El 9 de enero del 2012 se publicó el Decreto Supremo 001-2012-RE, por el cual se estableció el visado obligatorio como requisito para el ingreso de ciudadanos haitiano al Perú.
Norma aprobada para frenar de alguna manera la creciente migración de ciudadanos de dicha nacionalidad al país. Sin embargo, como versa el dicho «el papel aguanta todo» y la norma pasó a los archivos del personal migratorio.
A mayor dificultad para el ingreso y salida del país, mayor precio.
Es más, sin duda alguna generó más de una sonrisa en aquellas personas y autoridades que como se han señalado en diversas investigaciones periodísticas (Inforegión 4/08/2013 «Coyotes» trafican con el traslado de haitianos en Madre de Dios) han montado una estructura criminal para lucrar con la necesidad de los migrantes. Cabe preguntarse si la División especializada de la PNP DIVINTRAP estará al tanto del tema.
Las cifras hablan por sí solas.
Solamente en el primer trimestre del 2013 la Policía Nacional de Tumbes intervino a 300 ciudadanos haitianos en condiciones de ilegales. Sin contar el número incierto de aquellos que lograron ingresar sin ser detectados.
Políticas urgentes.
Lejos del descontrol evidente por parte de la estructura pública migratoria, la situación paupérrima que viven los ciudadanos haitianos en nuestro país tiene que ser atendida con urgencia. Muchos de ellos están enfermos y viven hacinados en albergues provisionales en las zonas de frontera como Iñapari. Otros son explotados o engañados y son presa fácil de cualquier delito. Se sabe de haitianos explotados en minería ilegal y de otros migrantes abandonados por barcos mercantes en puertos peruanos.
Por lo tanto es necesario incorporar en la agenda pública, las políticas necesarias para prevenir esta situación, sancionar la corrupción vinculada a delitos migratorios y de trata de personas (Ley 28950) e implementar una respuesta humanitaria que permita atender integralmente las necesidades de los migrantes prescindiendo de su estatus migratorio y de conformidad con la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Convención Interamericana en este campo.
Pasando a otro campo, a portas de iniciar el mes contra la trata de personas en el país (setiembre), cabe recordar la obligación del Premier de informar al Congreso sobre los avances en la lucha contra este delito. Hay una agenda pendiente que incluye aspectos desde los presupuestales hasta operativos y de lucha contra la corrupción que no permiten avances significativos.
En próximos número estaremos planteando una agenda pendiente que esperamos sea tomada en cuenta en su informe y anuncios.
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