Leonardo Caparrós Gamarra es abogado y politólogo. Fue viceministro de Justicia y jefe del Instituto Nacional Penitenciario (INPE). Actualmente es parte del Consejo Directivo de CHS Alternativo y apoyó en la redacción de la ley 31664, que busca garantizar entornos seguros en Internet para niñas, niños y adolescentes.
Usted participó en la redacción del proyecto que obliga a las empresas que ofrecen el servicio de internet a tener registros y filtros para evitar que menores de edad accedan a contenidos pornográficos y violentos. ¿Cuál fue el aporte principal de esta ley?
Cambiamos varias cosas (en la forma cómo se fiscalizaba el servicio de Internet en cabinas públicas). Apostamos por la desregulación para mejorar la eficiencia. Por ejemplo, antes las municipalidades pedían fiscalizaciones trimestrales a las cabinas de Internet. Esto no tenía sentido, pues una ley no puede indicar cuántas veces y de qué manera se tiene que fiscalizar, se debe hacer de acuerdo a la capacidad para hacerlo. También se imponía la obligación de tener un comité especial para esa tarea, es decir tener una instancia más. Eso se eliminó y se asignó la función a los comités de seguridad ciudadana, que ya existían para eso. Además, la norma se concentraba en las cabinas de Internet, y en realidad hay otros espacios donde los jóvenes tienen acceso a este servicio, entonces incorporamos la experiencia de los grandes hoteles.
¿En qué consistía eso?
Por ejemplo, en un gran hotel, una persona puede acceder a internet, pero se le bloquean determinadas páginas. Para acceder tiene que tener autorización y/o pagar. No veíamos ninguna razón para que el Internet de acceso público sea totalmente libre. Si yo estoy en un parque, en un museo o en cualquier lugar que tiene internet de acceso gratuito algunas páginas deberían estar bloqueadas. Y si alguno de estos lugares quisiera dar acceso a pornografía u otro contenido, como una posibilidad, pues tendría que ofrecerlo con las medidas de seguridad respectivas.
¿Qué se cambió respecto a la responsabilidad de las empresas operadoras de estos servicios?
Se hizo un cambio para que las restricciones que tienen que tomar las empresas duren todo el tiempo que dura la relación contractual con el usuario. También pedimos que le informen constantemente (a los usuarios) que pueden autorizar o restringir este acceso. Además, se estableció que incumplir esta obligación sea una infracción grave, pues antes no tenía una sanción, con lo cual el incentivo para el cumplimiento estaba limitado.
Esta ley se aprobó y promulgó, pero han pasado más de dos años y medio y no se ha reglamentado. ¿Sin esta reglamentación sería posible implementar las disposiciones de la ley? ¿Cuáles son las consecuencias de esta falta de reglamentación?
En lo que se refiere al papel de los Comités de Seguridad Ciudadana y al tema de la fiscalización municipal, se podía aplicar ni bien salió la norma. Respecto al alcance de la ley en empresas que brindan el servicio de internet, estas necesitan el reglamento pues la norma cambia sus obligaciones. Sobre las sanciones, por un principio de legalidad es complejo, pues si el reglamento no adiciona la sanción exacta, es difícil aplicarla.
Es decir, si una parte de esta norma sí puede implementarse sin reglamento, el hecho de que no se haga, ¿es voluntad política?
Sí. Los municipios tienen la capacidad de reglamentar, tomar medidas preventivas e ir haciendo sus propias ordenanzas. Solo en el caso de la Presidencia de Consejo de Ministros, que es la encargada de la reglamentación, hay una demora.
¿Por qué demora tanto una reglamentación?
No son normas ni reglamentos complejos. Requieren algo de discusión y compartir con los actores involucrados. Ahí vemos algo triste y es que el Congreso pierde el tiempo en muchísimas cosas y no fiscaliza que el Poder Ejecutivo reglamente sus normas. Cada vez que se emite una norma, parte de su trabajo es asegurarse de que se cumpla con la reglamentación para que esta entre en vigor.
¿La inestabilidad y la crisis política están repercutiendo en estos procesos?
Yo creo que no hay un entendimiento sobre la importancia que tiene la protección de las niñas, niños y adolescentes en Internet, las redes sociales y cómo esto afecta sus vidas. Lo que yo creo es que hay miopía, porque siempre hay crisis en nuestro país, y siguen saliendo reglamentos de temas productivos y económicos que sí les interesan.
¿Qué opina sobre los avances del Gobierno en materia de protección frente a los riesgos digitales que afectan a niñas, niños y adolescentes (Decreto Supremo 002-2025-MIMP y Ley 32314)? ¿Considera que las leyes dadas son suficientes frente a este nuevo contexto de violencia digital o hay materias en la que se debe legislar?
Algo en lo que coinciden muchos expertos es que la parte regulatoria es la que menos efecto tiene en estos problemas. Podemos hacer muchos esfuerzos, pero el Internet es un mundo de tantas posibilidades y múltiples entradas. La mayor parte de los chicos están expuestos al Internet en sus casas, con permiso de sus padres, no tienen que irse a buscarlo a la calle. Dicho esto, creo que pese a todo el marco regulatorio creado y que se puede fortalecer, lo principal es un tema educativo.
Una encuesta de CHS Alternativo evidencia que en Lima y Callao el 60% de los adolescentes interactúa en línea con potenciales agresores sexuales que usan perfiles falsos y el 20% estaría dispuesto a compartir fotos de contenido sexual en Internet. ¿Qué se podría hacer desde el Ejecutivo, el Congreso, los gobiernos regionales y locales para promover espacios de prevención
Invertir. Hay que invertir agresivamente en el trabajo en colegios y diseñar estrategias que lleguen a los muchachos. No se trata de poner un aviso en el periódico o en Internet. Se necesita inversión para la prevención. Y es urgente porque no solo tienes potenciales víctimas sino también agresores.
Estudios de CHS Alternativo indican que solo el 3.2% de menores acudiría a autoridades para denunciar un caso de grooming o explotación sexual. ¿Qué acciones considera que se deben implementar para impulsar la denuncia de estos delitos?
Ese es un problema más complejo, porque no tiene que ver mucho con la confianza, las ganas o la vergüenza de la niña, niño o adolescente para denunciar, sino con la confianza de las familias en la autoridad. Yo creo que el Ejecutivo, más que trabajar en la demanda, debe trabajar en la oferta. Y aquí la oferta es que la policía pueda convencer (a la ciudadanía) que puede ofrecer un servicio útil, protector, respetuoso y eficiente.
Y también se necesita inversión.
Sí. Aquí hay una cosa interesante. Todos los problemas que hemos apuntado hablan del internet y la virtualidad, por tanto, las oficinas para denunciar también deberían ser virtuales. Yo debería poder conectarme por un Zoom con el policía, con cargo a que este verifique lo narrado. Mientras que estos chicos son acosados por Internet en dos minutos, para hacer la denuncia tienen que ir a la Avenida España a esperar ser atendidos. Las soluciones son demasiado engorrosas. Yo creo que podríamos tener soluciones más rápidas si también la policía comienza a aplicar tecnología en la atención.
Estas situaciones de riesgo ocurren en plataformas como Meta, TikTok, entre otras ¿hay algún marco regulatorio o sancionador nacional al respecto?
El problema es que normativamente yo no puedo regular lo que sucede dentro de plataformas como Facebook. Ellas ya tienen una regulación interna que prohíben todos estos actos. No hay nada que yo pueda aportar como país. Estamos no en el mundo de la regulación, sino en el mundo de la ejecución y aplicación de la norma. Y de eso sí solamente se pueden encargar ellos, denunciando si encuentran filtraciones a su sistema. Es complejo. Por eso la educación en casa es bien importante.
¿Cómo se puede hacer de Internet un lugar más seguro en el Perú? Desde la sociedad civil, ¿cómo podemos ayudar en esta tarea?
Implementando espacios de discusión e impulsando la educación y la integración de experiencias en colegios públicos y privados. Y generando información para que nuestros hijos no confíen en todo lo que ven en estos espacios. Pero eso requiere inversión y, del lado de la sociedad civil, mucha preocupación y el seguimiento a estos temas.
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