La deuda del Estado con las víctimas de violencia de género y trata de personas sigue creciendo. La evidencia sustenta la afirmación. El VIII Informe Alternativo reporta que al año 2021 el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables no cumplió con la meta de garantizar el 100% de las medidas de protección que se debía otorgar a las víctimas y/o testigos de trata de personas.