N° 231: Países de la Cumbre… ¡reaccionen!


Los días 13 y 14 de abril se realizará en la ciudad de Lima la VIII Cumbre de las Américas, donde los mandatarios de cada país discutirán, como tema principal, sobre la corrupción y cómo esta impacta en la vida de las personas.

Es sorprendente que solo en dos de las siete cumbres anteriores (IV y VII), solo se haya mencionado, tangencialmente, uno de los principales delitos que atenta simultáneamente contra la libertad, la vida y la dignidad de los seres humanos.

Desde CHS Alternativo, en alianza con ObservaLATrata, hemos hecho llegar a la Cancillería del Perú y a la oficina de las Cumbres un manifiesto donde se exhorta a los países americanos a asumir con seriedad, fuerza e inversión pública la lucha contra la trata de personas.

 

SITUACIÓN EN AMÉRICA LATINA

En octubre de 2017, ObservaLATrata se presentó en la Audiencia Regional sobre Trata de personas ante la CIDH con un informe trabajado por IDEHPUCP, en colaboración con los países que conforman este observatorio.

Este documento reporta que existen problemas comunes en varios países de América Latina, empezando porque no existe un registro único sobre la trata de personas en el mundo o porque los funcionarios de entidades competentes no están capacitados para tipificar el delito como tal.

Entre las causas estructurales de la trata de personas, resaltan factores socioeconómicos como las economías informales e ilegales, la pobreza y desigualdad y la globalización y el crecimiento de las migraciones. De esta manera es más fácil mantener la trata de personas funcionando en la región.

Entre los factores socioculturales, resaltan la legitimación de la explotación de personas, considerando que existe una oferta y una demanda, la violencia de género en aumento, permitiendo la objetivización de la mujer cada vez con mayor normalidad, y los vínculos familiares y emocionales inestables.

También se concluye que las mujeres son casi tres veces más afectadas que los hombres en la trata de personas. Las finalidades más comunes fueron la explotación sexual y la explotación laboral, abarcando un 91% de los casos registrados.

Sin embargo, el punto que compete a esta VIII Cumbre de las Américas se remite a los factores institucionales, como la corrupción e informalidad en las instituciones públicas y la débil presencia del Estado.

 

LA TRATA DE PERSONAS EN CUMBRES ANTERIORES

Es preocupante que un problema tan estructural como la trata de personas, y que daña a tantas personas en nuestro continente, sea tratado de manera tan tibia.

Considerando la constante ausencia y malas prácticas del Estado ante las víctimas de trata de personas, no es sorpresa que los mandatarios responsables de los países americanos hayan dejado pasar la oportunidad de atacar este delito de manera conjunta en espacios tan importantes como lo es la Cumbre de las Américas.

De siete Cumbres realizadas, solo dos mencionaron la necesidad de trabajar en la lucha contra la trata de personas en sus declaraciones finales: la IV y la VII Cumbre de las Américas.

Y, en aquellas Cumbres donde sí se mencionó este fenómeno, el abordaje fue bastante escueto, generalizando el trabajo a realizarse para reducir los números que acompañan a la trata de personas.

 

NUESTRA DECLARACIÓN

Resulta imprescindible que los países participantes de la VIII Cumbre de las Américas se comprometan, con medidas y políticas efectivas, a enfrentar la corrupción en todos los campos de la vida social económica y política de nuestros países, así como sus diversas expresiones delictivas entre las que se encuentra el favorecimiento de la trata y el tráfico de personas.

Exhortamos a los Estados a hacer de la lucha contra la trata y el tráfico de personas una acción prioritaria y, en esa medida, cumplir con el financiamiento de los planes  de trabajo ya acordados por las altas autoridades de nuestros países y, a profundizar  los acuerdos de y entre los Estados para el enfrentamiento de la corrupción, que acelera y facilita la trata y el tráfico de personas, en especial los factores socioeconómicos, culturales e institucionales, que motivan la existencia de estos delitos que amenazan gravemente el desarrollo humano y sostenible de América y el Caribe.

 

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