La población migrante venezolana en el Perú, además de contar con los mismos obstáculos que encuentra la gran mayoría de los peruanos para desarrollarse íntegramente (informalidad laboral, inadecuado acceso a servicios básicos, discriminación interna, entre otros), tiene el añadido de vivir día a día con voces que le recuerdan que este no es su país y que no son bienvenidos.
La población migrante venezolana en el Perú, además de contar con los mismos obstáculos que encuentra la gran mayoría de los peruanos para desarrollarse íntegramente (informalidad laboral, inadecuado acceso a servicios básicos, discriminación interna, entre otros), tiene el añadido de vivir día a día con voces que le recuerdan que este no es su país y que no son bienvenidos.
La deuda del Estado con las víctimas de violencia de género y trata de personas sigue creciendo. La evidencia sustenta la afirmación. El VIII Informe Alternativo reporta que al año 2021 el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables no cumplió con la meta de garantizar el 100% de las medidas de protección que se debía otorgar a las víctimas y/o testigos de trata de personas.
Gabriela Burgos Ruidias es titular de la Fiscalía Penal Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos e Interculturalidad de los distritos fiscales de Tumbes y Sullana. En la entrevista, la fiscal hace referencia a los derechos de la población migrante y las vulneraciones que sufre a causa de los estereotipos sociales.
