Director de Política Criminal y Penitenciaria del Ministerio de Justicia y Secretario Técnico del Consejo Nacional de Política Criminal.
1. Durante el 2015, ¿Qué tanto se ha podido evidenciar la aplicación del enfoque criminológico sobre la trata de personas en las políticas del Estado?
Considero que donde se ha evidenciado mayormente ha sido en la aprobación del Decreto Supremo N° 001-2015-JUS que aprueba la Política Nacional frente a la Trata de Personas y sus formas de explotación. Este Decreto Supremo contiene un diagnóstico que recopila trabajos realizados a nivel nacional desde el punto de vista criminológico, los cuales explican las causas y factores de la trata de personas, y sobre eso diseña una política a nivel de prevención, administración de justicia y recuperación de víctimas. Se hacen referencia a muchos estudios que se han hecho en Perú, por ejemplo, hay un estudio de Capital Humano y Social Alternativo que señala que la trata de personas está concentrada en diez grandes regiones, y que está relacionada a la ilegalidad, el extractivismo, la economía, la tolerancia social, entre otros.
2. ¿Cuáles son las acciones que se han realizado y qué tipo de procesos se han iniciado alrededor de la transversalización de los nuevos enfoques de estudio (Derechos humanos, interculturalidad, entre otros) de la trata de personas?
La principal articulación, en ese sentido, es que el Estado siempre ha priorizado las acciones a nivel de represión y persecución en los lugares donde se produce la trata de personas, lo cual es correcto. Sin embargo, considero que la nueva visión que tiene la Política ha permitido que por primera vez hayamos ido no a los lugares en los cuales se comete la explotación, sino a aquellos de donde provienen las poblaciones vulnerables. El ejemplo más claro ha sido la feria de Urcos en Cuzco, que es la zona donde las víctimas son captadas, luego transportadas, acogidas, explotadas. Esa nueva visión de ir hacia las zonas más vulnerables hace que los enfoques de la política sean mucho más eficaces. En ese trabajo que hemos hecho en Urcos estuvimos en 36 colegios, con más de 4300 niños, niñas y adolescentes, donde se les ha explicado qué es el tema de la trata de personas y en su propio idioma, que es el quechua.
3. ¿Cuáles son los esfuerzos por conectar los lineamientos del Plan Nacional de Política Criminal con el Plan Nacional de Acción contra la Trata de Personas (PNAT)?
En primer lugar, se han trabajado protocolos de actuación multisectorial. Y estos protocolos han sido trabajados en base a los lineamientos generales de la política. Después de eso, se ha trabajado el Reglamento de la intervención que también se ha hecho a través del enfoque de la Política. Estamos trabajando actualmente el nuevo Plan Nacional de Acción contra la Trata de Personas 2017 – 2021 (PNAT), que esperamos dejarle al nuevo gobierno y tomará todos los lineamientos de la política.
4. ¿Cuáles son las acciones para la coordinación entre los actores que están relacionados en la implementación de la Política Nacional y el PNAT?
Nosotros trabajamos en dos niveles: el primer nivel de articulación es el Consejo Nacional de Política Criminal, allí se encuentran los titulares de más alto nivel de todos los sectores quienes intervienen sobre la trata de personas. El hecho de que hayan aprobado por unanimidad una Política Nacional frente a la trata de personas es muy alentador. El segundo nivel es el Grupo de Trabajo Multisectorial frente a la Trata de Personas, que pertenece al Ministerio del Interior, encargado de operativizar de manera consensuada y articulada las acciones multisectoriales de todo el Estado frente a la trata de personas. La única forma de que esto pueda lograrse y tener efectos es: uno, que los titulares de más alto nivel hagan seguimiento de las políticas, y dos, que a nivel de Grupo de Trabajo Multisectorial, nosotros cumplamos con implementar la política y articular los esfuerzos hacia los lineamientos que dice la política
5. A nivel de los operadores de justicia, atención y servicios, ¿cree que están aplicando de manera eficiente estos protocolos y reglamentos?
No, aún no. Una política no va a tener impacto tan rápido. Creo que los pasos que se han dado son importantes, si bien es cierto pueden ser muy lentos. Pero creo que en un año hemos logrado lo que no hemos tenido en muchos años. Esa nueva visión integral de intervención es más importante, y yo creo que esa nueva política lo que va a generar para que podamos intervenir multisectorialmente es que el nuevo gobierno que ingrese dote los recursos necesarios para lograr ello. Nadie duda que necesitamos albergues, todo un tema de intervención, pero no tenemos presupuesto para eso, pese a que la política lo diga. Creo que hoy día el Estado tiene que trabajar en presupuestar lo que la propia política establece que tiene que cumplir.
6. Entonces, ¿considera que ese es un problema de voluntad política?
Definitivamente, sí. Pero creo que la voluntad política también se ve coaccionada de cierta forma cuando existe una política nacional de obligatorio cumplimiento. Y cuando se evalúe la política a comienzos del 2018, que es el primer tramo de evaluación, se dará cuenta si los operadores han cumplido o no con los lineamientos.
7. Comentarios adicionales
Las políticas no pueden ser de carácter nacional, las políticas tienen que ser focalizadas. Eso quiere decir que si los estudios determinan que la trata de personas se concentra en diez grandes regiones, pues allí hay que intervenir. Los pocos recursos humanos, logísticos, sociales que tiene el Estado no los va a poder aplicar a nivel nacional, tiene que focalizarlos donde mayor incidencia hay, y creo que ese es el éxito que va a tener la política. Yo creo que las políticas tiene que ser focalizadas.
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