Lo que cuesta un pan: el Estado invierte S/ 0,23 por persona para luchar contra la trata de personas

En el Día Nacional de la Lucha contra la Trata de Personas. Ricardo Valdés, director ejecutivo de CHS Alternativo, indicó que aún falta financiar el presupuesto para solventar el plan nacional de lucha contra este delito.

La trata de personas es uno de los delitos que más víctimas deja en el país y que mayor presupuesto requiere para enfrentarla. En los últimos cuatro años, en el Perú se ha implementado un marco normativo y hasta se ha creado el Plan Nacional contra la Trata de Personas, que fija metas y objetivos para reducir los casos hasta el 2021. Sin embargo, la falta de recursos y de atención por parte de las autoridades a causa de la pandemia ha generado un aumento de casos en los últimos meses.

En diálogo con El Comercio,Ricardo Valdés, director ejecutivo de CHS Alternativo, ONG que aborda esta problemática, indicó que es necesario un presupuesto de 96 millones de soles (3 soles por personas) para solventar el plan nacional y así cumplir con ciertos indicadores.

“Le pedimos al Estado peruano destinarle 3 soles por persona, que es lo que hace falta para poder desarrollar habilidades en los operadores de justicia, para poder llevar el tema al nivel de los gobiernos locales y regionales, para establecer las mesas de coordinaciones en esos lugares, para generar mayores alberges pues siete son insuficientes, para poder dar protección adecuada a las víctimas. No podemos pretender hacer prevención, persecución, protección, asistencia y reintegración con 16 centavos por persona al año”, explicó.

El VII Informe Alternativo, realizado por esta ONG, revela que, en el 2019, el presupuesto asignado para la lucha contra la trata en el Perú fue apenas de S/7′758.410,81. Es decir, el 0,0046% del presupuesto anual. Para entender aún más la gravedad de la situación, esta cifra equivale a que en el Perú se invierten anualmente en la lucha contra este delito S/0,23 por persona. Lo que hoy cuesta un pan.

Según el balance realizado por CHS Alternativo, además, se identificó que hubo una reducción de al menos S/3 millones en comparación con el presupuesto asignado en el 2018.

Y el problema no queda solo en la asignación de pocos recursos, sino también en la ejecución de estos por los tres niveles de gobierno (nacional, regional y local). De esos S/7,7 millones del 2019, solo se ejecutaron un poco más de S/5 millones.

Ante esta situación, Valdés señaló que es indispensable que el Ejecutivo rinda cuentas de las medidas que viene tomando para hacer frente a este delito. Agregó que la sociedad civil en su conjunto los anima a exigir una respuesta a través de la firma de un petitorio para que el presidente del Consejo de Ministros y el ministro del Interior rindan cuentas ante el Congreso sobre la ejecución del Plan nacional de Acción contra la trata de personas 2017-2021 cumpliendo la Ley 29918.

“Vamos a llegar al bicentenario a celebrar nuestra independencia con condiciones de esclavitud, de explotación. Desde el 2014 el Ejecutivo tiene la obligación de presentarse ante el Legislativo a rendir cuentas sobre sus acciones. Hace tres años que no se acerca nadie del Ejecutivo. Sería fantástico si a través del MEF pueda poner en marcha un programa presupuestal para finanaciar lo que resta del plan nacional”, sostuvo.

Cifras más que preocupantes

De acuerdo al VII Informe Alternativo, 9 de cada 10 víctimas de trata de personas son mujeres. Asimismo, las formas de captación más frecuentes son: falsa de oferta de trabajo (78,2%), mediante internet (4,7%), faltas ofertas de estudio (2,7%) y seducción (0,8%).

En tanto, el informe da cuenta de una discordancia entre las cifras de víctimas de trata registradas entre el Ministerio Público y el Policía Nacional. Según el Ministerio Público, en 2018 hubo 1.358 denuncias de trata y al año siguiente fue de 795. En tanto, la Policía Nacional registró 734 denuncias en el 2018, mientras que en el 2019 el número fue de 509.

Además, solo el 4,8% del total de presuntos tratantes de personas recibieron una sentencia condenatoria en 2018.

“Una de las aristas que muestra el informe es que uno de los grandes restos es homologar las cifras. Es impresionante como las cifras del Ministerio Público y la PNP son discrepantes entre sí. Espero que el Estado tome conciencia de la importancia de tener un sistema de información homologado, porque sin ello no podemos conocer las rutas, ni los perfiles de las víctimas, ni las modalidades de captación, ni los tipos de explotación. Si no podemos tener esa información es bien difícil prevenir”, señaló Valdés.

Incremento de casos

Valdés detalló que existen tres factores que explican el aumento de casos de trata en el país. El primero, explicó, es relacionado a la búsqueda de parte del tratante de personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad, lo que explica el aumento de casos de trata cuyas víctimas son ciudadanos venezolanos.

Lo segundo es el incremento de personas desparecidas, situación que ha venido siendo denunciado por la Defensoría del Pueblo. “En estos casos debemos sospechar de que hayan sido victimas de trata. No toda persona desparecida es víctima de trata, pero sí un alto porcentaje de víctimas de este delito son personas desaparecidas”, precisó.

El tercer factor es el uso de las tecnologías de la información. A través de estas se vienen ofreciendo puestos de trabajo, y un grupo de personas desesperadas por la situación económica actual está aceptando estos “empleos”. “La estadística indica que casi el 80% de la captación es a través de ofertas de empleo”, dijo el directivo de CHS Alternativo.

Retos aún por superar

Según el mencionado VII Informe Alternativo, entre los retos que las autoridades aún están pendientes de superar están:

-Contar con un centro de atención especializado que acoja a la población LGTBI o a víctimas varones.

-Incrementar el número de hogares de refugio temporal para mujeres adultas. A la fecha se cuenta solo con dos hogares (uno especializado en trata de personas y otro en violencia de género), pero ambos son privados y no reciben ningún tipo de apoyo del Estado.

-Desarrollar un procedimiento más eficaz que permita a la Defensa Pública representar legalmente a las niñas, niños y adolescentes víctimas de trata de personas, y constituirse en actor civil, orientado a lograr una reparación civil integral y adecuada.

Por otro lado, Valdés indicó que más del 95% de los gobiernos locales en el país no tiene conciencia de la problemática de este delito. “A lo mucho 90 de estos gobiernos tiene conciencia y han integrado la trata entre sus planes de seguridad ciudadana. Si los alcaldes no toman la decisión de liderar esta lucha contra la inseguridad, que incluye el delito de trata de personas, entonces estamos bastantes lejos de tener una solución”. sostuvo.