El trabajo en condiciones de precariedad ha sido una problemática histórica a nivel mundial que se ha manifestado en situaciones como baja remuneración salarial, jornadas de trabajo excesivas, ambientes insalubres, maltrato en el lugar de trabajo, entre otros escenarios y prácticas que van contra las condiciones de dignidad en el contexto laboral, y contra las cuales constantemente se les está haciendo frente con el objetivo de erradicarlas.
En esta lucha por combatir situaciones de precariedad laboral y la conquista de derechos de los trabajadores y trabajadoras, el papel de las organizaciones sindicales es fundamental para llevar a cabo acciones organizadas que permitan canalizar las inquietudes y problemáticas del grupo de trabajadores y trabajadoras a los empleadores.
Es por ello que el primero de mayo se conmemora el día del trabajador como hecho histórico que remonta a la reflexión sobre la conquista de derechos laborales de parte de movimientos sindicales durante la época de la revolución industrial. Sin embargo, pese a ser un hecho que refiere al siglo XIX, la lucha por los derechos laborales está lejos de acabar.
El Estado por su parte, es responsable de supervisar a los empleadores para garantizar el cumplimiento de los derechos de los trabajadores y trabajadoras a través de la inspección laboral, el cual es representado en el Perú a través de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL).
La cooperación de sindicatos fortalecidos y empoderados con sus derechos junto al rol fiscalizador de la figura del inspector debería ser la norma para establecer una sinergia que se traduzca en mejoras significativas en el entorno laboral en el país, sin embargo, es un escenario ideal que lamentablemente no se materializa en la realidad peruana y corresponde fortalecer para la existencia de un ambiente laboral que no esté enfocado en las necesidades de los empleadores sobre los derechos de los trabajadores y trabajadoras.
No obstante, al hacer referencia al trabajo en Perú, es imposible dejar de lado la gran fuerza laboral informal que se encuentra al margen de siquiera considerar la posibilidad de creación de sindicatos y tener fiscalización laboral en sus lugares de trabajo; teniendo que, la brecha al acceso a derechos laborales es mucho más amplia, la precarización laboral mayor y la vulnerabilidad a estar en contextos de explotación es una posibilidad constante.
Como bien es sabido, una de las consecuencias del COVID-19 ha sido la pérdida de empleo, el aumento de la informalidad, la precarización de los trabajos, y en general, los derechos laborales han estado en juego para millones de trabajadores y trabajadoras en Perú y en el mundo; lo que ha significado un reto aún mayor para estas organizaciones laborales y su lucha, mientras que sigue aumentando la zona gris del trabajo informal antes mencionada.
Es por ello por lo que, en el mes donde se conmemora la lucha histórica por los derechos laborales y frente a un escenario incierto de precarización de la fuerza laboral, más que nunca es necesario adaptar los mecanismos y el acceso a los derechos laborales en lugar de adaptarse a la precariedad.
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