Ana Isabel Cossío Cabrera es fiscal provincial de familia del Distrito Fiscal del Callao. Actualmente es la encargada de la ejecución del Programa de Justicia Juvenil Restaurativa de dicha institución. En esta entrevista profundiza sobre lo que significa para las víctimas de violencia el poder acceder a la justicia.
¿Cuál es el panorama actual de la violencia de género en el Perú?
En cuanto a estadística, en el primer trimestre del 2025, el Ministerio Público ha registrado 3260 víctimas de violencia sexual. Por su parte, el programa Warmi Ñan ha reportado 86 125 casos atendidos en los Centros de Emergencia Mujer. Si bien estas cifras reflejan un panorama crítico por el aumento de casos, también podemos leerlo como el que las víctimas están denunciando más porque están confiando en el sistema. También es importante recordar que antes de la implementación de la Ley 30364, los fiscales de familia advertimos que aproximadamente el 36% de las denuncias vinculadas a la violencia familiar se archivaban por falta de colaboración de los denunciantes. Sin embargo, con esta ley, la situación aún es parecida, pues la víctima denuncia, pero a veces desiste del proceso por distintas razones.
¿Cuáles son las acciones o medidas que se implementan desde la Fiscalía para prevenir estas situaciones?
Como fiscales de familia, tenemos charlas de sensibilización y prevención. Sin embargo, no tenemos presupuesto y esto es un obstáculo para hacer todo lo que quisiéramos, como más actividades de difusión y eventos.
Y sobre el archivamiento de casos ¿cómo se maneja esto con las personas afectadas?
Desde mi despacho, cada vez que se archiva un proceso, se cita a la víctima para explicarle por qué se ha archivado su caso. Le explicamos que los fiscales necesitamos pruebas. Si hay un nuevo hecho de violencia, tiene que guardar WhatsApp, tomar fotos. Si hay actos de violencia sexual, tiene que guardar las prendas íntimas para los exámenes. Tiene que recordar qué personas presenciaron los hechos.
¿Cómo se procede cuando las víctimas denuncian años después de ocurrido el hecho? ¿Qué ocurre cuando ese tipo de agresiones se dieron cuando la víctima era menor de edad?
Cuando las mujeres quieren denunciar hay muchos obstáculos. En algunos de ellos, el agresor las ha convencido de que merecían ser maltratadas, en otros enfrentan la presión familiar o social, y el aspecto económico, judicial o legal. También pasa que no conocen sus derechos, no saben a qué autoridad recurrir y piensan que todos los casos van a ir al archivo. Otro punto es que las diligencias demoran mucho.
¿Cómo influye el aspecto económico en estos casos?
Lo económico es tal vez lo más determinante para que las víctimas no denuncien o abandonen el proceso. Las afectadas necesitan dinero para movilizarse, para la entrevista en cámara Gesell o pedir permiso para ir a las diligencias si es que trabajan. Las diligencias se llevan a cabo entre sábados y lunes, de 8:00 a.m. a 4:45 p.m., o cuando hay turno. Eso implica el miedo a perder el trabajo. Y tenemos un problema mayor cuando se trata de víctimas menores de edad porque dependen de un adulto. Y ese adulto muchas veces no les cree y quiere proteger a los agresores cuando son sus parientes.
¿Qué ocurre con los casos en que la víctima decide no continuar con el proceso?
Como Fiscalía continuamos hasta donde podemos. Citamos, pedimos pericias, recabamos las pericias que están en el Ministerio Público, en Medicina Legal, pedimos que vengan los testigos, pero si la víctima no pretende colaborar, no se hace presente y dice ya no quiero continuar, tenemos que archivar el caso. No podemos empoderar un proceso penal sin su participación. Necesitamos su declaración, que denuncie a la persona que la agredió.
Respecto a las medidas de protección ¿realmente son efectivas? Hace poco se conoció el caso de una peruana que se fue a Italia contando con este recurso; sin embargo, su agresor la encontró y la asesinó.
Las medidas de protección sí salvan vidas. Sí detienen la violencia y contienen al agresor. También sirven para que el agresor se frene. Sin embargo, el problema es que no tenemos juzgados de ejecución de medidas de protección. Si bien esto se le confiere a la Policía Nacional, sabemos que también tienen el trabajo de investigar, pero la carga de trabajo que tienen no les permite cumplir con este rol. Por eso los juzgados de ejecución son importantes.
Hubo una propuesta de ley presentada por el congresista Alejandro Muñante que proponía sancionar las denuncias falsas por violencia contra la mujer y violencia familiar. ¿Cuál es su opinión sobre este proyecto?
Preocupante y contraproducente. En el Código Penal ya se sanciona las denuncias falsas. No necesitábamos esa propuesta. Además, la estadística reporta que solo el 0.1% de denuncias son falsas. Lo que nosotros necesitamos como Estado y sociedad es que se fortalezca la credibilidad de la víctima, que se le escuche de manera activa y que tenga acceso a la justicia.
¿Cómo se aborda desde la Fiscalía los casos de violencia donde existen indicios de explotación sexual o trata de personas?
En esos casos inmediatamente derivamos el caso y pedimos la intervención del fiscal especializado en trata de personas y del fiscal penal especializado en explotación sexual o en delitos de violencia sexual contra menores de edad. Ya se tiene un protocolo para que la víctima sea protegida y pase por Cámara Gesell.
La Fiscalía de Familia del Callao ha implementado un plan piloto para atender situaciones de violencia cuando los agresores son menores de edad ¿en qué consiste?
Se orienta a los adolescentes que hayan cometido una infracción de violencia contra la mujer o los integrantes del grupo familiar. Cuando el Poder Judicial nos envía el expediente para formular la acusación, desde la Fiscalía, de acuerdo al caso, pedimos que se dicte como medida accesoria incluir al adolescente en este programa. De modo que, tras una serie de capacitaciones y actividades, sea sensibilizado para que no vuelva a incurrir en este accionar.
¿En qué consiste la Estrategia 360 para prevenir la violencia?
Esta es una política institucional del Ministerio Público que está enfocada a mujeres en riesgo de sufrir feminicidio o que ya han sufrido tentativa de feminicidio. Tiene como finalidad reducir este tipo de delitos mediante la gestión de alertas para activar servicios de asistencia y protección. Nuestro objetivo principal es proteger a las víctimas. Cuando decimos que sea 360, es porque se articula en un ámbito más grande con la Policía, los centros de salud, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, entre otras instituciones.
¿Cuáles serían las reformas legales o institucionales que considera que son urgentes para mejorar la lucha contra la violencia?
Lo más urgente es la creación de los juzgados de ejecución de medidas de protección. Tenemos que recuperar la confianza de las víctimas siendo un Estado que las protege. No basta con aumentar las penas, necesitamos transformar la forma en que atendemos y protegemos.
Para eso se necesita presupuesto.
Sí. Pero siempre está limitado. Nuestra institución [la Fiscalía] muchas veces es incómoda para quienes nos tienen que otorgar el presupuesto.
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