Nº 299 | GABRIELA BURGOS: 40% DE CASOS ATENDIDOS POR FISCALÍA DE TUMBES Y SULLANA CORRESPONDE A XENOFOBIA Y DISCRIMINACIÓN HACIA MIGRANTES


Gabriela Burgos Ruidias es titular de la Fiscalía Penal Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos e Interculturalidad de los distritos fiscales de Tumbes y Sullana. Este despacho fue implementado en noviembre del 2023 para atender las diversas problemáticas que impactan en la región fronteriza. En la entrevista, la fiscal hace referencia a los derechos de la población migrante y las vulneraciones que sufre a causa de los estereotipos sociales.

La Fiscalía Especializada en Derechos Humanos e Interculturalidad tiene poco tiempo de creación ¿cuáles son sus competencias y funciones? ¿Qué tipo de casos atiende y por qué delitos?

Básicamente tenemos competencia en delitos que atentan contra la humanidad y que están establecidos en el Código Penal de 1991. Entre ellos, la tortura, las desapariciones forzadas o el genocidio. También vemos los delitos de discriminación e incitación a la misma, entendida como cualquier acción de un tercero en la cual se restringe o se altera el derecho de una persona o grupo de personas por motivos de raza, sexo, nacionalidad, condición social, condición económica o condición migratoria.

¿Cuáles son los casos más comunes que se están presentando?

Mayormente hechos de discriminación hacia migrantes, especialmente de nacionalidad venezolana. Hemos tenido casos en los han querido inscribir a sus niños en un centro educativo, pero no los han dejado porque “no tienen todos los documentos completos”. Y en caso de tenerlos –considerando que nunca han estudiado en el Perú– tienen que hacer un trámite [que no corresponde]. En ambas situaciones se restringió su derecho a la educación. También tuvimos casos en el ámbito de la salud. Hubo uno en el que había dos personas, una peruana y otra venezolana, con un diagnóstico similar en emergencia, pero programaron operación para la primera y a la migrante le dieron de alta. Los médicos usaron expresiones como “otra veneca más que tenemos que operar” “Tú te vas a esperar” “Ya tu ve como como arreglas tu situación de salud”. Entonces la discriminación impactó en su derecho a la salud.

De los casos de todos los que atiende la fiscalía ¿cuántos representan hechos de discriminación y xenofobia hacia la población migrante?

En Tumbes y Sullana, entre el 35% a 40% de los casos.  

¿Qué acciones se tomaron al respecto?

En el último caso, la Fiscalía de Derechos Humanos recibió la denuncia y pidió un informe al hospital. Se tomaron las declaraciones de las partes y, en base a ello, se logró que operen a la agraviada. Sin la presión y denuncia del Ministerio Público, no sabríamos cómo habría terminado su estado de salud. También tuvimos otro caso. Un niño nacido en Perú a quien la RENIEC se negó a inscribirlo señalando que la madre era venezolana y tenía que traer dos testigos peruanos. Sin embargo, la norma no distingue el tipo de nacionalidad de los testigos. Esta indica que necesitas “dos testigos que certifiquen cuál es la identidad de la madre” ¿quién mejor que las personas venezolanas que la conocen? Esa es la casuística que estamos viendo en Tumbes.

En esos casos, ¿qué tipo de servicios se activan para las víctimas?

Depende del rubro o la situación que se presente. En el caso de salud, ponemos en conocimiento a la Dirección Regional de Salud o la jefatura del hospital o establecimiento de salud. En el caso de educación, se pone en conocimiento de la UGEL respecto al proceder de los centros educativos, para que se tomen las medidas correctivas. En todos los casos, a las personas vulneradas, se les incluye en la Unidad de Víctimas y Testigos (UDAVIT) de la Fiscalía, y en caso de ser necesario se les presta apoyo psicológico y legal.

¿Estos servicios les corresponderían a las víctimas migrantes, independientemente de su condición migratoria, ya sea irregular o irregular?

Claro que sí. Les corresponde porque son agraviadas. Cuando se apertura una investigación y la víctima –como en este caso– es extranjera, están comprendidos como agraviados o denunciantes y es facultad del Ministerio Público y el fiscal evaluar si es necesario o no incluirlas en la UDAVIT. Esto se realiza independientemente de su condición migratoria, sean regulares o irregulares. La unidad tiene que brindarles el apoyo legal y psicológico que necesita.

¿Qué otros delitos consideran que está afectando a los derechos humanos de las personas migrantes?

Como Fiscalía también tenemos competencia en lo que es la integridad física de las personas privadas de su libertad, es decir, internos en los establecimientos penitenciarios. Ahí hemos visto casos en los que se les restringe las visitas por el hecho de no contar con todos los documentos.

Desde la Fiscalía ¿de qué manera están trabajando para la prevención de este tipo de delitos y para promover la integración y la cohesión de los peruanos y las personas migrantes?

En esta etapa estamos realizando el trabajo de difusión de las funciones que tenemos en el despacho. Coordinamos con instituciones públicas, como el Gobierno Regional, el INPE, los centros educativos, entre otras. También sabemos que en puestos de frontera existen diversas organizaciones no gubernamentales con beneficiarios, mayormente extranjeros venezolanos. En estos casos, si algún agente humanitario sabe de un hecho en el que estas personas necesitan ayuda, nos avisan, tomamos las denuncias respectivas y nos apersonamos ante las entidades; tratamos de buscar que se les atienda y no se restrinjan sus derechos.

¿Por qué considera usted que hay este tipo de reacciones adversas hacia las personas migrantes, sobre todo en profesionales que son servidores públicos?

A mi criterio y como ciudadana peruana, es un tema de estereotipos. Me parece que, a partir de hechos delictivos y comportamientos inapropiados de personas extranjeras, la población piensa que todos van a ser así. En un país o en una comunidad puede haber personas desadaptadas y al margen de la norma, pero también hay personas muy trabajadoras, que he tenido oportunidad de conocer y que son de diversas nacionalidades.

Si está ante un caso de discriminación y xenofobia, puede comunicarse con la fiscal Gabriela Burgos a su correo institucional gburgos@mpfn.gob.pe. También puede acercarse a las oficinas de la Fiscalía Penal Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos e Interculturalidad del distrito fiscal de Tumbes y Sullana, en el local principal del Ministerio Público en Tumbes (Sector Campamento Sede Km. 4.5 carretera Panamericana Norte-Tumbes).
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