Usualmente la Trata de Personas ha sido analizada, pensada y enfrentada desde diversos ángulos con relativo consenso internacional. Los puntos de vista más comunes son los de Crimen Organizado, los de Derechos Humanos y los de una perspectiva de género: «la Mujer» como víctima.
Todos ellos válidos, importantes y acuciosos, pues representan ángulos imprescindibles en la comprensión del delito de la trata de personas en los niveles nacional e internacional. Razones sobran. Vamos escuetamente por ellas.
Qué las organizaciones que trafican con seres humanos caen dentro de la categoría de organizaciones con más de tres integrantes que coinciden en la perpetración del ilícito, pues sí. De acuerdo. Sin embargo es mejor que seamos claros. Aquí, en América Latina, lo que realmente persiste es la trata de personas interna, y las organizaciones que operan a nivel nacional, son igualmente organizaciones que buscan beneficios económicos lo más rápido posible, en el menor tiempo y difícilmente podemos asociarlas a grandes grupos de presión dentro del mundo delictivo.
Desde esa perspectiva numérica, la gran mayoría de los casos de trata, por la complejidad de la captación, traslado, recepción y explotación, requieren más de tres integrantes para la perpetración del delito, pero ello no los hace representativos de una situación de Crimen Organizado sino de una realidad de emprendedores que buscan las situaciones de informalidad, los campamentos de minería ilegal, las ciudades con demandas de servicios sexuales, los asentamientos de trabajadores eventuales a satisfacer, entre otros , para captar en general jóvenes para sus propósitos.
Desde los Derechos Humanos, la situación de los cientos de víctimas ya visibles no puede soslayar el problema de que la víctima está triplemente desatendida. Ni existen mecanismos de atención, albergue y protección comparables a la magnitud del rescate (y en la medida que sigamos presionando será, paradójicamente, peor); ni existe la suficiente comprensión del fenómeno por parte de los operadores de justicia que deben tipificar el delito y garantizar los derechos de las víctimas; ni existen mecanismos de reinserción y rehabilitación a los que están obligados los Estados.
Esto es lo esquemático y más acuciante pero que no refleja la angustia y el sufrimiento de una víctima, cuando se encuentra expuesta a una situación de explotación cotidiana por distintas personas, hasta decenas de veces al día.
Desde la perspectiva de género, sin lugar a dudas las estadísticas son concluyentes pues la víctima predilecta de la explotación sexual es la mujer joven o menor de edad. Y es igualmente cierto cuando nos enfrentamos con la demanda de servicio doméstico bajo condiciones de «Padrinazgo».
También está la víctima masculina, la preferida de la minería ilegal, de la extracción de madera y de la recolección de castañas, por las condiciones de resistencia física requeridas, como ocurría hace algunas décadas en los que la esclavitud era legal. No hay albergues ni reconocimiento para estas víctimas. Como si su condición masculina los hiciera inmunes al sufrimiento.
Sin embargo, no hay preferencia sexual cuando se trata de traficar un órgano, ni cuando hablamos de vender a un menor de edad, o de obligar a un adulto mayor a la mendicidad,
Pero ya el problema llegó a las ciudades y llegó para instalarse. Y llegó para amenazar a los ciudadanos y para aprovecharse de ellos.
El VIII Foro Hemisférico de la Sociedad Civil de la Organización de los Estados Americanos (OEA) entregó el martes 26 de abril de 2011 a los representantes de los países miembros, sus principales recomendaciones en materia de Seguridad Ciudadana. Resaltaré uno de ellos.
Tras un intenso debate este Foro está recomendando, entre otras acciones, la incorporación dentro de la futura Asamblea General de la OEA sobre Seguridad Ciudadana en las Américas(a realizarse este Junio de 2011 en El Salvador), la preocupación de los Estados Miembros por la grave violación a los Derechos Humanos y a la Seguridad de los Ciudadanos que supone la Trata de Personas.
Incluye dentro de sus declaraciones la necesidad que se difunda en los diferentes niveles de gobierno (nacional, regional y local) el Plan de Trabajo contra la Trata de Personas en el Hemisferio Occidental, aprobado por los Estados Miembros y que se incorporen sus recomendaciones en los planes operativos gubernamentales, con la finalidad de garantizar la asignación presupuestal para llevar a cabo las acciones contra la trata de personas.
Debe resaltarse que en este Foro también se tocaron otros temas de gran relevancia para la seguridad Ciudadana, como la estrecha relación con la democracia, la equidad y los derechos humanos, entre otros.
Sin lugar a dudas la Trata de Personas empieza a visibilizare como un problema que va más allá de la difícil complejidad del crimen organizado o los derechos humanos. Empieza a entenderse como un fenómeno que se instala en los resquicios de la informalidad para lucrar en ella y explotar a los ciudadanos en los asentamientos humanos donde se instala.
Ejemplos de este fenómeno son algunas actividades económicas informales como Agencias de Empleo, de Viajes, de Transporte, de Hotelería, de Bares y Restaurantes, de Entretenimiento Adulto, de Internet, entre otras que tras una fachada formal o no, cobijan, promueven y protegen la actividad delictiva de la trata de personas en cualquiera de sus expresiones de explotación.
Hasta que a uno no lo toca el delito, se siente, curiosamente, cómodo con él.
No nos detenemos a pensar en lo que puede haber tras una joven en un Bar que se ofrece a acompañarnos a tomar un trago; en negocios que nos ofrecen productos de marca sin saber cómo se lograron precios tan económicos; en centros de hospedaje cuya flexibilidad comercial no pone limitaciones a visitantes o a situaciones curiosas. No nos ponemos a pensar que tras estos tres ejemplos un delito puede estar operando tras una fachada de formalidad, sin que los gobiernos locales los fiscalicen o duden de su veracidad.
Y es que la Trata de Personas opera subterráneamente. Se camufla en la informalidad, en esa zona gris que da espacio a la corrupción, al arreglo, al ofrecimiento de favores.
En lo cotidiano y evidente, saltan a la vista los robos a las propiedades, los homicidios, los secuestros y las violaciones. Esa es la a inseguridad dura.
En la trastienda, la trata de personas en todas sus variantes, los crímenes de odio, la explotación con cualquier finalidad, entre otros propios a la censura. Esa es la inseguridad subterránea. Aquella que no podemos o no queremos ver. Como ese inconsciente que tarda en revelarse.
De ahí la importancia de que en este VIII Foro Hemisférico de la Sociedad Civil, se recomiende la incorporación en la declaración del XLI Período Ordinario de Sesiones de la Asamblea General de la OEA, por parte de los Países Miembros, de diversos temas entre los que figura la Trata de Personas como un problema de Seguridad Ciudadana, como un problema que afecta la convivencia entre seres humanos, la libertad entre ciudadanos y el desarrollo libre y democrático de un país.
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