Al día desaparecen 16 mujeres en el Perú. Durante el 2020, 131 mujeres perdieron la vida víctimas de feminicidios, se reportaron 330 casos de tentativas de feminicidio y se denunciaron 13 843 violaciones sexuales de acuerdo a las estadísticas brindadas por el Programa Aurora. El nuevo gobierno tendrá la inmensa responsabilidad de revertir esta situación.
La violencia intrafamiliar y de género, ha crecido en el contexto pandémico, exponiendo a las poblaciones más vulnerables, como las niñas, Mujeres de sectores socio económicos C al E y mujeres migrantes. El nuevo gobierno debe trabajar arduamente para proteger los derechos de la niñez y las mujeres en este nuevo periodo democrático.
Durante el confinamiento que se decretó el año pasado para frenar el avance de la pandemia, las denuncias por violencia de género e intrafamiliar aumentaron en 130%, según reporta el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP). Muchas niñas, niños, y mujeres, se vieron en la obligación de quedarse en sus casas con sus principales agresores: sus parejas y círculo cercano. Nadie parece estar a salvo.
Pese a estas dolorosas cifras que evidencian un grave problema en nuestra sociedad, los partidos políticos que ocupan los primeros puestos en la intención de voto, no garantizan mayores medidas para frenar la epidemia de la violencia de género en el Perú.
Para la Defensoría del Pueblo, se han presentado retrocesos en la lucha por la igualdad de género durante la emergencia, no solo en materia de violencia de género, sino también en cuanto a los derechos sexuales y reproductivos, la independencia económica, el trabajo doméstico no remunerado, entre otras cosas.
Solo durante el año 2020, los embarazos no deseados aumentaron en un 12%, con relación al 2019, la mayoría de las madres fueron niñas u adolescentes.
Al parecer, ninguna de estas cifras es suficiente para que los candidatos a la presidencia brinden la debida importancia a la situación.
Solo cinco partidos de los 20 que se presentaron a la presidencia hacen mención a acciones específicas para la protección de los derechos de la niñez.
Por otro lado, los dos candidatos que pasaron a la segunda vuelta tampoco proponen acciones concretas para trabajar por la igualdad de género y contra los delitos de explotación humana.
La labor del nuevo gobierno:
El nuevo gobierno deberá asumir la elaboración de un nuevo Plan Nacional contra la Violencia de Género y el nuevo Plan Nacional de Acción contra la Trata de Personas ya que ambos documentos rigen solo hasta el término de este año (2016 – 2021).
La o él presidente entrante será quien lidere estas nuevas políticas nacionales. Su responsabilidad será mejorar todas las acciones orientadas a la reducción de la desigualdad de género y de los delitos de la trata de personas y explotación que vulneran la dignidad humana.
Las nuevas políticas no deben enfocarse solo en mitigar los efectos del machismo, la desigualdad y la explotación humana, sino en generar nuevos espacios, que permitan a las mujeres empoderarse, emanciparse económicamente y ser menos vulnerables a sufrir violencia de género o discriminación basada en género.
El gobierno entrante tiene la posibilidad de fortalecer a las entidades del Estado encargadas de la protección de las poblaciones vulnerables. El MIMP y sus programas integrados deben ser fortalecidos y expandidos. Otras entidades como el Ministerio del Interior y el Ministerio de Justicia, también cuentan con sus propias políticas en materia de igualdad de género.
Llega el Bicentenario y con esta fecha, una nueva oportunidad para el gobierno peruano de reducir todas las desigualdades. En esta segunda vuelta votemos a consciencia, tomando en cuenta los derechos humano de todas y todos los peruanos.
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