos que ya no pueden ser analizados como crimen organizado y que, por lo tanto, ya no pueden tener una perspectiva de colaboración eficaz o una extensión en el plazo para este tipo de colaboración, por ejemplo.
Este año también se aprobaron normas que modifican y promueven la tala ilegal y la minería ilegal. ¿De qué manera la promoción de estas economías ilegales contribuye al crecimiento de los delitos de explotación humana?
Toda economía criminal genera un nivel de transacción en donde hay un ser humano involucrado, en este caso, como víctima. Son ellas las que están siendo explotadas laboralmente o sexualmente y están vinculadas con la delincuencia. Quiero remarcar esto porque parece que el Poder Legislativo no lo interpreta de esa forma y el Poder Ejecutivo no se enfrenta a esa realidad. Si no se legisla apropiadamente y se sigue debilitando la lucha contra el crimen, vamos a terminar afectando al ser humano, y en particular a las y los menores de edad y a las mujeres, que son las poblaciones más vulnerables. Aquí no hablamos de números, sino de personas afectadas.
Hay una ley que obliga al Ejecutivo a realizar la rendición de cuentas sobre los avances y desafíos en la lucha contra la trata de personas, pero desde hace ocho años no se cumple, y es más, este año se ha bajado el nivel de la rendición de cuentas del Pleno a dos comisiones: Mujer y Familia, y Justicia y Derechos Humanos. ¿Cómo afecta a la lucha contra el delito?
La política pública que establece la lucha contra la trata de personas hasta el 2030 es una norma importante que consolida el compromiso de múltiples sectores del Estado en esta materia y trascienden a los sectores Justicia y Derechos Humanos, así como Mujer y Familia. La política involucra al Ministerio de Economía, el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Relaciones Exteriores, entre otros sectores. Por eso cuando se dio la norma era obligatorio que el primer ministro y el ministro del Interior den cuentas de lo que habían hecho a lo largo del año anterior para enfrentar el delito. Al perderse la posibilidad de rendir cuentas nuestros representantes no nos van a poder defender porque no todos están en esas dos comisiones. Y esto no solo afecta la rendición de cuentas, sino también la transparencia y, es por eso que la gente no sabe qué es lo que está ocurriendo.
CHS Alternativo realiza un balance cada dos años sobre los avances del Estado contra la trata de personas.
Sí, los informes alternativos. Estos están orientados a dar cuenta de lo que el Estado está cumpliendo a nivel de política pública y de la auditoría social que hacen las organizaciones ciudadanas a la gestión pública. Estas acciones, así como el rol que juegan los medios de comunicación en la fiscalización del delito, son imprescindibles en la lucha contra el crimen.
Usted también formó parte de la gestión pública, específicamente del Ministerio del Interior que es el ente rector en la lucha contra la trata de personas. Desde su experiencia ¿Es difícil realizar la rendición de cuentas?
No. No es difícil. Es un tema de voluntad política y de que realmente la cabeza, en este caso, la Presidencia, entienda lo que es la seguridad de un país. Si la Presidencia de la República está en manos de un o una presidente que no sabe ni entiende lo que implica, difícilmente van a poder impulsar acciones. La política pública no solamente regula, también orienta, genera un camino y una proyección. Además, el Ministerio del Interior es el responsable de liderar la Comisión Multisectorial de naturaleza permanente contra la Trata de Personas y Tráfico del Ilícito de Migrantes, un acápite que parece olvidado. Si el ministro o el viceministro no rinden cuentas y empiezan a enviar al tercer, al cuarto o al quinto nivel, entonces ya tenemos un problema.
¿La comisión multisectorial está ejecutando acciones?
La comisión multisectorial no está teniendo el peso necesario. No sabe llegar. No sabe expresar cómo va el sector a su propio ministro. Y cuando ese ministro no toma en cuenta cuándo tiene que realizar su balance y presentar un presupuesto, no se da cuenta que tiene obligaciones que la norma le impone para proteger a la ciudadanía.
¿Qué intereses particulares considera usted que habría detrás de estos cambios normativos y esta inacción que aparentemente está siendo avalada por el Ejecutivo?
Existe es una negociación política. Vivimos en un país que tiene una institucionalidad con serios problemas de legitimidad por diversos actos de corrupción que vienen desde la Presidencia. Se ha desactivado, por ejemplo, a la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (DIVIAC). Acaban de trasladar a más de 60 efectivos policiales que han sido preparados para perseguir la corrupción por una vendetta. Hay un deseo por parte del Ejecutivo de no permitir que las investigaciones avancen y a nivel del Legislativo diversos partidos políticos tienen a sus principales dirigentes con procesos y con carpetas fiscales abiertas. Todo eso explica que tengamos normas que debilitan la acción penal.
El próximo año será un año preelectoral, y en este momento hay una denuncia por una posible red explotación sexual en el Congreso de la República, ¿cómo ve el panorama del Legislativo para el siguiente año?
¿Qué se puede hablar de un Legislativo después de que hemos dicho tanto en términos de su compromiso por la ilegalidad o de las malas decisiones que han tomado? Es algo así como el fin de fiesta del año 2024, el cual ha estado marcado por pésimas decisiones, y en donde el presidente del Congreso, que además forma parte de la misma bancada en cuestión en los casos de explotación sexual, impulsó la minería ilegal. Esto es un ejemplo del nivel de deterioro al cual hemos llegado en nuestros principales poderes del Estado.
En el escenario actual ¿qué futuro le espera la lucha contra la trata de personas y los delitos de explotación? ¿Qué es lo que debería pasar en el 2025 para que la situación se revierta?
Eso es algo que está por verse. Sería muy audaz adelantarme a una perspectiva positiva. Lo único que yo veo es que tenemos muy poca confianza en el Ejecutivo y el Legislativo. Y esa confianza no es personal, es una desconfianza que está en todo el país. Se va a hacer lo que buenos policías, buenos fiscales y buenas autoridades puedan hacer, porque hay muchos buenos elementos, aunque han sido abandonados a su suerte, se les han dado responsabilidades, pero sin recursos para ejecutarlas. Lo que va a cambiar es aquello que realmente esté en el coraje de ese funcionario público y de la sociedad civil que van a tener que lidiar con lo que tenemos a mano para enfrentar el delito. También contamos con medios de comunicación que van a ser esa caja de resonancia y entidad fiscalizadora, que esperemos abra los ojos al resto de los ciudadanos, para que en el proceso electoral que se nos viene aprendamos a elegir bien.
No hay comentarios aún