En el año 2007, conjuntamente con la aprobación de la Ley 28950 contra la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes, se declaró al mes de mayo como el mes de lucha contra la explotación sexual de menores de edad en el país (Resolución Ministerial No. 122-2007-MIMDES).

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La aparición de más canales de comunicación y los nuevos usos de los dispositivos tecnológicos han facilitado el intercambio de información y el acceso a recursos antes inimaginados. Sin embargo, también han abierto una puerta para la comisión de delitos que inicialmente podrían no ser catalogados de esa manera. Por ejemplo, ¿quién podría considerar peligroso navegar en Facebook o jugar un par de horas en Free Fire?

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Eliana Revollar Añaños es defensora del Pueblo encargada. Abogada y magíster en protección de los Derechos Humanos. Trabaja desde 1997 en la Defensoría del Pueblo, donde desde el 2017 fue adjunta para los Derechos de la Mujer.

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Este año 2022, nuevas evidencias han demostrado la fragilidad social que existe frente a la explotación humana; la muestra de ello es la pasividad con que las personas enfrentamos nuestra propia situación y la de los demás.

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“Por las voces que no pudieron ser rescatadas”, este y otros mensajes recorrieron las calles de Puerto Maldonado, en aras de recordar a las víctimas de explotación humana en la región y sensibilizar a la población sobre las situaciones de riesgo que pueden exponer a la ciudadanía a caer en redes de trata de personas.

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La pandemia nos ha enfrentado a todas y todos a una nueva normalidad que jamás hubieramos imaginado. Hemos trasladado nuestras actividades laborales, académicas, sociales y de entretenimiento al espacio digital. Ello debe invitarnos a reflexionar sobre las nuevas formas de cuidado respecto a quienes protegemos, pues la violencia psicológica, física, sexual y/o económica también se vive con intensidad en los espacios digitales, y afecta de manera diferenciada a las niñas, niños y adolescentes (NNA).

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Observación General 25, un hito que compromete a los Estados en la protección de las niñas, niños y adolescentes en Internet.

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Efectivos de la DEPINCRI de Moyobamba y con presencia del Ministerio Público, se intervino a Walker Urrutia Guerra, de 38 años de edad, quién a través de mensajes y llamadas telefónicas, estaba seduciendo a una menor de edad para realizar actos sexuales a cambio de dinero.

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La Policía Nacional del Perú capturó a una banda criminal conformada por dos mujeres que se dedicaban a la explotación sexual de menores de edad en Huacho. Esta organización captaba a las adolescentes mediante las redes sociales y les ofrecían trabajo como anfitrionas o repartidoras de cócteles.

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