Mirada Ciudadana es consciente que el combate contra la Trata y el tráfico de Personas no es una tarea que debe ser asumida por una sola institución o sector. En esta oportunidad damos una mirada a las responsabilidades que le toca asumir al Poder Judicial, siendo la principal la de administrar justicia, sancionando a los autores de estos delitos.
A la fecha: ¿Qué ha hecho el Poder Judicial para capacitar a su personal en la resolución de estos casos? ¿Existe alguna iniciativa para crear los juzgados especializados a los que se hace referencia en el recientemente aprobado reglamento? ¿Hay algún registro institucional que nos permita saber cuántos casos de Trata y tráfico de Personas están en sede judicial? ¿Cuántas personas han sido sentenciadas por la comisión de estos ilícitos?
En el presente número de Reporte Alternativo, entrevistamos a la Dra. Elvira Álvarez Olazábal, Vocal Superior de la Quinta Sala Penal Corte Superior de Justicia de Lima, a quien consultamos acerca de los planes de trabajo que tiene su institución para la implementación de la norma, especialmente respecto a los puntos antes mencionados, que requieren una respuesta urgente.
Cabe mencionar, que hasta el momento Mirada Ciudadana ha podido tomar conocimiento que desde el año 2006, a nivel nacional, sólo habrían 5 personas condenadas por el delito de Trata de Personas con penas que van desde los ocho hasta los doce años de privación de la libertad.
Al respecto, llama poderosamente la atención no sólo de Mirada Ciudadana, sino de la unidad policial que investigó los hechos, la liberación por parte del 45º Juzgado Penal de Lima de Paulina Grajeda, conocida dueña de varios Night Clubs en la ciudad del Cusco, sindicada por la División contra la Trata de Personas de la PNP de trasladar menores de edad desde ciudades de la selva para que trabajen en sus locales.
En este caso, a pesar de una investigación policial que duró varios meses, la procesada Paulina Grajeda, luego de algunas semanas de detención preventiva, logró la variación de este mandato y consiguió salir en libertad, a pesar que sus presuntos cómplices, que además eran sus familiares directos, se encontraban en calidad de no habidos y cuando una integrante de su organización criminal ya había sido sentenciada por este delito anteriormente, sin ser la cabecilla.
Esto plantea grandes interrogantes respecto a las razones que existirían para conceder libertad a una persona acusada de estar involucrada en un caso de Trata de Personas agravada. Al margen de la independencia de cada juez para la toma de decisiones y la garantía de reserva del proceso penal, insistimos que se deben conocer los motivos que llevaron al magistrado a conceder la libertad a una persona que de acuerdo a lo investigado se dedicaría de forma sistemática a trasladar a menores de edad para explotarlas sexualmente en sus locales, junto con otros cómplices. Mirada Ciudadana estará atenta a lo que ocurra en este caso y otros similares que pudieran darse.
Por otro lado, no es un secreto que los menores de edad son extremadamente vulnerables frente a este delito. En este número presentamos una noticia difundida por los medios de comunicación acerca de una veintena de menores de edad que fueron traídos por dos parejas esposos, desde zonas aledañas a Huancayo, para vender juguetes de playa durante la temporada de verano en las playas de Agua Dulce y Punta Negra en Lima. Estos vivían en condiciones infrahumanas de explotación concurriendo diariamente a las playas en extensas jornadas sin recibir pago alguno y peor aún, no contando con la edad mínima para trabajar. En estos momentos la Policía y el INABIF ya han intervenido. Esperamos que todas las instituciones involucradas cumplan con su deber de sancionar a aquellos que explotan a nuestra niñez.
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