Según el Registro Nacional de Información de Personas Desaparecidas, en el año 2022 se reportaron en el Perú 18,882 denuncias de desaparecidos; de ese total, el 61% fueron niñas, adolescentes o mujeres.

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Luz Medina Gonzales es secretaria nacional de la CONAMOVIDI, en esta entrevista nos comparte cómo desde las organizaciones de base y con la articulación entre mujeres se puede hacer frente a un delito que vulnera y somete a cientos de personas.

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CHS Alternativo, a través del proyecto Compromiso contra el Trabajo Forzoso, estableció una alianza con la Unidad de Investigación del diario La República, dirigida por Ángel Páez, con el fin de buscar información y generar evidencia de este delito.

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Ángel Páez es fundador y jefe de la Unidad de Investigación del diario La República. En esta entrevista nos comenta los principales hallazgos de una serie de investigaciones sobre trabajo forzoso, que contó con la asesoría y apoyo de CHS Alternativo.

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En el Perú, la población migrante es voluminosa. Según la Superintendencia Nacional de Migraciones[3], hay 1 millón 347 mil 893 extranjeros viviendo en el país.

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Eliana Revollar Añaños es defensora del Pueblo encargada. Abogada y magíster en protección de los Derechos Humanos. Trabaja desde 1997 en la Defensoría del Pueblo, donde desde el 2017 fue adjunta para los Derechos de la Mujer.

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Este año 2022, nuevas evidencias han demostrado la fragilidad social que existe frente a la explotación humana; la muestra de ello es la pasividad con que las personas enfrentamos nuestra propia situación y la de los demás.

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En el Perú, la normalización de trabajos en condiciones deplorables y abusivas es más frecuente de lo que pensamos. La historia de Juan es un ejemplo de ello. Fue captado a los 17 años para trabajar en un taller de costura de Gamarra, pero laboraba sin descanso, con jornadas de más de 10 horas diarias, cobrando solo 150 soles mensuales y sin ningún beneficio ni alimentación.

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Matilde Cobeña es adjunta para la Niñez y Adolescencia de la Defensoría del Pueblo. Abogada, con estudios en Maestría en Derecho Constitucional y pos título en Derechos Fundamentales. Desde 1998 se ha desempeñado como docente en la Pontificia Universidad Católica del Perú y desde el 2007 ha sido comisionada de la Adjuntía en Asuntos Constitucionales y, posteriormente, de la Adjuntía para la Niñez y Adolescencia de la Defensoría del Pueblo.

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El COVID-19 impuso al mundo grandes desafíos. Ante el riesgo sanitario, las medidas implementadas concentraron los esfuerzos de contención de esta enfermedad en cuarentenas estrictas, distanciamiento social y, a nivel presupuestal, el redireccionamiento de los recursos para atender la urgencia de la vacunación. Todos grandes esfuerzos con orientación a frenar el avance del virus.

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