Mientras las organizaciones criminales vinculadas a la trata de personas y otros delitos extienden cada vez más sus tentáculos en el Perú, se aprobó la Ley 32108, contra el crimen organizado, la cual propone una serie de cambios que parecen beneficiar a estos grupos delincuenciales. Para entender a qué nos enfrentamos, conversamos con Jorge Chávez Cotrina, coordinador de las Fiscalías contra el Crimen Organizado del Ministerio Público.
Hace poco se modificó la Ley 32108 contra el crimen organizado ¿cuáles son los cambios más significativos de esta norma y cómo afectan el trabajo de la fiscalía y a la ciudadanía?
La norma se modificó en el carácter penal y en el carácter procedimental. Respecto a lo primero, se cambió lo que se conoce como “organización criminal”. Ahora tiene que tener una estructura compleja desarrollada y ser de mayor capacidad operativa.
¿Qué debemos entender como una “estructura compleja y desarrollada”?
El legislador [que elaboró la norma] no lo ha desarrollado. Ha dado un pequeño concepto de “estructura compleja o estructura desarrollada”, pero no es suficiente como para poder analizar el tipo penal. Para un fiscal puede que una organización criminal tenga estructura desarrollada, pero para el abogado no. Entonces es muy ambiguo. A eso se le suma que deben tener una mayor capacidad operativa, un objeto, fin, el control de una economía de mercado ilegal… conceptos que son tan vagos y tan ambiguos que pueden ser materia de cualquier tipo de interpretación, ya sea por los fiscales, abogados e incluso por los jueces.
De las modificaciones llama la atención la notificación de los acusados al momento de los allanamientos. Ahora se requiere la presencia de un abogado, anulando el factor sorpresa.
Esa es la parte operativa, procedimental. La norma exige que esté presente el abogado de parte y, a falta de este, el abogado de oficio. No existe legislación comparada donde se establezca esta exigencia, en ningún país latinoamericano o europeo se exige que en los casos de allanamiento esté presente el abogado. Es más, en algunos países ni siquiera está presente el fiscal, lo hace solamente la Policía. Se exige la presencia del fiscal para garantizar que la diligencia se lleve en el marco del debido proceso y que se respeten los derechos fundamentales de la persona acusada, pero lo que se hace ahora es desnaturalizar el factor sorpresa.
¿Qué implica esto?
Esto limita la capacidad operativa de la Policía y del Ministerio Público porque uno puede allanar el domicilio, pero no puede registrar si no está presente el abogado. Hemos tenido un operativo con 21 objetivos. Es decir 21 inmuebles que allanar y solamente hemos contado con 12 abogados públicos que no se dieron abasto. Además, los inmuebles están dispersos por diferentes puntos de la ciudad y zonas alejadas unas de otras, lo que hace difícil la presencia de los abogados públicos, que tienen la intención de colaborar, pero humanamente no es posible.
Como el allanamiento a la casa de la congresista Elizabeth Medina, que precisamente ha tenido demoras por la figura de esta ley contra el crimen organizado…
Claro. Y esto trae como consecuencia que, al empezar el registro, ya no se encontraran las evidencias. La razón de ser del allanamiento es el registro y la incautación.
Esta norma es un instrumento que facilita a las organizaciones criminales deshacerse de los instrumentos de sus acciones delictivas, de los objetos del delito y genera más impunidad. Ellos saben perfectamente que ningún fiscal puede entrar a su casa sin un abogado. Incluso pueden rechazar la presencia del abogado de oficio. Esto es inaudito en un Estado que busca la seguridad de sus ciudadanos.
De los casos de crimen organizado, ¿cuántos están vinculados con la trata de personas?
Tenemos todos los casos vinculados al Tren de Aragua, que como es de conocimiento una de sus principales actividades es la trata de personas. Si bien las tres vertientes de esta banda criminal (Los Hijos de Dios, Los Gallegos y los Ayllón) han sido desarticuladas, han quedado otras personas que están siguiendo esa línea. Hay que considerar que el Tren de Aragua viene a consecuencia de la migración de venezolanos, a partir del 2018, pero antes también hemos tenido trata de personas con fines explotación sexual en Madre de Dios, en La Pampa, donde las víctimas eran peruanas, bolivianas y brasileñas. Sin embargo, con la migración, ahora el 90% de víctimas son venezolanas.
¿Qué tipo de protección reciben las víctimas del crimen organizado vinculados a trata de personas?
Tenemos la unidad de víctimas y testigos en la Fiscalía, donde brindamos algún tipo de apoyo. Sin embargo, el Estado no está protegiendo a las víctimas y testigos, los gobiernos regionales y nacionales no están haciendo nada contra la trata personas. El Gobierno Central ya se olvidó que existe el delito. Ellos creen que cambiando la norma la situación va a cambiar y creen que van a desaparecer los delitos de crimen organizado, pero lamentablemente no hay una política seria del Estado para afrontar el tema de la trata de personas. No es solo atacar al delincuente y rescatar a la víctima. Aquí tenemos que recuperar a la víctima. Las víctimas se escapan porque no hay un proyecto para reinsertarlas, no es cuestión de encerrarlas en un albergue. Y no solo es eso, tampoco hay suficientes albergues especializados donde haya psicólogos, psiquiatras, ginecólogos y todos los especialistas, expertos que necesitan.
En ese contexto ¿considera usted que la nueva norma fortalece a las organizaciones como el Tren de Aragua y sus vertientes?
A todas. La nueva norma lo que trae es una sensación de impunidad y eso las hace más peligrosas, más avezadas y violentas. La norma está dada para favorecer a la criminalidad y no favorecer la seguridad de toda la colectividad.
¿Cuál cree que ha sido el origen de crear una norma que ha terminado fortaleciendo a estas redes criminales?
Sacar los delitos de corrupción de funcionarios dentro del marco de organización criminal. Esa ha sido la intención, pero se les fue la mano y no pensaron que había otro tipo de delitos penales. Hubieran sido más honestos en sacar una ley que diga que todos los funcionarios públicos están exentos de culpabilidad por todos los delitos que cometen en su función.
Estudios de CHS Alternativo estiman que las economías criminales en el país movilizan más de 7 mil millones de dólares al año, presupuesto que no es superado ni por el Ministerio Público ni por el Poder Judicial y el Ministerio del Interior juntos para luchar contra el crimen. ¿Considera que la lucha contra la criminalidad es un tema de voluntad política? ¿Qué es lo que no está funcionando?
Para enfrentar a la criminalidad lo primero que se tiene que hacer es fortalecer a las instituciones que administran justicia, como a la Policía Nacional. Se tienen que sincerar los sueldos del personal, porque con sueldos miserables no pueden vivir. Se tiene que sincerar el presupuesto del Ministerio Público y del Poder Judicial. Todos estamos viviendo con presupuestos miserables. Si usted no fortalece sus instituciones no se puede enfrentar al crimen organizado. Ellos mueven siete mil millones y nosotros no movemos nada. Mientras un delincuente se moviliza en un BMW, nuestra Policía Nacional se moviliza en un mototaxi.
Hace poco se aprobó facultar a la Policía Nacional el liderazgo en la investigación preliminar de los delitos, función que era competencia del Ministerio Público. Esto también contradice la Constitución. ¿Afecta este cambio el trabajo en su despacho?
Esta norma no afecta mucho a la Fiscalía Especializada contra el crimen organizado porque nosotros trabajamos siempre en coordinación con la Policía Nacional. El problema lo tienen las Fiscalías Penales Corporativas, que ven delitos comunes. Pero, ante todo, la norma es inconstitucional y tiene contradicciones gravísimas. Tan graves que hacen a la norma inaplicable.
¿Qué se necesita para una lucha eficaz contra las organizaciones criminales?
Pues tener una política seria contra la criminalidad con cuatro ejes: prevención, protección, interdicción y penitenciaria. Es como una mesa de cuatro patas. Esa es una política contra la criminalidad. Si le falta una pata, la mesa se va a caer. No es cuestión de aumentar penas o tipos penales, porque eso no soluciona la criminalidad en ningún país del mundo.
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