Matilde Cobeña es adjunta para la Niñez y Adolescencia de la Defensoría del Pueblo. Abogada, con estudios en Maestría en Derecho Constitucional y pos título en Derechos Fundamentales. Desde 1998 se ha desempeñado como docente en la Pontificia Universidad Católica del Perú y desde el 2007 ha sido comisionada de la Adjuntía en Asuntos Constitucionales y, posteriormente, de la Adjuntía para la Niñez y Adolescencia de la Defensoría del Pueblo.
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El caso de la pequeña Damaris ha conmocionado al país y ha puesto en evidencia la problemática del abuso sexual y la explotación que afecta a miles niñas, niños y adolescentes en el Perú. El año pasado, con la pandemia y el confinamiento las cifras de violencia y abuso sexual se incrementaron, ¿cómo estamos actualmente?
La violencia sexual es un problema histórico y gravísimo que afecta a niñas, niños y adolescentes desde hace muchos años. Se trata de un problema estructural en nuestra sociedad, que se origina por diversas causas. Solo en lo que va de este año, ya tenemos más de mil casos de violación sexual a niñas, niños y adolescentes, y de ese grupo, la gran mayoría son niñas y adolescentes mujeres, lo que nos advierte que hay un fuerte componente de género y que somos las mujeres las que, desde niñas, estamos expuestas a situaciones de violencia. Este problema se ha dado desde antes de la pandemia, durante la pandemia y continúa ahora que estamos saliendo de la pandemia. Incluso en pandemia es probable que muchas víctimas se hayan silenciado y no hayan pedido ayuda ni hayan denunciado debido a que estaban en confinamiento con su agresor, corriendo el riesgo de ser nuevamente violentadas. Es probable que en estas circunstancias también hayan aparecido casos que no se conocen relacionados a trata de personas o a temas de explotación sexual o laboral.
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¿Qué factores hacen que este problema se evidencie más ahora?
Hay muchos factores, como los familiares, de la comunidad y de la sociedad. Por ejemplo, está la enraizada cultura de falta de respeto y de desconocimiento de los derechos de la niñez, ya que hay una serie de ideas, que en algunos casos constituyen normas sociales dentro de determinadas comunidades, y creen que hay que castigar a los niños o que los niños son objeto de propiedad de los padres y no tienen derechos ni voz, así que nadie puede decir nada sobre su forma de crianza. Hay algunos padres responsables de los niños que creen tener derecho de lastimarlos, agredirlos, castigarlos y, en el peor de los casos, abusar de ellos y violentar su integridad. Eso es algo que debemos desterrar y trabajar en pautas de crianza positivas que erradiquen estas prácticas. Hay que sembrar la idea de que ellos sí tienen derechos a la vida, la salud y el buen trato. Otras causas relacionadas a la violencia son la desprotección familiar, la falta de educación sexual integral y la cultura del silencio, pues se cree que, si hay un caso de violencia, este se debe de tratar de manera privada y sin salir del ámbito familiar. Pero el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) ha advertido que los mayores casos de violencia se dan precisamente en el espacio familiar.
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¿Cómo debe abordarse esa problemática?
Como se trata de un problema multicausal necesita diferentes tipos de soluciones que deben concentrarse en la prevención y no solo en la atención. Cuando se da un caso de este tipo tiene que actuar el sistema de justicia, y sobre todo el Poder Judicial, que será la entidad encargada de dar la máxima sanción a quienes violenten a los niños. Pero no hay que esperar a que se lleguen a dar estos casos. Hay que proteger a la víctima, no hay que olvidarnos de ella. Se debe prevenir con una mirada de niñez para que no haya ninguna niña y niño violentados.
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En esta materia se han dictado diversas leyes pero no todas se cumplen. ¿Qué hace falta?
Efectivamente, tenemos diversas leyes que están vigentes pero que no rigen para la sociedad, porque no se conocen o porque recién se están implementando. Hay una falta de cultura e información sobre esas normas. Las niñas, niños y adolescentes no saben que existen leyes que los protegen. Por eso, falta que las autoridades difundan más estas normas, pero no solo las autoridades del Gobierno central, sino cada autoridad debe cumplir ese papel que le designan las normas. Las Demunas, por ejemplo, deben ser el servicio principal y más cercano a las niñas, niños y adolescentes en su comunidad y, por lo tanto, deben promocionar sus derechos y prevenir situaciones de violencia. Asimismo, los gobiernos regionales, el MIMP y otras entidades que trabajan temas de niñez y tienen el deber de brindar protección especial. El Estado en su conjunto debe cumplir su deber a cabalidad. Las niñas, niños y adolescentes deben de sentirse protegidos, defendidos y tienen que sentir que el Estado garantiza sus derechos.
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¿Cómo ve el trabajo que realizan las diferentes entidades del Estado que velan por los derechos de las niñas, niños y adolescentes?
No se puede decir que no se ha hecho nada. El Estado, a través de sus diferentes niveles de gobierno y sectores, ha realizado esfuerzos, pero no han sido suficientes, en eso hay que ser claros. De nada vale que haya leyes aprobadas o políticas diseñadas si es que no las hemos logrado implementar y no las hacemos cumplir. Por eso debemos seguir vigilantes. Aunque el contexto nos desborda y los problemas son muchos, no podemos desfallecer, debemos de continuar esta lucha contra la violencia hacia la niñez y adolescencia, pero teniendo claro que aquí el principal obligado es el Estado, cuya función principal es la protección hacia las niñas, niños y adolescentes en su diversidad.
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¿Considera que la educación puede ser una herramienta importante para prevenir estas situaciones de violencia y explotación de niñas, niños y adolescentes?
Por supuesto, no solo en el hogar, sino también en la escuela, hay un espacio propicio para prevenir esa violencia, tanto en escuelas públicas como en privadas, mixtas, religiosas o militares. En el ámbito escolar hay normas y protocolos relacionados a la gestión de la convivencia escolar y la prevención y atención de la violencia escolar. Estos lineamientos, que se han dado en el año 2018, deben aplicarse, de manera que en ninguna escuela de este país un niño se sienta inseguro o sienta que lo están maltratando. Es necesario también que en la escuela se implemente la educación sexual integral, algo a lo que tenemos mucho miedo, pero que es una herramienta para formar a las personas en valores, respeto, igualdad y no discriminación, a fin que desde muy pequeños los niños conozcan sus derechos. El espacio escolar además se puede aprovechar para prevenir otras situaciones de violencia, como la explotación sexual de niñas, niños y adolescentes que, precisamente con la pandemia, ha experimentado un incremento preocupante. En la escuela se puede enseñar cómo tener cuidado con estos avisos u ofrecimientos de trabajo u otro tipo de engaños que podrían configurar un delito y puede llevar a hacerlos caer en explotación sexual, explotación laboral, pedofilia u otros delitos terribles que podrían afectar de manera irreparable e irreversible su vida.
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¿Desde la sociedad civil cómo se puede contribuir en la protección de la niñez y la adolescencia?
Organizaciones como CHS Alternativo ayudan mucho y pueden seguir contribuyendo, fortaleciendo su rol de vigilancia hacia las entidades del Estado y las autoridades competentes para que cumplan con su deber. Muchos de los casos que vemos no son denunciados por las propias víctimas, porque a veces no saben dónde acudir o tienen temor, pero los conocemos por organizaciones como CHS Alternativo, que difunden una cultura de derechos hacia la niñez y adolescencia y están vigilantes ante el incumplimiento de funciones de las autoridades y cuando se presentan casos de violencia sexual en el ámbito escolar, castigo físico y humillante, trata de personas, trabajo forzoso, explotación sexual o laboral, entre otros. Además, hay algo que todos debemos hacer y es escuchar a las niñas y niños en sus necesidades y preocupaciones, pues así se puede ayudar a detectar las situaciones de riesgo y vulneración.
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¿De qué manera la ciudadanía puede aportar a revertir esta problemática?
El mensaje para ellos es que reflexionen sobre el rol que tenemos como sociedad. Parte de ese rol es respetar los derechos de protección especial y todos los derechos que tienen las niñas y niños, contribuir como vigilantes ante situaciones de riesgo, y trabajar para no normalizar la violencia. Hay que quitar la cultura del silencio y empezar a denunciar. Para que una víctima se anime a denunciar debe estar presente el apoyo de la ciudadanía y de la sociedad en general. Hay que hacer justicia, pero no con nuestras manos, sino exigiendo a las autoridades competentes, como el Poder Judicial, el Ministerio Público y la Policía, que realicen investigaciones céleres. Mientras estos procesos se lleven bien y tengamos un Poder Judicial que dicte una sentencia severa contra un agresor en el menor tiempo posible y dentro del debido procedimiento, las víctimas no van a sentir impunidad; pero sí la sentirán si el agresor sigue suelto, no le pasa nada y vuelve a agredir a otros, o si la administración de justicia demora mucho y las víctimas terminan abandonando los procesos por cansancio y por la afectación emocional. Tenemos que buscar, vigilar y exigir que se administre justicia con penas drásticas. Si la sociedad ve eso va a sentir tranquilidad y va a confiar, pero si ve que sus autoridades no cumplen y se distraen con otro tipo de propuestas y medidas, obviamente va a reaccionar. Por eso, no debemos trabajar solo cuando aparece el caso, debemos luchar todos los días contra la violencia y exigir a las autoridades competentes del Estado que cumplan sus funciones.
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