Como bien hemos visto en los medios de comunicación, nuestro país se enfrenta a niveles de corrupción inadmisibles.
“10 verdecitos” valen más que la seguridad y la justicia de casi 32 millones de personas. Pero en el Perú, la corrupción no es algo nuevo y en la trata de personas, tampoco.
Este delito puede sostenerse gracias a su alta rentabilidad y esta responde a una serie de factores que mantiene a la trata de personas en un estado de protección:
El primero, y aquel que ha vuelto famosos a personajes como César Hinostroza y Walter Ríos, es la corrupción. Según el índice publicado por Transparencia Internacional, de 180 países evaluados, el Perú se encuentra en el puesto 79. Y, diariamente, los programas de noticias se encargan de recordarnos que nuestro sistema está, cada vez, más predispuesto a una corrupción descarada.
El segundo es el altísimo nivel de impunidad que existe en nuestro sistema judicial: ¿cómo es posible que, al 2017, el balance de imputados responda a que solo 7 de cada 100 son sentenciados? ¿En qué momento de la cadena de impunidad se tergiversa todo?
El tercero es la pobreza. Según el INEI, el 21.7% de la población peruana vive en condición de pobreza (44.4% población rural y 15.1% población urbana) y el 3.8% de la población del Perú vive en pobreza extrema. Esta condición facilita la captación de cientos de jóvenes que andan buscando nuevas oportunidades para trabajar y mejorar su calidad de vida y la de sus familias. Los captadores saben muy bien que un trabajo, bien remunerado y que no tenga requisitos demasiado complicados –como estudios superiores o experiencia previa– será altamente atractivo para quien lo necesite.
El cuarto es el alto porcentaje que tenemos de informalidad en el país: 73% de la PEA. Casi ¾ de los y las trabajadoras del país trabajan en situación de informalidad. Es decir: no están dentro de un sistema que garantice dus derechos laborales, sus beneficios o algún tipo de estabilidad.
En quinto es la tolerancia social. Y no solo con la trata de personas o ESNNA, sino siempre. En el Perú, parece ser que estamos acostumbrados y acostumbradas a pasar por alto lo que sucede a nuestro lado. Hemos llegado a tal punto en que hemos desarrollado la capacidad de no vernos afectados ni afectadas por nada, por culpar siempre a la víctima porque “qué habrá hecho” o, simplemente, por asumir que estos problemas son demasiado lejanos y no tienen ningún tipo de consecuencia en nuestras vidas.
Todos estos factores arman el escenario perfecto para que la trata de personas en el Perú vaya en aumento de año a año. En nuestro país, en el año 2009, el Ministerio Público registraba 124 denuncias por el delito de trata de personas. Al año 2017, este número ha aumentado en 1 158 %, siendo Lima la región con más denuncias (24.4% del total registradas en 2017). Y, a pesar de todo esto, al 2017, el presupuesto destinado a combatir la trata de personas corresponde al 0.0077% del presupuesto nacional.
Nos queda poco tiempo para combatirlos, tanto desde el Estado como desde la sociedad civil a ver si, 197 años después de nuestra independencia, podamos enfrentar con éxito estos factores que contribuyen a que el Perú aún no pueda ser nombrado de manera clara y firme como un país libre, soberano e independiente.
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