Es una medida positiva en cuanto sus objetivos, pero, al parecer, las consecuencias globales no han sido calculadas con rigurosidad.
«Ella buscaba un empleo, pero la engañaron con falsas ofertas laborales: Denuncia la explotación sexual. Marca el 1818», reza el panel develado el pasado 17 de setiembre en una zona aledaña a La Pampa, en Madre de Dios. En realidad, es el primero de los 17 paneles que conforman la campaña de sensibilización contra la trata de personas realizada por Capital Humano y Social Alternativo y la Municipalidad de Madre de Dios, con el auspicio de USAID.
¿Por qué en Madre de Dios? Esta región es una de las que concentra mayor número de denuncias de trata de personas. En el 2017, por ejemplo, fue, detrás de Lima, la región donde se presentaron más denuncias (143); y en el 2018, tuvo 86, solo superado por Lima y Puno.
Ello se debe, en buena medida, a que Madre de Dios concentra gran parte de la minería ilegal del país. Esta actividad, de por sí dañina y perjudicial para el medioambiente, genera a su vez informalidad financiera, inseguridad y, desde luego, delitos como la trata de personas con fines de explotación laboral y sexual. Y, si bien la minería ilegal se realiza en casi todas las regiones del Perú, Madre de Dios cuenta con gran cantidad de involucrados (más de 50 000, según Proesmin) y con un triste nivel de deforestación: 95 750 hectáreas, desde 1984 hasta 2017 (de acuerdo al Instituto del Bien Común).
¿Y por qué en La Pampa? Desde hace algunos años, esta zona es conocida por ser el lugar más afectado por la minería ilegal, no solo en Madre de Dios sino en todo el país. En La Pampa la deforestación, la contaminación, la ausencia del Estado, la inseguridad absoluta, así como diferentes formas de explotación humana han sido moneda corriente por años. De esta manera, la ubicación de los paneles en lugares cercanos -como Mazuco, Huepetuhe, Puerto Carlos, entre otros-, tiene un claro objetivo: la prevención de la trata de personas y el llamado a que se denuncie casos de este delito.
Asimismo, esta campaña de sensibilización busca sumar esfuerzos en el contexto del «Operativo Mercurio». Como se conoce, este operativo viene siendo ejecutado por el gobierno central en la misma zona de La Pampa. Se trata de un megaoperativo multisectorial que consta de varias etapas y que ha implicado, en principio, el concurso de 1200 efectivos policiales, 300 integrantes de las fuerzas armadas y 70 fiscales. Según el Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la PUCP, se ha logrado el rescate de 52 mujeres adultas y 20 menores de edad, además de la clausura de 30 establecimientos que fomentaban la explotación sexual. Sin embargo, la mayoría de las víctimas decidió regresar a sus centros de explotación a solicitar lo que se le adeudaba.
Entonces, ¿qué ha significado en realidad el operativo? En primer lugar, una medida de esta envergadura es una buena noticia en tanto existe una decisión política que la ha impulsado. Sin embargo, de no ser analizadas debidamente pueden terminar siendo, con el tiempo, solo intentos o una suma de buenas intenciones. Cabe recordar, por ejemplo, las iniciativas legislativas que se dieron en el inicio del gobierno de Ollanta Humala. Se trató, sin duda, de un paquete de normas alentadoras que, lamentablemente, sucumbieron ante la presión de los mineros y apenas si consiguieron un pálido inicio de la formalización minera.
Además, más allá de las cifras presentadas por el gobierno central, los mineros ilegales que laboraban en La Pampa continúan haciéndolo, pero ahora en otros lugares de la región. De esta forma, donde más se han concentrado es en el corredor minero, espacio donde el gobierno de Alan García permitió esta actividad. Sin embargo, los mineros ilegales de La Pampa han llevado con ellos sus formas contaminantes de trabajar. Hay quienes han ocupado concesiones mineras abandonadas y otros se han sumado a lugares ya había pequeños grupos de mineros. Asimismo, otros vienen abriendo nuevos lugares, provocando la deforestación.
En el caso de los lugares donde se ofrecen servicios sexuales (prostíbulos, «prostibares» y night clubs), la mayoría de ellos continúan sus actividades, aunque ahora en menor medida. Por ejemplo, un centro nocturno como «El Faraón», donde trabajaban alrededor de 35 mujeres, ahora lo hacen 7. Los comercios de la zona también han disminuido considerablemente.
En síntesis, la información da cuenta de una población minera que ha salido efectivamente de La Pampa «el lugar está ocupado por policías y militares, al igual que todos los accesos-, pero que se encuentra en espera de que ‘el gobierno se canse’, baje la guardia y permita, gradualmente, el regreso. En tanto, la actividad minera contaminante continúa y el corredor minero, así las cosas, podría ir camino a convertirse en una pequeña Pampa».
Como se ha dicho, es una medida positiva en cuanto sus objetivos, pero parece efectista en cuanto las consecuencias globales no se habrían medido con la rigurosidad suficiente.
Hace unos días el ministro de Defensa, Jorge Moscoso, señaló que la minería ilegal en Madre de Dios debe ser un mal recuerdo en unos dos años o poco más. Como queda en evidencia, el gobierno central no parece tener una idea clara de la situación. Esperemos que, en cambio, el Operativo Mercurio no termine siendo el verdadero mal recuerdo.
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