Javier Ruiz-Eldredge Vargas es consultor en políticas públicas, especialista en temas de lucha contra la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes y ex director de la Dirección de Derechos Fundamentales del Ministerio del Interior.
¿Considera que el Estado Peruano ha avanzado en el combate del delito de trata de personas?
Sí, se ha dado un avance, por lo menos en el ámbito normativo, con la aprobación y promulgación de la Política Nacional frente a la Trata de Personas y formas de explotación al 2030, que ya se está implementando. Si bien los primeros meses han sido difíciles, porque además ya teníamos un Plan Nacional que terminó en diciembre del 2021 y que no pudo concluir todas sus metas, el nuevo documento corrige algunos defectos. Nos orienta en relación a la prevención, persecución e investigación de este delito y la protección y atención a las víctimas.
Otro de los avances también fue agrupar a la trata de personas como uno de los delitos contra la dignidad humana. Esa modificación ayuda a que desde el Código Penal haya una tipificación más certera y que fiscales y jueces puedan proseguir las investigaciones y emitir sentencias que sean más apropiadas y severas contra este delito.
¿De qué manera la pandemia afectó en la incidencia de este delito?
Si revisamos el tablero interactivo del observatorio contra la trata de personas del Ministerio del Interior, se puede ver que antes de la pandemia las cifras eran elevadas; sin embargo, durante el 2020 y 2021 las cifras aparentemente bajan. Eso llevaría a pensar que hubo una disminución del delito, pero no fue así. En primer lugar porque las personas tuvieron dificultades para denunciar y segundo, porque muchos efectivos policiales fallecieron como víctimas de COVID-19 mientras ejercían su trabajo para garantizar el distanciamiento social. Por otro lado, también están las rotaciones, los cambios de mando en las cabezas del sector, cambios de ministros, en fin. Otro tema importante, es la falta de registro que no se ha realizado cuando se tienen un sistema especializado como el RETA (Sistema de Registro y Estadística del Delito de Trata de Personas y Afines). Lamentablemente por un cambio de gestión anterior, deciden no continuar con este sistema, sino con uno diferente, con otro proceso y donde se colocó a la trata de personas como un delito dentro de crimen organizado, perdiendo la especifidad. Y ahí es donde se insistió, por eso desde la Dirección contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes de la Policía Nacional ya hay un pronunciamiento por parte del general Guillén, en donde señalan que el RETA tiene que fortalecerse y que va para adelante. Será un RETA 2 porque será mejorado y se ha trabajado para homogenizar criterios con los sistemas del Ministerio Público y RENIEC, para que puedan conversar y haya cifras más reales.
¿Qué factores de vulnerabilidad presentan las víctimas de este delito?
Ocurre que algunas víctimas no se sienten como tal, entonces cuando son rescatadas se sienten aprisionadas en los centros de atención especial. Es un proceso largo que requiere un acompañamiento tutorial especializado e individualizado, que debe de comprender que hay que trazar un nuevo proyecto de vida para cada una de las víctimas. Y también está la población LGTBI, que no cuenta con albergues especializados y requieren de una atención especial porque que no pueden tener el mismo acompañamiento que niñas, niños, adolescentes o mujeres adultas. En este caso también hay un factor de vulnerabilidad porque allí el sistema de protección brinda albergues temporales que muchas veces no superan los tres meses y las víctimas rescatadas corren el riesgo de regresar con sus victimarios.
Otro factor de vulnerabilidad se presenta el contexto en el que las víctimas fueron captadas, por ejemplo, el uso de las redes sociales.
Precisamente en la pandemia, en donde la virtualidad se incrementó, también lo hicieron las situaciones de explotación sexual. Se empezaron a crear sitios como Only Fans que promueven la explotación sexual o a veces son las propias personas – adultas– que recurren a esto como un medio de vida. De hecho, hace poco se ha capturado a una red internacional que se dedicaba a la pornografía infantil con más de 200 miembros, donde Perú tenía cerca de 50 o 70 integrantes. Este ha sido un trabajo de seguimiento de años.
¿Qué retos considera que tiene el Estado peruano para hacerle frente a la trata de personas?
Yo creo que en primer lugar, tiene que continuarse fortaleciendo los espacios de lucha contra la trata de personas. El Ministerio del Interior es el ente rector de la lucha contra la trata de personas. Y eso parte de que el propio ministro reconozca esa rectoría. Habiendo estado dentro del Ministerio sé de las carencias que existen para que nuestra policía pueda enfrentar este delito. Se han creado unidades especializadas en casi todo el país, pero tenemos unidades que son muy pequeñas, que tienen tres efectivos policiales o tenemos regiones como Madre de Dios que tienen solo nueve efectivos.
¿Nueve efectivos policiales para una de las regiones con mayores víctimas de trata de personas en el país?
Justamente la región que mayores problemas tiene por actividades como la minería ilegal. Por ejemplo, la zona de La Pampa tiene nueve efectivos policiales especializados en trata. Por otro lado, en Puno, hay policía especializada, pero son escasos y muy pocos los que están asentados en La Rinconada, que es la peor zona, conocida como foco de explotación y trata de personas. Esto ocurre por falta de comisarías, por falta presupuesto. Para la lucha contra la trata de personas se requiere de recursos y ahí la cabeza que es el ministro es el que tiene que estar detrás de esto y pelearlo ante el ministerio de Economía y Finanzas. Con el apoyo de CHS Alternativo, a través del proyecto CPC, se ha estado trabajando en la propuesta de un expediente técnico para abrir un presupuesto ligado a resultados que separe de seguridad ciudadana lo que es el combate contra la trata de personas, y se fortalezcan los presupuestos y las cadenas presupuestales que van a alimentar, no solo al Ministerio del Interior o la Policía Nacional, sino también a las regiones
¿Podríamos decir que falta un real compromiso de las autoridades en la lucha de este delito?
Yo creo que sí, porque hay que fortalecer muchas cosas. Tiene que reconocerse ese factor y evitar la alta rotación que existe en la policía y el propio ministerio. Tenemos que avanzar en el carácter sistémico, tenemos que ver la implementación de la política nacional pero con el presupuesto adecuado, porque sin eso por más políticas que tengamos- y esta es buena-, no podremos ejecutar todo lo previsto. Por eso no se pudo culminar el plan nacional, porque no había presupuesto. Por ejemplo, la Dirección General de Seguridad Democrática perdió parte de su presupuesto y el área de lucha contra la trata, la mitad de su presupuesto. Eran más de 4 millones, que ya eran insuficientes, y ahora está en un poco más de dos millones. Quedó reducida la posibilidad de apoyar, tecnificar a la policía, darles instrumentos y equipos necesarios para el combate contra el delito. Eso tiene que recuperarse.
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