La violencia de género es una problemática grave que está en aumento en el Perú. La evidencia lo confirma: cifras oficiales del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables registran cada año un promedio de 140 mil denuncias por casos de violencia física, psicológica, económica y sexual, entre las que hay casi 20 mil niñas y adolescentes que son víctimas de violación sexual. Aunque esas cifras ya suenan abrumadoras, no son las únicas. La trata de personas, y en particular, la trata con fines de explotación sexual, considerada como una de las peores formas de violencia de género, también tiene como principales víctimas a las mujeres.
Según reportes del Ministerio Público, entre 2018 y abril de 2022, hubo casi 30 mil denuncias por trata de personas y se calcula que más del 80% de víctimas fueron mujeres. Los explotadores prefieren sobre todo a las menores de edad (50%) y buscan a adolescentes entre los 14 y 17 años, aunque cada vez las víctimas son más jóvenes. La situación se ha agravado con el aumento de la población migrante, pues hoy en día niñas y adolescentes extranjeras también vienen siendo captadas para este delito y hay, incluso, registros de menores de solo 12 o 13 años víctimas de explotación sexual. En general, si en el año 2019 se hacía pública la existencia de solo dos víctimas extranjeras, para el 2023 las víctimas venezolanas ya eran 154 (según las Fiscalías Especializadas contra la Trata de Personas).
En la población joven el entorno virtual se ha convertido en el principal espacio de captación. En la mayoría de casos, niñas y adolescentes son contactadas por medio de redes sociales y plataformas de videojuegos, ya sea ofreciéndoles una supuesta amistad o noviazgo, una oferta de trabajo, “ayuda” económica” o brindándoles regalos o premios virtuales. El despliegue de los explotadores es diverso y en la actualidad aprovechan hasta las billeteras digitales para sus fines. Usan la estrategia del engaño y seducción para hacer contacto y establecer una relación con una menor de edad, jugando con sus necesidades, expectativas y aspiraciones. Su finalidad es convencerlas para obtener, distribuir y comercializar material con contenido de abuso sexual infantil, o pedirles contactos físicos para explotar a sus víctimas presencial o virtualmente.
Una encuesta de CHS Alternativo ha dado a conocer datos reveladores sobre el peligro que corren los más jóvenes: 5 de cada 10 menores de edad reconocen que mantienen conversaciones con personas desconocidas a través de Internet, 4 de cada 10 señalan que estas personas les han solicitado tener una relación por la misma vía y al menos a 2 de cada 10 les pidieron explícitamente material de contenido sexual. Todo ello expone a los menores de edad a ser víctimas de violencia, trata de personas y otras formas de explotación.
Lamentablemente no es el único riesgo. Otro estudio realizado recientemente por CHS Alternativo reveló que en algunas zonas de extrema pobreza del país, sobre todo donde hay ausencia del Estado, se están dando casos de matrimonios o uniones tempranas entre adultos y niñas y adolescentes, como un mecanismo para encubrir casos de violencia y abusos sexuales de menores de edad. Según la encuesta sobre uniones tempranas realizada por la institución en Cusco, Loreto y Madre de Dios, el 28.7% de las adolescentes y el 40% de los padres de familia encuestados reconoció que las familias “arreglan económicamente” para cubrir un embarazo y no denunciar hechos de violencia sexual. Es decir que las menores abusadas son obligadas a casarse y convivir con sus agresores por el apoyo económico que estos dan a la familia, convirtiendo la situación en una suerte de tráfico de menores.
Sin duda todo esto aumenta el contexto de violencia y la vulnerabilidad de niñas, niños y adolescentes. Y esta situación es peligrosa pues en muchos casos las personas que han sufrido violencia de género son más indefensas y vulnerables a repetir y tolerar otros tipos de violencia, como la trata de personas. Su particular contexto no les permite reconocer que están viviendo situaciones que afectan sus derechos, su libertad personal y su dignidad. Por ello, se convierten en las víctimas ideales para la explotación.
A vísperas de recordar el Día Mundial contra la Trata de Personas, es oportuno reflexionar sobre estas situaciones y hacer un llamado para que el Estado intervenga de manera integral y eficiente a fin de que estos escenarios cambien. Aunque desde el Ejecutivo se ha evolucionado significativamente en los aspectos normativos –ya que hoy en día en el Perú la trata de personas es un delito contra la dignidad humana y se cuenta con una Política Nacional contra el crimen que involucra en el trabajo a 42 servicios del Estado, así como Fiscalías y Policía especializada–, aún hay aspectos que deben reforzarse, como por ejemplo mejorar el exiguo presupuesto público que, sin duda, afecta la eficiencia para enfrentar el delito.
Además, al tratarse de un problema multidimensional, la trata de personas debe ser enfrentada de la misma manera. El Ejecutivo debe rendir cuentas de lo que está haciendo frente al delito y el Congreso debe involucrarse y apoyar esa tarea. Sin embargo, desde el Legislativo se está dando la espalda a esa responsabilidad, pues hace unas semanas se ha dictaminado un proyecto de ley que rebaja el nivel de la rendición de cuentas y propone que el presidente del Consejo de Ministros y los titulares del Interior y de la Mujer ya no informen de los avances de esta lucha ante el pleno del Congreso sino solo ante dos comisiones que no tienen la prerrogativa de abordar la problemática de la explotación en toda su dimensión.
A puertas de una nueva legislatura los congresistas tienen en sus manos la posibilidad de revertir ese dictamen y cumplir con su responsabilidad de abordar todas las aristas y enfrentar un delito que mueve alrededor de 1,300 millones de dólares al año y es la segunda economía ilegal más lucrativa del país luego de la minería ilegal. Si no lo hacen y no se asigna más presupuesto, las más perjudicadas siempre serán las víctimas y las niños, niños y adolescentes peruanos que están en riesgo.
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