Entrevista a Norma Ruiz, integrante del programa nacional contra la violencia familiar y sexual, de Maynas-Loreto, que tiene como función diseñar y ejecutar a nivel nacional acciones y políticas de atención, prevención y apoyo a las personas involucradas en hechos de violencia familiar y sexual, contribuyendo así a mejorar la calidad de vida de la población.

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La fiscal superior Rosario López Wong es la coordinadora de la Unidad Central de Asistencia a Víctimas y Testigos, un programa del Ministerio Público que se encarga de garantizar la integridad de todas aquellas personas que se encuentran inmersas en un proceso judicial por algún tipo de delito.

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En un céntrico lugar de Cajamarca se levanta el enorme cartel de una campaña nacional contra la trata de personas y las falsas ofertas de empleo. Su lema reza: «Ningún trabajo vale más que tu libertad». Muchos ciudadanos, movidos por la curiosidad, empiezan a marcar los números de asistencia que figuran en el anuncio.

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Especialista en gestión de proyectos relacionados con la ciudadanía, salud y medio ambiente, Marcela Rabanal Pajares es la coordinadora de programas sociales del Instituto de Investigación, Capacitación y Promoción «Jorge Basadre» (IINCAP) de Cajamarca. En la entrevista explica cómo la minería formal, una industria tan productiva y de bonanza para la región, termina fomentando indirectamente la trata de personas.

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Actualmente coordinadora de proyecto de CHS Alternativo-Iquitos, abogada y becaria de la Fundación Carolina, Erika Valera Seijas ha trabajado en el Programa de Asistencia a Víctimas y Testigos del Ministerio Público, en la Oficina de Control de la Magistratura de Lima.

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Obstetriz y abogada de profesión, Yda Luz Velásquez Villanueva es la representante de la Coordinadora de Derechos Humanos de Arequipa (CODHA), la organización miembro de la red Mirada Ciudadana en esa región. Velásquez Villanueva, integrante de la Mesa de Trabajo Multisectorial e Interinstitucional Contra la Trata de Personas, explica en esta entrevista la delicada situación de Arequipa ahora que, paradójicamente, cuenta con más recursos gracias a la actividad minera.

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Un documento de 81 páginas sobre cómo enfrentar el delito de la trata a nivel de todo un país debería ser la culminación de varios años de esfuerzo para visibilizar el delito. Nos referimos al Plan Nacional de Acción Contra la Trata de Personas 2011-1016 (PNAT), una estrategia del nuevo gobierno que ha sido, en materia de derechos humanos, lo más resaltante y valorable de este año que finaliza.

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Coincidimos con el viceministro Otárola cuando afirma que el Plan Nacional de Acción Contra la Trata (PNAT) es un producto del consenso entre la sociedad civil y el Estado y, por supuesto, saludamos que el gobierno del presidente Ollanta Humala haya mostrado voluntad política para implementarlo.

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