Editorial Alternativo
La deuda del Estado con las víctimas de violencia de género y trata de personas sigue creciendo. La evidencia sustenta la afirmación. El VIII Informe Alternativo, elaborado por CHS Alternativo, junto con la Defensoría del Pueblo, reporta que al año 2021 el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables no cumplió con la meta de garantizar el 100% de las medidas de protección que se debía otorgar a las víctimas y/o testigos de trata de personas. Es más, en 43 de los 68 casos que esta entidad atendió entre 2020 y 2021, las víctimas solicitaron garantías de protección, pero solo en 8 casos las personas accedieron a este beneficio.
Sin embargo, es más grave lo que ocurre en el primer nivel de atención, cuando la víctima decide denunciar y se encuentra con una autoridad que, en lugar de acogerla y darle seguridad, la criminaliza. Lo ha evidenciado Andrea Querol, presidenta de nuestra institución, por medio de ‘Buscando Justicia’, una investigación de CHS Alternativo en la que a través de 40 testimonios de víctimas y sus familiares se determinó que los procedimientos empleados por policías, fiscales y otros operadores de justicia dificultaban el acceso real y efectivo a esa justicia, llegando al punto que en algunos casos la víctima tenía la percepción de que el sistema que debía protegerla, la agredía.
Esta falta de atención también la ha comprobado, en el día a día, la Confederación Nacional de Mujeres Organizadas por la Vida y el Desarrollo Integral (CONAMOVIDI), organización integrada por 556 mil mujeres de todo el país y cuya secretaria nacional, Luz Medina, cuenta –en una entrevista que puede leer en el Reporte Alternativo N°288– cómo las mujeres víctimas de violencia o trata de personas han sufrido ante el desinterés, la falta de empatía o la falta de humanidad de las autoridades. Basada en el trabajo de campo que realiza, y que le permite generar evidencia y testificar sobre lo que funciona y lo que no, Medina señala a la Policía Nacional del Perú como uno de los sectores que tiene más “errores” entre las instituciones, pues en muchos casos las mujeres se han encontrado con efectivos policiales que se niegan a recibir sus denuncias o las revictimizan.
Yohanny Gonzales, fundadora de Pasos Firmes, una asociación que trabaja con organizaciones de base integradas por personas migrantes, también ha sido testigo de esta realidad. Gonzales asegura que en el caso de las personas migrantes las víctimas no denuncian por temor y porque en muchos casos el agresor o explotador es alguien cercano que las engañó. Y cuando deciden denunciar, el tratamiento que reciben es esquivo, pues salen a luz los estereotipos y prejuicios contra la población migrante, pese a que existen normativas que garantizan los derechos de todas las personas y deberían cumplirse, en muchos casos no es así.
Pese a ello, la CONAMOVIDI y Pasos Firmes no se quedan de brazos cruzados. En CONAMOVIDI las mujeres luchan contra esta realidad: se agrupan y emprenden piquetes informativos en las calles, mercados y colegios para dar a conocer las distintas formas de violencia y las situaciones de riesgo que existen. La finalidad es que la población pueda identificar, prevenir y reportar el delito. Incluso, en alguna oportunidad han rescatado víctimas y han participado del proceso de retorno a su hogar. Pasos Firmes también acompaña a las víctimas, les da acogida y asesoría, ya sea para continuar en Perú, ir a otro país o retornar a su lugar de origen. Estas organizaciones también usan las nuevas tecnologías para formar redes o “grupos”, movilizarse y responder.
Y, si bien el trabajo de las organizaciones de base es un ejemplo de lo que puede lograr el trabajo colectivo y la sociedad civil para responder a las ausencias del Estado, esto no exime la responsabilidad que tiene cada una de las instituciones que forma parte de la prevención, atención de víctimas, persecución del delito y la protección de las afectadas, para garantizar la atención integral y la inserción social en casos de violencia de género, trata de personas o cualquier otra forma de explotación humana. Bajo esa premisa exhortamos a las autoridades tomadoras de decisiones que trabajan en estos temas a cumplir con los compromisos y responsabilidades asumidas para prevenir y erradicar el delito. El Estado debe proteger a las denunciantes y víctimas para garantizar que todas logren obtener la justicia que merecen.
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