Entrevista realizada a Diego Motta.
Especialista en derecho laboral del Proyecto Compromiso contra el Trabajo Forzoso
1. Incrementándose el desempleo ¿Cuáles son los riesgos que enfrentan las personas en su búsqueda de trabajo?
La pandemia ha derivado en diversos impactos, tanto en materia de desempleo como en la precarización de las condiciones laborales, en términos generales. Eso genera dos grandes riesgos: Por un lado, que la personas acepten trabajos con condiciones laborales cada vez más degradantes, lo que puede significar situaciones de explotación laboral, en donde sus derechos laborales son violados, vulnerados, no son tomados en cuenta. No les pagan CTS, no les pagan gratificación, ni vacaciones. No tienen ningún beneficio social.
Solamente para tener el mismo ingreso, tienen que trabajar muchas más horas. Por otro lado, no solo estamos hablando de los beneficios perdidos, sino también, que estamos ante situaciones delictivas. Hemos llegado a ese punto donde la explotación laboral, implica, ya no solamente una falta administrativa, implica la comisión de un delito. Por ejemplo, el delito de trabajo forzoso, que se da cuando una persona trabaja de manera involuntaria, bajo la amenaza de una pena, o el tema de la trata de personas con fines de explotación laboral y/o sexual.
2. ¿Qué consejos daría usted a los hombres y mujeres que están buscando empleos para no ser víctimas de falsas ofertas laborales?
Desde mi punto de vista, aconsejaría dos cosas: Primero estar informados, no aceptar ninguna oferta de empleo, sin antes haber tenido la información necesaria, suficiente para saber de qué tipo de trabajo se trata, cuáles son las verdaderas condiciones de empleo. Es sumamente importante saber que hay detrás de la personas y/o empresas que nos ofrecen un trabajo. Aún más si es que hay alguna sospechas, hay un tema de informalidad en el acuerdo o si va a implicar que el empleado se aleje de su localidad.
Por otro lado, conocer las distintas instituciones, tanto públicas como privadas, a las cuales uno puede acudir para hacer sus reclamos, o denuncias, si se encuentra en una situación de explotación laboral. Tales como la SUNAFIL, que tiene oficinas en todas la regiones del país, también pueden recurrir a las direcciones regionales de trabajo,al Ministerio Público, a la Policía Nacional o a asociaciones civiles como CHS Alternativo.
3.¿Cómo debería el Estado promover el respeto de los derechos de los trabajadores informales y que laboran bajo el régimen PYME?
La informalidad en el Perú, antes de la pandemia del COVID, estaba alrededor del 72%, hoy se estima que llega a ser un 80%. El mercado laboral peruano es muy complejo, existen diversos regímenes laborales. Uno de ellos es el de las microempresas, otro es el de régimen laboral agrario, estos regímenes, tienen un alto grado de informalidad laboral, por esto es que mucha gente está expuesta a la explotación, o de delitos como el trabajo forzoso y la trata de personas.
Es necesario que el Estado ponga un interés especial en estos sectores y, otorgue, por un lado, los derechos suficientes y, por otro mecanismos para proteger estos derechos. Creo que no es una buena alternativa mantener tantos regímenes especiales que, en aras de promover el empleo, acortan los derechos de los trabajadores y eso va generando más precariedad. Y, a más precariedad, las redes de trata de personas encuentran un nicho cada vez más “adecuado” para cometer sus delitos. El estado tiene que dar otro tipo de medidas y de protección, en cuanto a los diversos regímenes laborales especiales, como el régimen PYME, el sector textil, entre otros. Y, sobre todo, al sector de la economía laboral informal, que no reciben suficiente protección del estado.
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