La modificación que plantea el Legislativo no es un problema menor. Significa retroceder en los mecanismos institucionales que ya existían para hacerle frente a este delito y ceder ante la explotación humana.

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La trata de personas es un delito que se ha complejizado y ha agudizado su vínculo con las economías criminales. Conversamos sobre este tema con Abby Ardiles, periodista de El Comercio, y Óscar Chumpitaz, periodista de La República, ambos especializados en la cobertura de la criminalidad organizada y las diversas formas de explotación en el país.

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¿Qué está pasando en Madre de Dios? No hay semana que esta región no tenga una noticia de algún hecho de la criminalidad organizada. Secuestran a una fiscal, incautan una tonelada de droga, capturan a los miembros de una organización dedicada al tráfico ilícito de migrantes, asesinan a personas en Puerto Maldonado a plena luz del día y desarticulan bandas que realizan actividades de minería ilegal en zonas reservadas.

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Los cambios significativos que ha experimentado el país en la última década, en lo político, económico y social, también han impactado la dinámica de la trata de personas, que ahora es afectada dos fenómenos de trascendencia global: la migración y el crimen organizado.

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Diana Portal Farfán, adjunta para los Derechos de las Mujeres en la Defensoría del Pueblo, nos comparte el estado situacional de las denuncias por personas desaparecidas y los retos que tiene el Estado para detener este fenómeno que afecta, especialmente, a las poblaciones vulnerables.

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Elvia Barrios Alvarado es jueza suprema titular de la Corte Suprema del Perú, presidenta de la Sala Penal Transitoria y de la Comisión de Justicia de Género del Poder Judicial. En esta entrevista nos explica el cómo desde el Poder Judicial se abordan los casos de trata de personas para que las víctimas obtengan justicia y reparación.

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La deuda del Estado con las víctimas de violencia de género y trata de personas sigue creciendo. La evidencia sustenta la afirmación. El VIII Informe Alternativo reporta que al año 2021 el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables no cumplió con la meta de garantizar el 100% de las medidas de protección que se debía otorgar a las víctimas y/o testigos de trata de personas.

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El trabajo forzoso es un delito grave que vulnera la libertad de trabajo y los derechos humanos de miles de personas en el Perú y el mundo.

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En el Perú, la población migrante es voluminosa. Según la Superintendencia Nacional de Migraciones[3], hay 1 millón 347 mil 893 extranjeros viviendo en el país.

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Recursos, sostenibilidad y reinserción social son la clave para evitar que las víctimas de trata de personas rescatadas vuelvan a caer en la situación de sometimiento en la que estuvieron. Así lo revelaron los hallazgos y recomendaciones del VIII Informe Alternativo, un documento elaborado por CHS Alternativo, en coordinación con la Defensoría del Pueblo, que hace un balance de las acciones realizadas por las instituciones públicas contra este delito durante el periodo 2020-2022.

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