Una adolescente ecuatoriana es rescatada de un prostíbulo en Lima, portando un DNI falso que le había sido proporcionado por su tratante. Dos adolescentes de Jaén – Cajamarca son rescatadas en Loja (ciudad de Ecuador) donde eran explotadas sexualmente en un bar. En ambos casos habían pasado por el puesto de control en Huaquillas (frontera Perú – Ecuador) y viajado cientos de kilómetros sin ser detectadas.
En el otro extremo del país, mil quinientas bolivianas ingresan cada año por Puno para ser explotadas sexual y laboralmente en La Rinconada. Mientras que en otros puntos de la enorme frontera amazónica se ingresa y sale del país sin mayor control o registro.
En simultáneo miles de peruanos migran internamente en busca de oportunidades, repitiendo un patrón histórico de un país diverso. En este caso la edad no importa, se migra desde muy niño, aunque no siempre en las mejores condiciones.
En contrapartida «padrinos», «madrinas» y «enganchadores» aprovechan la oportunidad para salir de caza y obtener un beneficio en un país aún con baja institucionalidad, especialmente en zonas de frontera.
Para el negocio del tráfico ilícito de migrantes, la marca Perú parece haberse convertido en sinónimo de puerta de ingreso sin control. Ciudadanos Haitianos, Chinos, Colombianos y de otras nacionalidades, ingresan y atraviesan el país con destino a Brasil o Chile. Algunos de ellos terminan siendo explotados en asentamientos mineros ilegales o quedan en zonas de frontera abandonados a su suerte.
Un modelo serio de gestión integral de frontera que considere aspectos de control migratorio, seguridad interior; desarrollo fronterizo, protección de las personas, así como acuerdos bilaterales y multiláteras resulta imperativo y tiene a todas luces un sentido de urgencia. La Ley 28950 que penaliza el tráfico ilícito de migrantes atiende solamente un aspecto del problema pero no tiene la solución.
Próximamente se realizará una reunión binacional sobre movilidad humana y trata de personas que Save the Children, Parlamente Andino y CHS Alternativo organizan para buscar alternativas al problema descrito. Mientras esto sucede un protocolo binacional de asistencia y protección de niños víctimas de trata de personas propuesto por iniciativa de Ecuador sigue su trámite de suscripción ante el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú. Esta semana la Asamblea General de la OEA reunida en Guatemala emitió una Resolución para mantener en agenda del continente a la migración y su relación con delitos como la trata de personas.
Esto demuestra un interés y una necesidad manifiesta de enfrentar la situación, pero como hemos dicho en varias oportunidades, hace falta un compromiso más tangible del sector público nacional, regional y local, vale decir recursos y voluntad política para mantener en tema en agenda.
Finalmente esta semana el Departamento de Estado de los Estados Unidos emitió el informe anual de monitoreo a las acciones de los países contra la trata de personas. El Perú se mantuvo en el nivel 2. Es decir entre los que luchan contra el delito pero aún no logran los niveles óptimos de acción. Sin embargo se muestra con claridad las dificultades subsistentes en los tres ejes de trabajo contra este delito. Sin ánimo de detenernos en ello, mencionamos la relación entre la impunidad con la que operan los tratantes y la corrupción existente a los largo de los circuitos de la trata de personas en el país. El informe reitera la alerta de los reportes anteriores y muestra al menos un caso de probada responsabilidad de un funcionario público.
Para terminar planteamos una pregunta ¿habrá tomado nota el Ejecutivo de esta situación? O esperamos que el país baje al nivel 1 para reaccionar. Recodemos que los tratados de libre comercio tienen un componente de protección de la producción con uso de mano de obra esclava o explotada.
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