Percy Castillo Torres es especialista en Derechos Humanos y Seguridad Ciudadana y exadjunto para los Derechos Humanos y las Personas con Discapacidad en la Defensoría del Pueblo. En esta entrevista hace un balance del 2025 y habla sobre el avance del crimen organizado, la violencia y la trata en un contexto de retrocesos en los derechos humanos.
El 2025 cierra marcado por inestabilidad política, la crisis de seguridad y una profunda desconfianza ciudadana. En este contexto y desde la perspectiva de Derechos Humanos, ¿cómo evalúa el estado de la democracia peruana y su capacidad para responder a la violencia y al avance del crimen organizado?
Lo primero que tenemos que decir es que nuestra democracia atraviesa una agresión institucional notoria. Y es notoria también la debilidad del estado de derecho frente al fenómeno de la criminalidad organizada. La capacidad de respuesta estatal se encuentra comprometida, desgraciadamente, por una crisis de legitimidad y una inestabilidad política que impide la implementación de acciones de seguridad con enfoque de derechos humanos. En los últimos años hemos tenido demasiados ministros del interior, demasiados jefes de la Policía, demasiados fiscales de la Nación, y eso justamente es lo que ha impedido estructurar una política de seguridad ciudadana eficaz. Por otro lado, tenemos políticas y acciones que no se condicen con lo que señalan los mandatos y principios en materia de derechos humanos. En este contexto, la seguridad ciudadana, entendida como un bien jurídico protegido y un requisito previo para el ejercicio de derechos fundamentales, se ve vulnerada justamente por la falta de una estrategia integral que articule el control territorial con la prevención del delito.
En 2025 la violencia de género también se ha agravado. Las cifras oficiales del MIMP muestran entre enero y octubre más de 119 mil casos y preocupa el aumento de la tolerancia social hacia la violencia. En ese marco, ¿cómo ve la nueva Ley de igualdad de oportunidades que elimina el enfoque de género de las políticas públicas?
Sin lugar a dudas es un retroceso. Eliminar el enfoque de género en las políticas públicas representa una vulneración al principio de la convencionalidad y a las obligaciones internacionales asumidas por el Estado peruano, como la Convención de Belén do Pará. Los riesgos jurídicos y sociales incluyen, primero, que se invisibiliza la violencia estructural; al ignorar las categorías de género, se neutralizan las herramientas estadísticas y operativas necesarias para abordar los más de 119 mil casos de violencia reportados. Y como usted bien ha señalado, aumenta la tolerancia social, la supresión de las directrices, fomenta una cultura de impunidad y desprotección a las mujeres, niños, niñas, y adolescentes. Eso es una realidad que debe corregirse.
Otro tema que causa preocupación es la trata de personas y la explotación sexual que continúan en expansión, mientras el presupuesto público destinado a enfrentarlas resulta mínimo frente a las ganancias de las redes criminales…
Efectivamente, existe una brecha entre el presupuesto asignado y la rentabilidad de las economías criminales. Como bien lo ha señalado CHS Alternativo en diversos estudios, eso revela un incumplimiento del deber de garantía por parte del Estado. La asignación mínima de recursos frente a la expansión de la trata y explotación sexual sugiere una falta de voluntad política para tutelar la dignidad humana como valor supremo de la sociedad, y eso resulta innegable. El Estado falla entonces en su rol protector de las poblaciones vulnerables, permitiendo que las redes criminales operen con una ventaja logística y financiera desproporcionada, y eso es una situación gravísima. Pero, además, hay que señalar que las organizaciones criminales están tomando el Estado. Hay una gravísima y peligrosa infiltración de candidatos vinculados a la minería ilegal y otras economías delictivas en partidos políticos, lo que constituye una amenaza directa a la integridad democrática.
¿Cuál es el peligro de estas candidaturas? ¿Qué podría pasar?
Bueno, las consecuencias van a ser gravísimas. Primero, un conflicto de intereses e impunidad. El acceso de estos actores a cargos de representación nacional va a facilitar la captura del regulador, es decir donde se legisla o se gestionan normas habrá una infiltración para beneficiar intereses particulares ilegítimos. Cuando estas personas ingresen al Poder Legislativo, por ejemplo, van a capturar el aparato de producción normativa y obviamente van a legislar a favor de sus intereses. Y eso obviamente va a conllevar, y ya lo estamos viendo, a un debilitamiento normativo, (es decir) la aprobación de leyes que favorecen indirectamente la explotación y la trata. Eso subierte el fin constitucional del Congreso de la República, convirtiendo la labor legislativa en un instrumento de desprotección ciudadana.
Los gobiernos regionales y locales, ¿qué rol juegan en poder detectar o regular la expansión o contención de estas economías criminales a fin de ponerle freno de manera temprana?
Juegan un rol importantísimo, un rol crítico en la gestión territorial. Su responsabilidad radica en el control de las actividades económicas. La omisión de la fiscalización de estas economías ilícitas permite su arraigo territorial. Porque son los gobiernos subnacionales los que saben dónde opera el traficante, dónde opera la minería ilegal, dónde se explota a personas, a mujeres; ellos lo saben bien. Saben que pueden y tienen herramientas, por ejemplo, para cerrar los locales, para clausurarlos, y no lo hacen. Porque justamente o abdican de su control o son parte de la organización criminal. Por otro lado, los gobiernos subnacionales tienen el deber de proteger derechos, deben implementar servicios centralizados de atención a las víctimas y de prevención de la violencia en el ámbito local. Y esto no es un favor que hacen a la ciudadanía, es un deber.
Frente a este escenario ¿qué compromisos en materia de derechos humanos, lucha contra la violencia, contra la trata y también contra la delincuencia organizada deberían asumir los candidatos que participarán en el próximo proceso electoral?
En el marco del proceso electoral, los candidatos deben suscribir compromisos mínimos vinculantes que incluyan el sometimiento al control de idoneidad y la transparencia absoluta sobre el origen de sus fondos y vínculos comerciales. Deben promover una agenda de derechos humanos, priorizar la lucha contra la trata y la violencia de género en sus planes de gobierno y también deben asumir el compromiso de no retirar al Perú de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Además, asumir el compromiso de cumplir las sentencias de la corte, de acatar las recomendaciones de los órganos del Sistema de Naciones Unidas. Y obviamente deben comprometerse a fortalecer el sistema de justicia y a no interferir en las investigaciones contra el crimen organizado.
Desde la sociedad civil, ¿de qué manera podríamos ayudar a promover un voto informado y consciente?
La ciudadanía tiene el derecho y el deber de ejercer un voto responsable mediante el escrutinio de las hojas de vida y los antecedentes de los candidatos, eso es lo que podemos hacer, fijarnos bien quién es la persona que elegimos, qué cargos ha ejercido antes, qué problemas judiciales puede haber tenido, eso es una obligación que tenemos nosotros como electores.
En tanto, ¿qué decisiones urgentes deberían tomarse para proteger la democracia y evitar que estos candidatos y estas economías criminales sigan ganando terreno?
Es urgente la adopción de reformas que fortalezcan los filtros de exclusión de candidatas y candidatos para dejar al margen a aquellos con nexos criminales, así evitaremos que las economías ilegales consoliden su poder político. La ciudadanía tiene herramientas y toca que hagan un compromiso con el país para verificar por quiénes van a votar y qué hay detrás de cada organización política que se presenta a la elección.
Finalmente, teniendo en cuenta lo ocurrido en 2025, ¿qué es lo que deberíamos esperar que cambie en el siguiente año?
Este año creo que ha sido terrible para la institucionalidad, en general el Congreso ha aprobado leyes muy malas que debilitan la lucha contra el crimen organizado y favorecen la impunidad, como las normas de prescripción o la ley de amnistía. También se ha promovido desde el Estado del retiro del Acuerdo Interamericano y se ha desacatado sus fallos. En materia de derechos humanos ha sido un año terrible. Frente a este escenario, lo que queda es votar por gente que tenga compromisos reales con los derechos humanos y la lucha contra la criminalidad. Es algo que solo los ciudadanos tenemos en nuestras manos, todos debemos contribuir para que las elecciones que vienen se elijan a los mejores, a aquellos que tengan las mejores propuestas y que obviamente sean acorde con los principios que se defienden.
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