Después de ocho años, al fin se atendió un reclamo pendiente. El Poder Ejecutivo volvió al Congreso para rendir cuentas sobre la lucha contra la trata de personas. No fue ante el Pleno, como hubiera sido lo adecuado, sino, solo ante las comisiones de la Mujer y Familia y de Justicia y Derechos Humanos. Aun así, el hecho marcó un paso importante, pues, a tanta insistencia, sobre todo desde la sociedad civil, se retomó un ejercicio legal de transparencia que no se realizaba desde 2017.
El pasado 29 de septiembre de 2025, el entonces presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, junto a los ex titulares del Interior y de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Carlos Malaver y Ana Peña, respectivamente, acudieron a la convocatoria del Legislativo y presentaron una serie de cifras y acciones que reflejan los esfuerzos del Estado en la prevención, persecución y sanción penal del delito, así como la atención y reintegración de sus víctimas.
Durante la sesión informativa, el Ejecutivo destacó la ejecución de 124 campañas preventivas, la creación de 25 espacios regionales de coordinación, el acompañamiento integral a más de 400 víctimas y la atención especializada a 157 personas. Asimismo, la capacitación de más de 3,600 funcionarios y la incorporación de actividades de prevención en más de 10,200 instituciones educativas del país. Se indicó que el Ministerio Público registró más de 2,600 denuncias en 2024 y triplicó los operativos de prevención; mientras que el Ministerio del Interior formó a más de 30 mil efectivos policiales y creó la Dirección de Ciberseguridad, enfocada en el patrullaje virtual y el monitoreo georreferenciado para detectar captaciones digitales.
Sin duda, parecen avances importantes que merecen reconocimiento y se enmarcan en las acciones de implementación de la Política Nacional frente a la Trata de Personas y sus formas de explotación al 2030. Sin embargo, debemos reconocer también que detrás de los logros institucionales persisten brechas profundas que evidencian la enorme distancia que aún existe entre los compromisos asumidos por las autoridades y la magnitud del impacto del delito. Y es que la trata de personas sigue extendiéndose en el país, sostenido por factores estructurales como la pobreza, la desigualdad, la falta de control migratorio y la informalidad laboral, condiciones de las que se aprovecha la criminalidad organizada para consolidar sus redes. Y, a pesar de las campañas de prevención, las redes regionales y las sentencias logradas, no se ha generado una disminución significativa en la persistencia de este delito.
Una de las principales causas de esa brecha es la desproporción entre los recursos destinados específicamente a combatir el delito y las ganancias que genera. Mientras la trata de personas, según nuestros análisis, alimenta en el Perú una economía criminal que mueve cerca de 1,300 millones de dólares al año, el presupuesto público ejecutado por el Estado apenas llega a S/ 2.6 millones al año para enfrentarla. Con semejante diferencia, hablar de una respuesta integral resulta casi simbólico.
Otro frente crítico es la digitalización del delito, que crece sin un abordaje adecuado desde las políticas públicas. Durante la sesión a la que asistieron los ministros, se alertó que las redes criminales han trasladado gran parte de su accionar al ciberespacio, utilizando redes sociales y la dark web para captar a mujeres, niñas, niños y adolescentes. Aunque la Policía Nacional ha fortalecido su patrullaje virtual y el Ministerio del Interior ha creado nuevas direcciones para enfrentar este delito, lo cierto es que se trata solo de esfuerzos sectoriales, pues la Política Nacional frente a la Trata de Personas y sus Formas de Explotación aún no incorpora estrategias sostenibles específicas de prevención, protección y persecución en entornos digitales. Sin duda, una omisión grave, considerando que la captación virtual se ha convertido en una de las principales puertas de entrada al delito.
Pero eso no es todo. Persisten, además, problemas estructurales en la articulación y sostenibilidad de los servicios: por ejemplo, la cobertura desigual en regiones, la falta de recursos en las fiscalías especializadas de trata de personas, la limitada capacidad de los Centros de Acogida Residencial Especializados en la materia o la escasa información estadística actualizada para la toma de decisiones. Aunque el CEPLAN ha reconocido esta política como una de las mejor implementadas por el Estado —según el Ministerio del Interior—, los avances sectoriales no se traducen aún en impactos sostenibles ni coordinados.
El desafío, entonces, es pasar de la rendición de cuentas a la rendición de resultados. El Estado debe cerrar la brecha presupuestal, mediante un Programa Presupuestal orientado a resultados, fortalecer sus servicios en territorio y adaptar sus estrategias al nuevo escenario digital, donde hoy se libra una parte crucial de esta lucha. De lo contrario, el país corre el riesgo de seguir avanzando en el papel, mientras las redes criminales continúan operando con ventaja y las víctimas siguen esperando justicia, protección y reparación efectiva.
Durante la presentación de los ministros uno de los congresistas anunció la creación de una comisión especial encargada del seguimiento de la lucha contra la trata de personas y el cumplimiento de la Política Nacional. Esperamos que se haga realidad, pero más allá de ello es necesario transformar las cifras y discursos en acciones concretas, sostenibles y medibles. Solo así el país podrá afirmar, con justicia, que está avanzando realmente en la erradicación de la trata de personas.
No hay comentarios aún