En el mes de agosto se realizó la presentación del VII Informe Alternativo – Balance de la sociedad civil sobre la situación de la trata de personas en el Perú a nivel nacional, este es un exhaustivo y detallado balance de la sociedad civil sobre las acciones adoptadas por las instituciones públicas de los distintos niveles de gobierno los dos últimos años para implementar el vigente Plan Nacional contra la Trata de Personas.
Este documento, desarrollado por CHS Alternativo con el apoyo de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional- USAID, señala importantes retos que el Estado debe cumplir a corto plazo; tales como la implementación de un programa presupuestal multisectorial para encarar la trata de personas en todos los niveles de gobierno.
El pasado 2 de agosto el jefe del Gabinete, Walter Martos, y la ministra de Economía y Finanzas, María Antonieta Alva, sustentaron, ante el pleno del Congreso, los proyectos de Ley de Presupuesto, de Endeudamiento y de Equilibrio Financiero del Sector Público para el Año Fiscal 2021, el cual suma S/ 183 029 millones, un 3,2% más respecto al presupuesto público del 2020 (S/ 177 367 millones).
Los sectores cuyo presupuesto se ha incrementado son educación y salud, que considera el financiamiento de la atención sanitaria en el marco del Covid-19.
Es necesario incrementar la asignación presupuestal para la lucha contra estos delitos, se estima que se requieren, al menos, 96 millones de soles para financiar el PNAT el 2021. Queda de nuevo como un pendiente, pese a que ya se cuenta con la Ley 30925, que se inicie un programa presupuestal para financiar el plan ya mencionado.
Es comprensible que se priorice la atención y prevención sanitaria del Covid-19, pero no se puede dejar de lado, las otras consecuencias que esta pandemia está generando. El incremento de la pobreza, la informalidad, el subempleo y la inseguridad están trayendo consigo más víctimas de trata de personas, trabajo forzoso y explotación sexual.
Es necesario incrementar la asignación presupuestal para la lucha contra estos delitos, se estima que se requieren, al menos, 96 millones de soles para financiar el PNAT el 2021. Queda de nuevo como un pendiente, pese a que ya se cuenta con la Ley 30925, que se inicie un programa presupuestal para financiar el plan ya mencionado.
Asimismo, los gobiernos regionales y locales deben asignar en sus presupuestos las partidas correspondientes para la lucha contra la trata de personas y no descuidar su ejecución correspondiente.
Los animamos a exigir una respuesta más decidida y eficiente del Estado peruano; un primer paso será a través de la firma de un petitorio para que el presidente del Consejo de Ministros y el Ministro del Interior rindan cuentas este 2020 ante el Congreso sobre las acciones de prevención y lucha contra la trata de personas. Que sustente la necesidad de un incremento presupuestal. Hagamos que se cumpla la Ley 29918.
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