La trata de personas es un delito repudiable y subterráneo que cada día crece más en el Perú. La información del Ministerio Público refiere que se han registrado más de 30,000 casos en los últimos seis años y, aunque la cifra ya es de por sí espeluznante, no considera el gran subregistro de casos que existe. Ello porque el Estado no cuenta con un sistema único de registro de casos; por el contrario, cada sector que atiende esta problemática maneja su propio registro con criterios y características particulares, haciendo imposible conocer a ciencia cierta cuántas denuncias y víctimas se registran cada año.
Pero más allá de las cifras, la lucha contra este flagelo enfrenta otros graves desafíos. Como ya lo hemos advertido antes desde CHS Alternativo, este no es un delito aislado, sino que con frecuencia es el último eslabón de una cadena de violencia y explotación. Y precisamente en los últimos años su estrecha vinculación con la criminalidad organizada, la extorsión, el sicariato y los secuestros, han llevado a la trata a niveles sanguinarios. A ello se suma la política restrictiva y el discurso discriminatorio hacia los migrantes, que han impactado en su situación laboral, económica y social, incrementando su vulnerabilidad a convertirse en potenciales víctimas de la explotación sexual y laboral. Las cifras lo evidencian: en el 2014 no existían casos de venezolanas víctimas de trata y hoy son el 85% de los casos de extranjeras rescatadas. Estas mujeres son quizá la población más vulnerable porque no denuncian los casos, debido a su situación irregular o porque simplemente no saben cómo hacerlo.
El panorama de la trata de personas, además, se ha agravado con las diversas iniciativas legislativas aprobadas por el Congreso que están afectando los derechos y la protección de las personas. Normas como la que hace modificaciones a la Ley contra el crimen organizado, que más bien fortalece a las organizaciones criminales que operan en las economías ilegales –como las diversas facciones del Tren de Aragua–, sin duda ya están teniendo un impacto negativo en la protección de derechos y la seguridad de las personas más vulnerables.
Lo más preocupante es que el Estado no está respondiendo como debería ante el avance del delito. En el “IX Informe Alternativo, balance de la sociedad civil 2022-2023: Trata de personas, tráfico ilícito de migrantes y otros delitos contra la dignidad en el Perú” –presentado recientemente por CHS Alternativo, con el apoyo de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID)–, se analiza el avance de los 42 servicios implementados por el Estado a través de la Política Nacional contra la Trata de Personas, y no solo se evidencian las serias deficiencias que existen en los servicios, sino cómo estas carencias impactan en la prevención y persecución del crimen, así como en la atención y reintegración de las víctimas.
El informe da cuenta de la falta de una política nacional de prevención frente al crimen, la falta de albergues especializados para víctimas adultas, niñas, niños y adolescentes o población LGBTQI, las disparidades en la persecución del delito y la invisibilización del tráfico ilícito de migrantes, la ESNNA, el trabajo forzoso y otros delitos contra la dignidad humana. Pero también evidencia la falta un presupuesto adecuado para financiar los servicios implementados con la Política Nacional. En los últimos tres años apenas se han destinado entre 4 a 6 millones de soles anuales para combatir el delito y atender a las víctimas. Pese a que la Política Nacional involucra 42 servicios de 11 ministerios y 4 organismos autónomos, casi el 75% de estos servicios no cuentan con asignación presupuestal. Esto incluye a los ministerios de Educación, Salud, Cultura, Justicia y Derechos Humanos, Relaciones Exteriores, Transportes y Comunicaciones, Energía y Minas y Desarrollo Agrario y Riego, que tienen un rol prioritario en la atención de la temática.
Para agravar más la situación, desde el 2017 el Estado ha dejado de rendir cuentas ante el Congreso sobre sus acciones frente a la trata de personas y una iniciativa legislativa aprobada por el Congreso pretende desconocer la Ley 29918, que creó un día especial para conmemorar la lucha contra el delito y estableció la obligación del premier y los titulares del Interior y la Mujer de acudir ante el Pleno del Congreso para informar sobre los avances en la materia, en el mes de setiembre de cada año. La propuesta, aprobada en primera votación, señala que los ministros solo deberán rendir cuentas ante dos comisiones del Congreso: la de Justicia y la de la Mujer, desconociendo que la trata de personas es un delito pluridimensional.
La normalización de los delitos y las violaciones de derechos son peligrosas. Por eso, desde la sociedad civil nos mantenemos alertas y vigilantes para evidenciar la problemática, denunciar los casos y acompañar a las víctimas. En el Día Nacional contra la Trata de Personas nuestro llamado es al Estado, para que cumpla con rendir cuentas y explique el trabajo que realiza a fin de prevenir el delito y asegurar un sistema de justicia y de reintegración que funcionen y respondan a las demandas de la ciudadanía. Y nuestro compromiso es seguir trabajando por el respeto a los derechos humanos de las víctimas de violencia, trata y otras formas de explotación.
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