La trata de personas es un delito que destruye vidas y desafía al Estado. En el Perú, desde 2020 ya hay más de 13,600 víctimas, casi 6 por día, de acuerdo a los registros del Ministerio Público. Sin embargo, la falta de presupuesto, la ausencia de rendición de cuentas y el incumplimiento de la ley para dotar de un programa presupuestal multisectorial siguen dejando a las víctimas en abandono. Este 23 de septiembre, Día Nacional contra la Trata de Personas, es hora de exigir acciones concretas y no más excusas. Este grave delito no puede seguir siendo enfrentado con declaraciones o planes incompletos; requiere recursos y acciones sostenidas.
Las cifras oficiales revelan la brecha entre el discurso y la acción. En 2024 se presupuestaron 21,8 millones de soles para implementar la Política Nacional frente a la Trata de Personas y sus formas de explotación al 2030. Sin embargo, apenas se comprometieron 2,6 millones, lo que equivale a 0,001 % del Presupuesto General de la República. Esto significa que, en la práctica, el presupuesto comprometido para enfrentar la trata equivale a 0,076 soles por persona, una cifra que refleja la escasa prioridad asignada a un delito que afecta a miles de personas en el país.
Este incumplimiento no es solo político, sino también legal. La Ley 28950, modificada en 2019 por la Ley 30925, obliga al Ministerio de Economía y Finanzas, en coordinación con el Ministerio del Interior, a diseñar un programa presupuestal multisectorial orientado a resultados para implementar la Política Nacional. El plazo legal para que se cumpla con esta tarea fue de 180 días, pero han transcurrido más de 2,300 días y no hay avance. No estamos frente a un olvido administrativo, se trata de una obligación de ley que continúa siendo desatendida.
La falta de presupuesto tiene consecuencias directas, tanto en la vida de las víctimas como en la capacidad del Estado para responder ante este delito. Sin recursos suficientes, las fiscalías y la Policía Nacional no pueden realizar operativos constantes ni investigaciones especializadas, lo que impide rescatar a tiempo a las personas explotadas y deja impunes a los responsables. Al mismo tiempo, los servicios de protección carecen de personal, albergues, atención médica y psicológica, lo que obliga a que muchas víctimas permanezcan en condiciones precarias o incluso regresen a contextos de riesgo, aumentando la posibilidad de ser revictimizadas.
Además, la prevención y la justicia también se ven debilitadas. Con presupuestos mínimos, las campañas de información no llegan a las zonas más vulnerables, las fiscalías no cuentan con logística básica para procesar casos complejos y los jueces carecen de la formación especializada que este delito requiere. El resultado es una brecha alarmante entre denuncias y sentencias. Las cifras del Ministerio Público lo demuestran: entre 2020 y 2025 se registraron 7,790 denuncias por trata, pero solo 498 casos terminaron en sentencia, lo que representa apenas el 6,4 %. Esta brecha evidencia la debilidad del sistema de justicia para proteger a las víctimas y sancionar a los responsables.
La trata de personas, además, se entrelaza con problemas estructurales, como la pobreza, informalidad, expansión de economías ilícitas, como la minería ilegal y el narcotráfico, y la normalización de la violencia de género. Según la Encuesta Nacional sobre Relaciones Sociales 2024, la tolerancia hacia la violencia aumentó a 75,7 % en 2024, lo que crea un terreno fértil para que las redes criminales operen. En este contexto, la falta de políticas integrales y recursos sostenidos solo agrava la vulnerabilidad de las víctimas.
A ello se suma la ausencia de control. Desde 2017, el Ejecutivo no rinde cuentas sobre la implementación de la Política Nacional ante el Pleno del Congreso, invisibilizando la magnitud del delito y sus efectos. En 2024, además, se aprobó una norma que limita la rendición de cuentas a solo dos comisiones legislativas, debilitando el escrutinio público y reduciendo la capacidad de exigir responsabilidades. A pesar de que esta obligación ya no contempla la presentación ante el Pleno, insistimos en la necesidad de que ésta se realice para asegurar que la ciudadanía pueda conocer los avances y desafíos en la prevención y sanción de la trata de personas, así como en la protección y asistencia a las víctimas.
La trata abarca todo el país. Por lo tanto, sus representantes en el Pleno del Congreso tienen el deber de proteger a sus electores de este crimen. En el QR adjunto consignamos las preguntas que debe responder el Gobierno.
Es imperativo que el Estado peruano adopte medidas inmediatas, cumpla con la Ley 28950 y asigne un presupuesto suficiente y sostenido mediante un programa multisectorial que garantice continuidad en prevención, persecución, atención y reintegración de víctimas. Es urgente que se fortalezcan las fiscalías y la Policía Nacional con recursos para investigaciones, operativos y protección de víctimas, que se garanticen servicios integrales para la recuperación y autonomía de las víctimas y que se cierren las brechas que debilitan la persecución del crimen organizado.
La trata de personas es una de las expresiones más graves de violencia y explotación y tiene un impacto devastador en la seguridad, la democracia y el desarrollo del país. En este Día Nacional contra la Trata de Personas, la exigencia es clara: el Estado debe asignar recursos adecuados, cumplir la ley y rendir cuentas ante la ciudadanía. La dignidad humana no admite postergaciones.
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