La niñez y adolescencia latinoamericanas enfrentan una amenaza silenciosa cada vez más compleja: la violencia digital. Hace unas semanas, la red Grooming Latam, de la que forma parte CHS Alternativo, presentó los resultados de su más reciente encuesta regional y los datos son alarmantes: el acceso a dispositivos móviles antes de los 9 años se ha normalizado en la región, y con ello, también la exposición temprana de niñas, niños y adolescentes a entornos digitales de riesgo en los que predominan la interacción con desconocidos, las propuestas de noviazgo a través de videojuegos, la participación en retos virales y el desconocimiento casi total de amenazas como el grooming.
En el Perú, la situación es muy similar. Un estudio realizado entre 2023 y 2024 por CHS Alternativo en Lima y Callao reveló que el 60% de las y los adolescentes interactúa con agresores sexuales escondidos detrás de perfiles falsos. Lo que es más preocupante es que el 20% de menores de edad estaría dispuesto a compartir imágenes íntimas con estas personas. El resultado de esta desprotección es claro: niñas, niños y adolescentes se convierten en víctimas potenciales las 24 horas del día, sin acompañamiento parental y en una cultura digital donde se ha normalizado la exposición de la intimidad.
A propósito del mes de la lucha contra la Explotación Sexual de Niñas, Niños y Adolescentes (ESNNA) debemos advertir que el contexto actual de violencia digital que vivimos está haciendo que este delito crezca en nuestra sociedad, sobre todo en contextos de desigualdad, pobreza y abandono estatal. La expansión de las tecnologías de la información y comunicación, así como la conectividad, han hecho que el riesgo se incremente; sin embargo, la ESNNA permanece invisibilizada por la falta de conocimiento de la problemática y, por ende, la ausencia de denuncias.
Pese a avances normativos, como la Ley 31664, que obliga a las empresas proveedoras de Internet a tener registros y filtros mínimos para que niñas, niños y adolescentes no accedan a contenidos pornográficos ni violentos, el Estado sigue fallando. Ello porque después de dos años y medio de aprobada la ley, aún no se ha reglamentado la norma y, por lo tanto, las municipalidades no pueden establecer e imponer las sanciones para quienes incumplan esta medida. La responsabilidad de la reglamentación es del Ejecutivo, a través de la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital, pero la tarea no ve avances.
Pero eso no es todo. Para hacer frente a la ESNNA también se requiere la intervención urgente del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, el Ministerio de Educación, el Ministerio del Interior y el Poder Judicial, para que, en forma coordinada, se invierta en campañas nacionales sostenidas de sensibilización y acompañamiento a las víctimas, así como a la población en riesgo. Sin una estrategia nacional y robusta que articule prevención, educación digital y persecución eficaz de la ciberdelincuencia, los explotadores seguirán actuando con ventaja.
El papel de las familias también es crucial. La supervisión activa y la generación de confianza deben reemplazar al castigo físico y humillante y al control autoritario. No se trata de demonizar la tecnología, sino de asegurar que niñas, niños y adolescentes puedan ejercer, de manera segura, sus derechos digitales: privacidad, seguridad, acceso a información confiable, juego protegido y participación informada.
La protección de la infancia en entornos digitales no puede seguir dependiendo del impulso esporádico de campañas aisladas ni del interés político de turno. Es tiempo de convertir esta causa en una prioridad nacional permanente porque cada día que se posterga una acción, es un día más en que la niñez y adolescencia pierde su derecho a vivir libre de violencia.
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