Según el noveno informe de los Estados Unidos sobre la trata de personas, el Perú no ha logrado mayores resultados sobre este delito.
El Departamento de Estado de Estados Unidos, publicó el pasado martes 16 de junio, el noveno Informe Anual sobre Trata de Personas en el marco de sus obligaciones con el Congreso de Estados Unidos.
De acuerdo a lo manifestado en dicho informe, controversial para algunos países y organizaciones, el objetivo es “…despertar la conciencia mundial, destacar los esfuerzos de la comunidad internacional e incentivar a los gobiernos extranjeros a que tomen medidas eficaces para contrarrestar todas las formas de esclavitud, de trata de personas.”
Como se sabe, los niveles en los cuales los países (175 según el informe) son clasificados, reflejan el grado de esfuerzo que los gobiernos realizan para combatir la Trata de Personas bajo cualquiera de sus finalidades.
Los niveles son tres. Así como en el nivel 1 se encuentran los países que ponen en práctica todo lo necesario para prevenir y perseguir el delito así como para proteger a las víctimas, el nivel 3 refleja precisamente todo lo contrario. Este nivel acarrea un conjunto de sanciones y restricciones de cooperación.
Entre ambas clasificaciones se encuentra el nivel 2 y, en la práctica, un cuarto nivel que es denominado nivel 2 “en observación”.
El Perú esta clasificado actualmente en el nivel 2, lo que significa que si bien hay logros en la lucha contra la trata de personas, aún hay esfuerzos que realizar en la persecución de la explotación laboral, en la judicialización de los casos, y especialmente en la asistencia y protección de las víctimas, sus familiares, testigos y peritos.
Tal como se ha mencionado en el “Balance de la aplicación de la ley 28950 y su reglamento”, aún hay responsabilidades funcionales por parte del Ejecutivo que deben implementarse en diversos sectores, particularmente en Mujer y Desarrollo Social, Justicia, Comercio y Turismo, entre otros.
En ese marco, el pasado 19 de mayo, desde la Subcomisión de Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes del Congreso de la República, presidida por la Congresista Rosario Sasieta y con el apoyo de Mirada Ciudadana, se ha propuesto la implementación de dos proyectos de ley: el Fondo de trata de personas, para financiar el rescate y apoyo a las víctimas de este delito. El Fondo está dirigido a complementar los alcances de la Ley 28950 sobre la materia. El segundo proyecto de ley incorpora la obligatoriedad de exigir la presentación del DNI cuando se tramiten autorizaciones de viaje nacional o internacional de menores de edad.
Sabemos que se necesita un trabajo articulado de todos los sectores, tal como lo menciona la doctora Elma Vergara, fiscal Provisional Titular del Delito del Distrito Judicial de Loreto, en la sección entrevistas. Ella viene realizando grandes esfuerzos para contrarrestar este delito en una de las zonas más afectadas por la trata de personas, formando una mesa de trabajo con las instituciones más representativas de la región.
Todavía hay muchas acciones por implementar en el Perú que contribuirán a disminuir el delito de trata de personas. Desde CHS Alternativo, en el marco de Mirada Ciudadana, primera veeduría en América Latina sobre la trata de personas, tráfico ilícito de migrantes y personas desaparecidos, hemos iniciado desde abril de este año, un ciclo de debates descentralizados a nivel nacional, con el objetivo de crear veedurías regionales en todo el país. El primer debate se realizó en Huancayo, el segundo en Iquitos y este 17 de julio estaremos en Arequipa.
Por otra parte, los medios de comunicación que son un actor social importante para crear una cultura de denuncia, ahora tienen la oportunidad de participar en el segundo concurso periodístico sobre la problemática, “Tu voz es su Libertad” que organiza CHS Alternativo con el auspicio de la embajada de los Países Bajos. Para mayor información ingrese a la web www.denuncialatrata.com
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