El Perú inicia un nuevo ciclo político sumergido en una crisis de confianza institucional, inseguridad ciudadana y fragmentación social. En ese contexto, el debate público se ha concentrado en promesas de crecimiento económico, obras de infraestructura y “mano dura” enfocada en la militarización o la construcción de megapenales. Sin embargo, desde Capital Humano y Social Alternativo sostenemos que la fortaleza de una democracia no se mide por el cemento ni por enfoques punitivos, sino por su capacidad para proteger la dignidad y los derechos de todas las personas, especialmente de las poblaciones más vulnerables. Los derechos humanos no son un obstáculo para el desarrollo ni para la seguridad; son su condición esencial. Por ello, ante los vacíos actuales, es imperativo trazar una hoja de ruta que convierta la seguridad y la dignidad humana en una política de Estado que trascienda el cortoplacismo.
Esta agenda debe empezar por fortalecer la respuesta del Estado frente a la trata de personas, la crisis humanitaria y la gestión migratoria. Para ello, es indispensable asignar recursos suficientes para la implementación efectiva de la Política Nacional frente a la Trata de Personas y sus Formas de Explotación al 2030. Además, la respuesta no puede limitarse a la captura de intermediarios ni a un enfoque exclusivamente policial de control de fronteras. Frente al avance de mega bandas transnacionales, como el Tren de Aragua, que explota la vulnerabilidad de las personas migrantes, el Estado debe reorientar su estrategia y transitar hacia una gestión migratoria integral que ordene los flujos de manera eficiente y garantice procesos de regularización con enfoque de derechos.
Al mismo tiempo las políticas para prevenir la violencia de género contra las mujeres, la niñez y la adolescencia deben responder a las nuevas dinámicas de la violencia, que hoy se extienden con fuerza a los entornos digitales. En contextos donde el 84% de las víctimas atendidas por los Centros Emergencia Mujer durante 2025 fueron mujeres y persisten las altas tasas de embarazo adolescente, así como la explotación sexual de niñas, niños y adolescentes (ESNNA), urge que el Estado fortalezca la respuesta estatal frente a estas formas de violencia estructural. También es necesario que el Ejecutivo reglamente la Ley 31664, de modo que los Comités Distritales de Seguridad Ciudadana (CODISEC) incorporen de manera obligatoria la lucha contra la ESNNA en línea dentro de sus prioridades. Estas medidas deben complementarse con el fortalecimiento de la educación sexual integral y el acceso oportuno a servicios de salud sexual y reproductiva, así como políticas de Estado orientadas a garantizar una vida libre de violencia.
Para combatir la extorsión y el sicariato, que hoy impactan a emprendedores y transportistas, la respuesta no puede limitarse al endurecimiento de las penas. Es indispensable impedir que las organizaciones criminales sigan operando desde los penales. Para ello, se debe trabajar en la modernización de los sistemas de control de ingreso, tercerizando los servicios e implementando tecnología biométrica de punta a fin de cortar las comunicaciones de las mafias y el ingreso de bienes ilícitos.
Frente al avance de los préstamos extorsivos bajo la modalidad del «gota a gota», es necesario revisar los topes a las tasas de interés del sector financiero formal impuestos por la Ley 31143, los cuales han excluido del crédito al 40% de la población adulta, favoreciendo su desplazamiento a las redes de la criminalidad organizada. Esta criminalidad también se nutre de la minería ilegal, donde la militarización en estados de emergencia no basta si no es que hay un control riguroso de la cadena de valor. Esto incluye garantizar la trazabilidad del oro para evitar su blanqueo en el circuito formal, rediseñar estructuralmente el sistema de formalización minera (REINFO) que hoy genera incentivos perversos, y promover alternativas económicas formales y sostenibles en los territorios dominados por estas economías ilícitas.
Pero, ninguna de estas reformas técnicas e integrales será sostenible si no se frena y revierte las denominadas «leyes procrimen» aprobadas por el Congreso. Entre estas normas tenemos aquellas que generan riesgos para la impunidad, como la Ley N° 32107, que promueve la absolución de responsabilidad penal para delitos de lesa humanidad. También están presentes aquellas normas que modifican el sistema de justicia, como la Ley N° 32138, que limitó los allanamientos y la definición de las organizaciones criminales, y la Ley N° 31990, que dificultó el proceso para la colaboración eficaz.
El éxito de esta agenda requiere, de manera transversal, reformas institucionales orientadas a fortalecer la autonomía y la independencia de organismos clave como el Tribunal Constitucional, la Junta Nacional de Justicia, el Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo. Instituciones sólidas y confiables son una condición indispensable para garantizar el Estado de derecho, la lucha contra la corrupción y una respuesta eficaz frente al crimen organizado. Asimismo, es necesario fortalecer la democracia y la participación ciudadana mediante el fortalecimiento del sistema de partidos políticos y de los mecanismos de transparencia e integridad pública. Además, el país también debe avanzar hacia una democracia más paritaria e intercultural que de voz a los sectores históricamente más olvidados.
El desafío para el nuevo gobierno es muy grande y la voluntad política se demostrará con decisiones concretas desde los primeros cien días de gestión. La agenda en derechos humanos exige entender que los delitos contra la dignidad humana no se resuelven únicamente con militares en las calles o la construcción de megapenales. Es necesario fortalecer la prevención, proteger y reparar integralmente a las víctimas, mejorar las capacidades de investigación e inteligencia, desarticular las economías ilícitas que sostienen al crimen organizado y consolidar instituciones capaces de garantizar justicia y protección efectiva para la ciudadanía.
Desde Capital Humano y Social Alternativo, asumimos el compromiso de seguir investigando, proponiendo y vigilando el cumplimiento de estas prioridades, contribuyendo al debate público con evidencia con el propósito de que las nuevas autoridades coloquen la dignidad y los derechos de las personas en el centro de la acción del Estado.
REFERENCIAS
- Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN). (2025). Plan Estratégico de Desarrollo Nacional Perú al 2050.
- Capital Humano y Social, BCP (2026). Observatorio del Crimen y la Violencia. Propuestas contra la inseguridad ciudadana.
- Capital Humano y Social, BCP (2026). Observatorio del Crimen y la Violencia. Sexto reporte, junio 2026.
- Capital Humano y Social Alternativo (2026). X Informe Alternativo: Balance de la Política Nacional frente a la trata de personas.
- Fuerza Popular. (2026). Perú con Orden: Plan de Gobierno 2026-2031.
- Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. (2024). Política Nacional Multisectorial de Derechos Humanos al 2040.
- Ministerio del Interior. (2021). La Política Nacional frente a la Trata de Personas y sus formas de explotación al 2030.
- Ministerio del Interior. (2022). Política Nacional Multisectorial de Seguridad Ciudadana al 2030.
- Ricardo Valdés, Andrea Querol. (2025). La criminalidad organizada y su impacto transnacional en la ESNNA en Perú.
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