Entrevista al Dr. Carlos Caro Coria – Socio Fundador y Gerente General de Caro & Asociados y del Centro de Estudios de Derecho Penal Económico y de la Empresa.
¿Cuán nociva es la minería ilegal para el Estado?
Si vemos las cifras del Ministerio del Ambiente hay más de 5000 hectáreas de bosques depredados en Madre de Dios, eso no lo ha hecho absolutamente nadie que realice una actividad formal. Los mineros formales estas sujetos a toda una permisología, desde el punto administrativo, tributario, laboral, transporte e insumos, que hace que exista una regulación vigente en la práctica de su actividad y se respete los derechos que pueda verse afectados al llevarse a cabo esta actividad económica.
En el caso de la minería ilegal, no hay nada que valga, simplemente estamos en un supuesto de que se realice la actividad extractiva, sin asumir los costos que esto significa, empezando por el daño ambiental; entonces, la minería ilegal es una actividad dañina para el medio ambiente y el sistema en general, y hay una vista que no había mencionado que es la tributaria, porque desde el punto de vista de la tributación también hay un dinero que se deja de pagar al fisco.
La minería ilegal genera una serie de delitos colaterales, entre ellos la trata de personas, ¿cuál sería su perspectiva jurídica al respecto?
Aquí existe una situación criminológica grave, el delito más grave asociado a la minería ilegal, por la importancia del bien jurídico protegido, es la trata de personas. La trata de personas, que de por sí para muchos es un delito pluriofensivo, para mí es un delito que tiene como punto de inicio una privación de la libertad, la persona puede terminar muerta, lesionada, con una serie de pérdidas en su salud, integridad, acceso a la justicia, pero digamos que el punto de partida es la privación a la libertad entonces, la minería ilegal por la forma, la informalidad, la ilegalidad en la que se mueve, genera un mercado negro de personas, para diversas finalidades, como mano de obra, que es explotada sin derechos laborales, sin las condiciones mínimas de seguridad e higiene laboral exponiendo su vida, su integridad, su patrimonio, porque no se le retribuye como corresponde, no se respetan las 8 horas de trabajo, no se respetan los días de descanso, no hay dominical, gratificaciones, CTS, nada, eso es la trata de personas con fines laborales.
El otro caso, que es también grave, es la trata de personas con fines de explotación sexual, porque estos campamentos que se organizan para efectos de la extracción del oro, por ejemplo en Madre de Dios, ha dado cuenta de muchísimos casos, en los cuales mujeres y menores de edad en muchos casos, son desviadas de su ciudad con ofrecimientos de trabajo doméstico o de distinta naturaleza y finalmente son apartadas, secuestradas, impedidas de movilizarse por su cuenta, y embarcadas en esta actividad ilegal de explotación sexual. Estamos ante un caso de verdad grave, si hay un motivo importante por el cual la minería ilegal se tiene que erradicar ese motivo tiene como punto de partida la habilitación de la trata de personas, dentro de lo que es la pirámide de valores del sistema penal, la persona humana es el punto número uno, con lo cual el daño ambiental, tributario, son bienes jurídicos de interés secundario frente al primario que es el que se afecta cuando se da un caso de trata de personas.
¿Considera usted que desde el ámbito legal se debería especificar o fortalecer algunas áreas para poder juzgar los delitos colaterales de la minería ilegal?
El problema, desde mi punto de vista, es la motivación del Estado a enfrentar a la minería ilegal, los ministros de estado repudian la minería ilegal porque genera corrupción, daña el medio ambiente, no paga impuestos, pero la verdad muy pocos han izado la bandera de vamos a erradicar la minería ilegal porque esto es una forma de esclavitud, que debería ser, desde mi punto de vista, el punto de partida de las políticas públicas. Lo que hace falta en verdad es invertir el discurso del Estado, convertir el discurso de protección del ambiente, en un discurso de vamos a evitar la esclavitud en el Perú, la esclavitud del siglo XXI donde hay personas que están sufriendo de privación a su libertad de manera absolutamente ilegal en estos campamentos donde se produce la trata de personas.
¿Cómo considera que ha sido la acción del Estado en lo referente a este tema?
Muy reactiva. Se dieron las normas sobre interdicción para erradicar la minería ilegal, las reglas de la interdicción lo que te permite es destruir el campamento, destruir la maquinaria con la que se está realizando o cometiendo el delito lo cual es positivo, aunque para algunos pueda discutirse legal y constitucionalmente porque estamos hablando de la destrucción de bienes sin una resolución judicial, más allá de ello, estamos hablando de una medida bastante útil en cuanto destruye la fuente de trabajo, la razón de ser de la minería ilegal, pero esto no ha venido acompañado en lo mas mínimo de políticas públicas, para poder establecer, por ejemplo, cuál es el censo de personas afectadas por la trata de personas, cuántas personas se calcula que están siendo afectadas por este delito.
Desde el punto de vista de las cifras se estima que la minería ilegal emplea a 100 000 personas, de manera directa y de manera indirecta a unas 400 000, cuántas de estas personas están envueltas en el delito de minería ilegal por trata de personas, esa aproximación empírica no existe y con ese dato el estado podría hacer varias cosas, no se trata solamente de destruir el campamento, si no de llevarle asistencia a las víctimas, las victimas de trata de personas sufren unos daños atroces desde el punto de vista personal, psicológico, su proyecto de vida se ve trunco, entonces no hay un enfoque victimológico para las víctimas de trata de personas de la minería ilegal.
¿Qué recursos cree que harían falta para enfrentar la minería ilegal y los delitos que ésta trae como consecuencia?
Las autoridades tienen más o menos claro, donde están los focos principales de minería ilegal, pero los problemas que se producen son básicamente logísticos, porque enfrentar el fenómeno implica contar con la logística para descubrir el caso, procesarlo y sancionarlo, y eso es lo que está faltando porque la lucha de la minería ilegal cuenta con pocos soldados en este momento, está el Alto Comisionado contra la minería ilegal y las demás autoridades que están a la espera de resultados y qué casos pone a disposición de la fiscalía, en ese sentido las políticas públicas deberían ser mas rápidas o hacerlo mejor, ser bastante mas agresivas, estar a un paso adelante porque como digo, todo esto se resume en una sola expresión, hay peruanos en el Perú, que están sometidos a trata de personas a esclavitud y eso es una realidad frente a lo cual estamos haciéndonos de la vista gorda en este momento.
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