Henry Aguilera Rodríguez es director general de la Dirección General de Niñas, Niños y Adolescentes del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. En esta entrevista responde nuestras consultas sobre los retos que enfrenta este sector en la prevención y atención de la explotación sexual de niñas, niños y adolescentes en el espacio digital.
La explotación sexual de niñas, niños y adolescentes (ESNNA) es un delito que en los últimos años se está incrementando en el país. ¿El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) tiene cifras actualizadas sobre denuncias y víctimas?
Sí. Contamos con las cifras que el Ministerio Público nos entrega. En el año 2022 se registró un promedio de 283 denuncias y en el 2023, 151 denuncias por este tipo de delitos. Los Centros de Emergencia Mujer también atienden estos casos, aunque con una data menor. Durante el 2023 se reportaron 46 casos. No obstante, sabemos que el gran problema con los casos de explotación sexual de niñas, niños y adolescentes es el subregistro a causa del desconocimiento.
La pandemia influyó en este incremento de casos, la educación, las dinámicas sociales de niñas, niños y adolescentes se trasladaron a la virtualidad. ¿Cómo ven desde el MIMP el avance de esta problemática?
Es preocupante. Sabemos que la pandemia volcó a niñas, niños y adolescentes a los medios virtuales porque es ahí donde recibían sus clases. Y sabemos de los beneficios y peligros que hoy significan estas plataformas. Las noticias que recibimos de captación en redes sociales con fines de explotación y trata de personas representan el 54% de los casos de las desapariciones y están siempre vinculadas a este grupo etario que, justamente, son los más expuestos al espacio digital.
Desde CHS Alternativo, junto con la red Grooming Latam, presentamos los resultados de una encuesta sobre el grooming en el Perú. El estudio señala que 5 de cada 10 niños, niñas y adolescentes (NNA) hablan con desconocidos por Internet. También que a 5 de cada 10 NNA les solicitaron ser algo más que amigos por la misma vía, y 2 de cada 10 habrían recibido propuestas para compartir contenido íntimo. ¿Qué reflexión le merecen estas cifras?
Los resultados nos demuestran que aún hay mucho desconocimiento de los riesgos que existen en las redes sociales por parte de niños, niñas y adolescentes, pero sobre todo de los padres, madres y cuidadores que están llamados a proteger y orientar estas interacciones. Tenemos un reto pendiente por asumir como Estado, sociedad civil y como Gobierno frente a una realidad que nos empieza a rebasar. Hemos tomado muchas de las cifras que han mostrado en este estudio para poder sumarlas a nuestras campañas informativas, como ‘Conéctate sin riesgos’.
La encuesta también evidencia que los potenciales agresores utilizan diversas estrategias para contactar a sus víctimas. ¿qué acciones se está tomando desde el MIMP además de las campañas de comunicación?
Tenemos un importante rol en las acciones de atención a víctimas de este tipo de casos a través de los Centros de Emergencia Mujer (CEM), las Unidades de Protección Especial y los Centros de Acogida Residencial. La ministra Ángela Hernández ha dispuesto la elaboración de una estrategia para prevenir la violencia sexual hacia niñas, niños y adolescentes con un componente en los riesgos que existen en línea. La estrategia de intervención se denomina “Prevenir para proteger”. Y esto no deja de lado la atención de la ESNNA en el espacio digital.
¿Los Centros de Emergencia Mujer atienden casos de explotación sexual en el espacio digital?
Sí, los Centros de Emergencia Mujer también atienden estas situaciones. Son espacios que ya están abocados a ello, por eso es que tenemos un reporte preliminar. De repente los usuarios no tienen conocimiento de que a través de los CEM también se puede denunciar ese tipo de situaciones, así que los invitamos a que lo hagan. Son espacios que están capacitados y aptos para poder recibir este tipo de denuncias.
Para prevenir los riesgos es clave que tanto niñas, niños y adolescentes, y sus padres comprendan qué implica el grooming; sin embargo, en la encuesta que mencionamos se reporta que casi el 80% menores de edad no sabe en qué consiste este delito ¿Qué se ha previsto para mejorar la información?
Las campañas comunicacionales y de sensibilización son muy importantes para ello. Insistimos en que hay que difundir los riesgos de las redes sociales y los entornos virtuales para las niñas, niños y adolescentes. Y esta difusión implica que la información llegue no solamente a ellos, sino también a los padres, madres y docentes para poder entender la magnitud del problema.
En materia de legislación, ¿cómo va el Perú? ¿considera que se están tomando actualmente las acciones que se necesitan?
No hay forma de que prevengamos y atendamos si es que no hay una sanción ejemplar a todos estos casos. Y eso es un reto para el Estado peruano en su conjunto, que se persiga el delito con eficacia y celeridad. Sabemos que hay avances importantes en la Policía y el Ministerio Público. Se están haciendo labores de inteligencia que están permitiendo desbaratar bandas de pornografía infantil, por ejemplo. Sabemos que los casos pueden ser mucho mayores y complejos, consideramos que hay una importante articulación en este trabajo.
¿Y respecto al marco normativo?
Hacia diciembre del año pasado se publicó el Decreto Legislativo 1591 que tuvo un avance a nivel de la protección de niñas, niños, adolescentes en entornos digitales e incrementó las penas hacia los delincuentes que realizan proposiciones sexuales a niñas, niños y adolescentes de 6 a 9 años. Asimismo, se estableció algunos mecanismos adicionales en la persecución del delito. Por ejemplo, se incorporó la figura del agente encubierto en los entornos digitales y una mejor articulación de las instancias vinculadas a la inteligencia e información, como la Policía, el Ministerio Público, las Fuerzas Armadas, la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital de la Presidencia del Consejo de Ministros, entre otras instituciones.
En noviembre del año 2022, el Congreso aprobó la Ley 31664, la cual obliga a los proveedores de servicios de Internet a informar sobre la instalación de filtros parentales al momento de la contratación del servicio. Sin embargo, hasta la fecha esta ley no cuenta con una reglamentación que determine las infracciones y sanciones para las empresas que omiten esta norma…
Las reglamentaciones son sumamente importantes para poder viabilizar la implementación y cumplimiento de las leyes. No tengo alcance de por qué no se ha producido. Vamos a indagar sobre ello para poder tener una respuesta más clara y promover que efectivamente esto se dé. Las leyes tienen que reglamentarse aún cuando sus procesos sean complejos.
¿Se ha considerado algún plan para promover la prevención de los delitos que afectan a niños, niñas y adolescentes, considerando su voz como protagonistas?
Desde la implementación de nuestras políticas, sobre todo de la Política Nacional Multisectorial para las Niñas, Niños y Adolescentes, tenemos un eje de suma importancia en los objetivos prioritarios, esta es la participación de los menores a través de los Consejos Consultivos de Niñas, Niños y Adolescentes, los CCONNA. Para nosotros, como institución, es importantísimo saber qué opinan, qué piensan. Ellos son los expertos en niñez a los que tenemos que escuchar.
Finalmente, qué se ha realizado o va a hacer el Estado peruano para responder la Observación General Nº25 del Comité de los Derechos Humanos del Niño, Niña y Adolescente, la cual señala que la protección digital de los niños debe ser parte integrante de las políticas nacionales de protección de la infancia.
Varias acciones. Las estrategias que se implementan, las campañas de comunicación para la prevención y de manera concreta la Política Nacional Multisectorial para las Niñas, Niños y Adolescentes -que tiene vigencia al 2030- y que es el instrumento marco que rige el accionar del Estado. Todo esto tiene dentro de sus componentes aspectos que nos permiten establecer una política pública de cumplimiento obligatorio que todos los sectores e instituciones tienen que seguir.
¿Qué más se necesita fortalecer desde el Estado para poder garantizar una adecuada protección de las de las infancias y adolescencias en el espacio digital?
Creemos que toda problemática que el Estado afronta no puede ser desde una sola institución. El gran reto es la articulación del Estado. La explotación sexual, los riesgos en línea no son ajenos a ello. Si no se involucran los gobiernos locales y los gobiernos regionales no vamos a poder llegar de manera efectiva a los territorios ni a tener una intervención efectiva en las zonas alejadas. Cada espacio local es distinto. La problemática de la ESNNA no es la misma en Tumbes ni en Madre de Dios o en Iquitos. Las zonas urbanas donde hay mayor acceso a Internet tienen una potencialidad más dura de estos riesgos a diferencia de las zonas rurales.
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