El 2025 cierra en el Perú con una crisis política profunda, marcada por la inestabilidad en el Ejecutivo y el Legislativo, el debilitamiento de las instituciones y una creciente desconfianza ciudadana, en un contexto donde la crisis de seguridad ha dejado de ser solo un problema de orden público. El avance del crimen organizado, el aumento sostenido de las extorsiones y la expansión de economías ilegales como el narcotráfico, la trata de personas y, de manera creciente, la minería ilegal, se han convertido en una amenaza directa a la democracia, no solo por la violencia que generan, sino porque hoy buscan ocupar espacios de poder político.
De hecho, según una encuesta de Ipsos para el Observatorio del Crimen y Violencia, el 78 % de la ciudadanía considera que estas economías ilícitas podrían influir en las elecciones generales de 2026, una percepción que especialistas advierten que no es exagerada y que anticipa riesgos de captación, intimidación y violencia política. A ello se suma que investigaciones periodísticas han revelado que algunos partidos políticos ya albergan candidatos con vínculos directos con la minería ilegal, incluyendo personas con REINFO vigente o suspendido, sanciones por extracción ilícita o cercanía con asociaciones de mineros informales.
Esta estrategia de dispersión en diversas bancadas no es nueva. Responde a una lógica de infiltración que ha permitido a estas redes mantener privilegios, debilitar la fiscalización estatal e incluso influir en normas clave. Sin embargo, hoy el riesgo es mayor, pues ya no se trata solo de influir en el Estado, sino de legislar desde dentro. En este escenario, problemáticas como la violencia de género o la trata de personas también se multiplican, pues ante el abandono estatal, el avance criminal se profundiza como una forma de control y silenciamiento que erosiona las condiciones básicas para una ciudadanía plena y una democracia efectiva.
Las cifras son evidentes. Solo entre enero y octubre de 2025 se registraron más de 119 mil casos de violencia, el 84 % contra mujeres, además de más de 27 mil violaciones sexuales y 119 feminicidios. La Encuesta Nacional de Hogares (ENARES) 2024 confirma un retroceso alarmante: la tolerancia social hacia la violencia contra las mujeres aumentó a 75,7 % en cinco años y supera el 80 % entre los hombres. Cuando una sociedad normaliza la violencia, las redes criminales encuentran un terreno fértil para expandirse.
Pero lejos de fortalecer la respuesta del Estado, el Congreso ha impulsado decisiones que agravan el problema, como la eliminación del enfoque de género del marco normativo y el debilitamiento de la educación sexual integral. Estas medidas no solo envían señales de retroceso en derechos, sino que reducen la capacidad del Estado para prevenir la violencia, proteger a las víctimas y enfrentar delitos complejos como la trata de personas, una de las expresiones más extremas de la criminalidad organizada.
La trata de personas también continúa expandiéndose en el país. De acuerdo con cifras del Ministerio Público, desde 2020 se han registrado más de 13 600 víctimas, y solo entre enero y junio de este año se reportaron 1 229 nuevos casos, en su mayoría mujeres y menores de edad. Pese a ello, la respuesta estatal sigue siendo mínima. Mientras este delito mueve alrededor de 1 300 millones de dólares al año, el presupuesto público ejecutado para enfrentarlo apenas alcanza los S/ 2,6 millones anuales. Esta brecha presupuestal tiene consecuencias concretas. Sin recursos suficientes, las fiscalías y la Policía no pueden sostener operativos ni investigaciones especializadas, y también se debilitan los servicios de protección, prevención y justicia.
Aunque en 2025 el Ejecutivo rindió cuentas por primera vez en ocho años sobre la lucha contra la trata de personas, los avances reportados aún no se traducen en resultados sostenibles. No solo persisten las brechas presupuestales, también la falta de articulación territorial, los servicios siguen siendo insuficientes y hay una omisión grave frente a la digitalización del delito.
De cara a las elecciones de abril y octubre, el país enfrenta una disyuntiva crucial. La violencia, la delincuencia, la explotación y la expansión de las organizaciones criminales no pueden seguir siendo temas secundarios en la agenda electoral. La ciudadanía tiene derecho a exigir que los candidatos asuman compromisos claros, verificables y financiables para enfrentar la criminalidad organizada, erradicar la trata de personas, proteger a las víctimas y defender el Estado de derecho.
El balance de 2025 deja una advertencia ineludible: mientras el crimen organizado avanza, la democracia se debilita. En un país donde el Estado responde con tibieza, el voto se convierte en nuestra última línea de defensa. No se puede votar por candidatos que representen organizaciones criminales, intereses ilegales o agendas anti derechos. No elegirlos no es solo una opción política, sino una responsabilidad democrática. Hoy más que nunca necesitamos una ciudadanía que, en las urnas, marque un límite claro frente a la ilegalidad, la violencia, la corrupción y la impunidad.
Este llamado también interpela de manera directa a las organizaciones políticas. Quienes hoy postulan al Congreso y al Ejecutivo tienen la responsabilidad inmediata de corregir esta situación desde el ámbito nacional, incorporando compromisos claros contra el crimen organizado, la trata de personas y la violencia en todos sus planes de gobierno. Y quienes competirán a nivel regional y local deben hacer lo propio, asumiendo que la lucha contra las economías criminales y la protección de los derechos no pueden ser un anexo, sino un eje central de las políticas que prometen ejecutar.
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